En su regreso a Buenos Aires, las reuniones en el Senado acerca de la ley de modificación del matrimonio civil abundaron en momentos intensos. No sólo los jueces y juezas porteños que permitieron matrimonios entre parejas del mismo sexo fundamentaron sus fallos y reafirmaron la competencia de sus fueros ante el juez y la jueza nacionales que anularon esas resoluciones, sino que además ese juez y esa jueza buscaron justificar sus intervenciones. No sólo la mañana rezumó tono confesional, autoritario y hasta por momentos ofuscado. Pasó algo más. En una de las frases más curiosas de la jornada, Liliana Teresita Negre de Alonso, presidenta de la Comisión de Legislación General, declaró que en el Senado “no va a ser como en Diputados: dos reuniones, chau, votemos”.

Dinosaurios

La reunión venía demorada. A las diez de la mañana, un hombre de Dios, a una silla de distancia de donde se encontraba este diario, rezaba Biblia en mano en la sala Illia del Senado. A su lado, una habitué de las reuniones marcaba el ritmo con un “amén” de tanto en tanto, mientras a unos metros Alberto Solanet sostenía que “la única iglesia siempre perseguida acá fue la católica” y que “el año pasado nadie hablaba de esto” (por el proyecto de ley). Una hora después, Negre entraba en la sala, comentando que “ayer (por el lunes) terminamos a las 12 de la noche en Salta”, porque los oradores habían sido 180.

A la demora siguió el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi:. “La ley argentina no prohíbe el matrimonio en virtud de la orientación sexual de las personas”, afirmó, aunque “el amor no constituye circunstancias determinantes para el matrimonio”, por lo que gays y lesbianas pueden casarse con cualquier persona mientras sea del sexo contrario. Y es que “una cosa es respetar las diferencias (...) y otra es favorecer legislativamente determinadas inclinaciones que nada aportan al bien común”.

A su turno, el ex presidente de la asociación confesional de abogados, el videlista Alberto Solanet, afirmaba que “el homosexual en cuanto persona humana merece los mismos derechos y está sujeto a idénticas obligaciones que cualquier ciudadano argentino”. Sin embargo, esas premisas no le ahorraron de decir que “las relaciones homosexuales son desordenadas”, porque, “como se consigna en el Génesis, Dios los creó varón y mujer”. Con ánimo belicoso, sembró sospechas: “Esto no es casualidad. De convertirse en ley, será la herramienta para perseguir a cualquier persona que sostenga el orden natural. ¿Qué podrán enseñar los padres en sus casas, los religiosos en sus púlpitos para sostener la verdad y no contrariar al Inadi de turno?”. “A mí me podrían poner preso en este momento por decir todas las cosas que digo”, bramó. La mañana de la reacción se completó con los abogados Claudio Grosso (que se refirió a “homonomio”), Francisco Roggero (que insistió con presuntas estadísticas sobre la inestabilidad afectiva, promiscuidad y abusos sexuales entre no heterosexuales) y Miguel Haslop (quien llegó a citar la Convención de no Discriminación a la Mujer para justificar la oposición al proyecto). Roggero está vinculado con la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió el cierre de la muestra de León Ferrari en 2004. La jueza que hizo lugar a ese pedido estuvo presente en la tarde.

Turno tarde

A partir de los fallos autorizando matrimonios entre personas del mismo sexo “se ha desatado una ola de homofobia muy fuerte, han pasado cosas que no suceden habitualmente en el mundo del derecho”, reflexionó la jueza porteña Gabriela Seijas en la primera exposición de la tarde. Poco antes había demolido el argumento del orden natural (“como si los no heterosexuales fueran marcianos, estuvieran fuera de la naturaleza”) y la protección estatal a un único tipo de familia (debe “proteger a todas, no solamente a las que le gustan a la mayoría”), porque “no estamos diciendo acá si es bueno o es malo que haya determinados modelos de familia”, sino que “hay familias que no acceden a derechos que tienen otras familias”.

Con la jueza Martha Gómez Alsina y el juez Félix de Igarzábal –los dos magistrados que anularon fallos que permitían el casamiento gay– en primera fila, Seijas explicó que “nunca antes hubo noticia de que un juez, con una medida de nulidad, suspenda una sentencia firme (...), eso es gravísimo, es violencia, represión y es acompañado de medidas de tipo sancionatorias”, como la que imponía una multa de 1000 pesos por cada día que uno de esos matrimonios no entregara su libreta roja. Gómez Alsina, a su turno, intentó explicar su fallo, criticó la decisión de Mauricio Macri y agregó: “¿Nuestra sociedad está preparada para esto?”.

El también juez porteño Guillermo Schleiber demolió el proyecto de unión civil presentado por la senadora Adriana Bortolozzi. “Recuerda demasiado instituciones” como las del apartheid: prevé “para algunos una figura jurídica, para otros una figura jurídica clase B”, además de defender la pertinencia de la carga religiosa en una institución del Estado laico. “Queda flotando la sospecha de que (el proyecto de Bortolozzi) hace como que da algo que en realidad no da”, que son “protecciones concretas” para “familias (que) existen”.