La comisaría 9ª de Mar del Plata fue allanada debido a que se constató que desde sus teléfonos habrían realizado llamadas telefónicas al domicilio del fiscal Pablo Poggetto, quien recibió amenazas telefónicas. Poggetto, titular de la fiscalía de Delitos Económicos, investiga supuestas irregularidades en la contratación del servicio de seguridad policial para espectáculos deportivos que se realizaron en esta ciudad durante el verano pasado.
En esa causa están imputados el ex jefe departamental, comisario mayor Carmelo Impari, y el ex segundo jefe, comisario inspector Mario Herrera, además de otros policías de menor jerarquía.
El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, había denunciado ante la prensa, hace algunos meses, una campaña de hostigamiento contra Poggetto, lo que dio lugar a una investigación que lleva adelante el fiscal Marcos Pagella. Esa pesquisa determinó que se habrían realizado llamadas telefónicas desde la seccional novena a la casa de Poggetto, por lo que allanó la comisaría, donde se secuestró el libro de guardia y otros elementos que permitan determinar qué personal se hallaba en la dependencia cuando se realizaron esos llamados.
Fuentes judiciales aclararon que por el momento no está acreditado que esas llamadas hayan sido hechas para amenazar al fiscal o a sus familiares y que también se están investigando otros números telefónicos desde donde se constataron llamados a la casa de Poggetto.
Por otra parte, la Justicia marplatense resolvió que los ex jefes policiales acusados por la presunta estafa en el famoso partido entre Boca y River deberán ser registrados en la base de datos de la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP) de los tribunales.
Esta decisión fue adoptada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mar del Plata al rechazar un recurso interpuesto por los abogados de Impari y Herrera, que se negaron a ser sometidos al “fichado” de la OTIP. Es que en esa oficina se registran las huellas dactilares, las fotografías y demás datos de los detenidos, imputados y procesados que pasan por los tribunales marplatenses y toda esa información es volcada luego al registro de reincidencias.
Impari y Herrera eran dos de las más altas autoridades que quedaron involucradas en el caso por “estafa, incumplimiento de deberes de funcionario público y adulteración agravada de documento público”, por las diversas irregularidades detectadas en el pago de adicionales por el operativo de seguridad para el partido disputado el 26 de enero último y que concluyó con serios incidentes entre hinchas. El fiscal comprobó que algo más de 300 policías habían participado del operativo, pero la empresa tuvo que pagar por 600.
El fiscal Poggetto había ordenado que se realizara el habitual “fichaje” de los jefes policiales cuando prestaron declaración, pero ambos se negaron y apelaron el pedido ante el juez de Garantías, Marcelo Medina, quien lo rechazó, por lo que recurrieron a la cámara, sin mucha suerte. Ahora tendrán que pasar a tocar el pianito, como cualquier acusado común.