El sentido de esta columna es sentar posición ante las posturas de la asesora general tutelar de la ciudad vertidas en la edición de ayer de Página/12 y aclarar conceptos de la nota que acompaña la misma, que según entendemos no refleja nuestro pensamiento.

Las asociaciones civiles sin fines de lucro, de sentido comunitario, con clara incidencia de protagonismo en actividades sociales de promoción de derechos y de protección de la infancia en riesgo, conformados en la Red de Hogares de la CABA, que nuclea a diferentes instituciones heterogéneas, nos encontramos hondamente preocupadas, dolidas y agraviadas por lo expresado.

En nuestra tarea cotidiana nos abocamos a la labor de acompañar a bebés, niños, jóvenes y sus familias en la restitución de sus derechos. Trabajamos como sujetos libres, con criterio de organización social, no como empresas privadas. En forma asociada con el Estado. En este contexto, lo público no es necesariamente estatal, aunque estamos a favor de un Estado activo protagónico, que genere dirección y desarrollo de las políticas públicas hacia la infancia en riesgo.

Este tipo de prácticas como las que llevamos a cabo desde nuestras asociaciones intenta aplicar paradigmas presentes en la Ley 26061. Hemos surgido como alternativa a una de las manifestaciones más perniciosas del patronato, que era la macroinstitucionalización. Somos gente preocupada y ocupada por el padecimiento de los bebés, niños, niñas y adolescentes y sus familias, a las cuales las políticas públicas de las diversas gestiones gubernamentales no han dado aún respuestas.

Saludamos la preocupación de la AGT de producir estadísticas sobre la actividad del sector, sobre las dificultades que aparecen en la labor cotidiana. Nos preocupan las conclusiones unilaterales generalizadoras y la falta de alternativas.

En ningún escrito ni dicho de la Asesoría se revela la importante cantidad de niños víctimas de abuso, maltrato, abandono o huérfanos, que mayoritariamente conviven en nuestros hogares, como tampoco cita a los niños y jóvenes con un alto consumo de sustancias, trastornos de conducta o en conflicto con la ley penal. Los hogares no generamos las condiciones sociales que provocan la vulneración de derechos, ni las condiciones que victimizan a la infancia. Se insiste con la institucionalización de la pobreza, ignorando los puntos citados anteriormente, que afecta en mayor medida que la carencia económica en sí. La mayor patología con la cual lidiamos cotidianamente se podría resumir en abandono y desamor, y esto no respeta clases sociales. Los acontecimientos sociales diversos producidos desde la década del ’90 hasta nuestros días produjeron un deterioro subjetivo, junto con la incapacidad de grupos de adultos de sostener a sus familias en la construcción cotidiana, así como el aumento de enfermedades diversas, tanto en los niños como en los adultos de referencia.

La pobreza institucionalizada tal como se nos presenta sólo es una manifestación, como el estigma social del que no tiene. Esta creencia tiene un sesgo ideológico profundamente conservador, que rememora tanto al patronato como a las primeras críticas que, tras la Convención Internacional de los Derechos del Niño, formulábamos al mismo. Básicamente por no poder ver ni discernir entre las causas y consecuencias, por no entender los procesos sociales y la profunda ruptura de los lazos sociales y de los modelos familiares que se han dado en los últimos veinte años.

Se nos acusa livianamente de ser empresas camufladas en fines sociales. Para nada es tarea de empresas comerciales formar subjetividad, volver a tejer sobre lo que se rompió en la red social después de los males padecidos. Revertir esto excede lo que puede realizar una institución o las instituciones en su conjunto.

Sería oportuno mencionar que somos organizaciones de puertas abiertas, en oposición a la idea de instituciones cerradas, donde no se internan sino que se alojan niños y jóvenes, con el espíritu de fortalecerlos para trabajar la revinculación familiar. Aun así sabemos que funciona como estigma para cualquier sujeto el paso por instituciones y propiciamos estrategias alternativas. Asumimos el compromiso como ciudadanos de gestionar una mejor situación de país.

La Ley 2881, que debe comenzar a regir a partir de hoy, es un avance en relación con las viejas disposiciones en materia de abordaje a la niñez en riesgo, por lo tanto la apoyamos en su contenido fundamental. Sólo pedimos que se revean los aspectos imposibles de cumplir, vinculados con el Código de Edificación y Habilitación de la CABA.

Si cerramos los hogares, propuesta que subyace en todas las presentaciones realizadas por la AGT, ¿mejoraría la situación de nuestros niños y jóvenes? Nos preocupa que no se debata cómo implementar, solventar y sostener la Ley de Acogimiento Familiar, dentro de las alternativas que se proponen.

No nos engañemos: lo que deberíamos estar discutiendo no es sólo el rol de los hogares, es la situación de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, vinculados con el modelo de país y a las posibilidades ciertas de lograr aplicar las leyes de protección integral (leyes 26.061 y 114), que supimos conseguir tras luchas y tensiones de las que no somos ajenos.

Si hay algo que hace patética y nefasta a la práctica política es el uso de los ciudadanos como herramientas de la disputa. Cuando se trata de niños o sectores vulnerados, se hace más patético. Por lo tanto, se trata de que desde los ámbitos ejecutivos, legislativos y de la sociedad civil encontremos la mejor forma de debatir en profundidad para dar respuesta en políticas públicas concretas a los dilemas que confrontan la actualidad con las leyes de Protección Integral de Derechos.

* Asociación Civil La Casona de los Barriletes, en representación de la Red de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires.