“Son las mujeres muy pobres de los países más pobres las que son persuadidas de llevar drogas en su cuerpo con la ilusión de que podrán brindar educación completa a sus hijos. Tenemos que pensar en los efectos de penalizar ciertas drogas. La penalización empeora los problemas. En general son mujeres que han sufrido previamente violencia de otros”, advirtió la reconocida jurista inglesa Vivien Stern, al pronunciarse a favor de despenalizar el transporte de pequeñas cantidades de drogas, para evitar que las prisiones estén repletas de mujeres acusadas de ser “mulitas” y de reformular las unidades penitenciarias femeninas. “El encierro de las mujeres muestra en un microcosmos las violencias y la discriminación que experimentan las mujeres en la sociedad”, consideró la investigadora del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del King’s College de Londres. Lo dijo en Buenos Aires, en el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por el Ministerio Público de la Defensa, donde fue oradora en un panel sobre “Violencia contra las mujeres privadas de libertad”, junto con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes y directora de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Sonderéguer, y la coordinadora del proyecto Legados del Terrorismo de Estado del CELS, Valeria Barbuto.

Stern fue elegida para formar parte del Senado inglés en 1999 y desde entonces lleva el título de baronesa que, aclaró rápidamente, no tiene ninguna relación con la aristocracia: lo lleva por haber pertenecido a la Casa de los Lores. La jurista se refirió a la situación de las mujeres encarceladas. “Quienes hablan de la violencia contra las mujeres a veces se olvidan de las mujeres que están en prisión, porque representan un grupo olvidado, triste, que recibe un trato injusto. Siempre son una minoría muy pequeña”, apuntó. La mayor parte de las veces, describió, están presas porque mataron al marido que les pegaba, o porque robaron por pobreza o porque tenían que alimentar a sus hijos, por problemas psiquiátricos, por ejercer la prostitución, o porque llevaban pequeñas cantidades de drogas.

En las cárceles federales de la Argentina, a partir de la década del 90 se produjo un “incremento sostenido” del número de mujeres presas y la “expansión” como consecuencia de la aplicación de la legislación penal para reprimir el narcotráfico, confirmó en el mismo panel la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. De 298 detenidas en 1990 se pasó a 1105 en 2006, la mayoría acusadas por infracción a la ley de drogas y contrabando de estupefacientes, precisó. Como en otros países, las mujeres presas en la Argentina representan una minoría entre el total de reclusos: son 805 contra 8588 varones, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, indicó la defensora General. Martínez y Stern coincidieron en que las cárceles están pensadas para encerrar varones y no mujeres y no contemplan la situación de las que son madres y tienen hijos pequeños a cargo. “El primer gran cambio que hay que hacer es dejar de tratar a mujeres y varones bajo las mismas reglas”, consideró la baronesa. También consideró que “hay una gran injusticia en el proceso judicial que condena a una mujer”. En general, dijo, hay menos violencia en las cárceles femeninas, pero las detenidas sufren violencia que proviene del sistema judicial, que las manda a prisión donde las tratan tan mal. Stern cuestionó las requisas penitenciarias dentro del cuerpo de las mujeres, en las que las obligan a sacarse toda la ropa. “Es parte del proceso para recordarles que están en prisión, no porque se vaya a encontrar algo que no pueden tener en prisión”, observó.

Stern dijo que hay algunos buenos ejemplos de otros sistemas carcelarios para mujeres. Y elogió una experiencia en Australia, donde las internas viven en cabañas, en un predio, que cuenta con un restaurante donde aprenden a trabajar, y con biblioteca y un centro de salud, que son administrados por el mismo personal que atiende una biblioteca y un centro de salud fuera de la unidad penitenciaria, en la ciudad. “Las mujeres no son sometidas a requisas donde las desnudan, pero no está resuelto el tema de fondo: casi todas las mujeres en prisión son pobres, pertenecen a minorías étnicas, o tienen problemas psiquiátricos y no reciben atención adecuada o son madres y son enviadas a prisión sin considerar el impacto que esa situación tiene sobre sus hijos.”