Fue breve el período Gaimaro Pozzi en el caso Bonnefoi, apenas tres días. Breve, pero señero. El martes, el juez alcanzó a declarar el secreto de sumario de una causa que de tan pública amenazaba con trastrocar las costumbres de la balanza judicial barilochense. Y ayer pidió apartarse con el argumento de sentir vulnerado su honor por una publicación, un diario porteño del que no citó el nombre, que lo menoscabó ubicándolo en el seno de “la corporación judicial” que apartó a Lozada. Pero, antes de apartarse, citó a nueva indagatoria al cabo por ahora detenido Sergio Colombil. Colombil ahora sí aceptó declarar, lejos de Lozada, de los medios, de la turbamulta del Alto, de los familiares de las víctimas y de la neurosis actual de los tribunales, en el cruce de Las Américas y Argentina de la monona Dina Huapi, donde se asienta la subcomisaría 69ª, a 16,5 kilómetros del despacho de Gaimaro Pozzi. Como en casa y con delivery judicial. La versión de la declaración es curiosa y responsabiliza principalmente al Estado, a la cartuchera defectuosa comprada con su propio pecunio y a la buena puntería de la mala suerte. Según esa versión, que hizo una conveniente gambeta al secreto de sumario, el cabo tuvo que perseguir al chico con el arma en la mano, tropezó, cayó el arma y, en un efecto de drop, rebotó en el suelo y disparó impactándole en la nuca.

La decisión de Pozzi fue anticipada a los medios por Marcelo Ganuza, el abogado de Colombil, aun antes de que la oficina de prensa judicial lo comunicara oficialmente. Según esa versión, luego confirmada por los tribunales, Gaimaro Pozzi argumentó sentirse afectado por la publicación realizada un día antes por un diario nacional en la que se lo mencionaba como integrante de la “corporación judicial” que apartó al juez Lozada. Consternado, Pozzi se autoapartó y trasladó el caso al siguiente juez de la lista, Ricardo Calcagno. Trascendidos de los tribunales ya deslizaban que la postura de Calcagno sería también excusarse, quizás en una medida anticipatoria a la presión de los medios. En ese caso, aclaró la misma fuente judicial, dirimiría la Cámara Segunda, la misma que apartó a Lozada.

Pero antes de apartarse, como se dijo, Pozzi citó a declarar a Colombil. “Es sorprendente, inaudito”, dijo a este diario el abogado de la APDH, Rubén Morigo –que representa a los familiares de Sergio Cárdenas, una de las dos víctimas de la represión policial del jueves 17 de junio–, refiriéndose a que antes de sentirse moralmente presionado por los medios, el juez tomó declaración al policía.

La citación consistió en un estudiado operativo birlibirloque montado por Pozzi para proteger al cabo. Citado primero en su despacho, convocó la atención de las multitudes enfervorizadas y, entretanto, modificó sitio y derrotero, salió de su despacho y eligió dirigirse donde, presumiblemente, se encontraba oculto Colombil: la subcomisaría 69ª de Dina Huapi, a 16,5 kilómetros del centro de Bariloche.

Allí, en la subcomisaría, Gaimaro Pozzi preguntó al cabo si quería declarar, que a esa altura ya era obvio, y entonces dilucidar qué había acontecido aquella noche aciaga. Al término de la declaración, fue Ganuza quien anticipó el apartamiento del juez a los medios y, entre dimes y diretes, fuentes de la misma defensa eludieron brevemente el secreto de sumario para describir algunos detalles de la declaración. Según esa versión, Colombil y sus colegas perseguían a unos jóvenes que llevaban objetos robados. Siempre con la misma versión de la defensa, el cabo corría con el bastón en una mano y en la otra la pistola, ya que su cartuchera –aclaró que fue comprada por él porque el Estado no se la provee– tenía roto el abrojo del velcro que la cierra, para evitar que se le cayera. Y corriendo se le disparó. También, aclaró, que la llevaba en la recámara y sin el seguro porque había participado en un procedimiento anterior y le había quedado así. Y dio la mala suerte, habría dicho, que corriendo se le disparó. Un tiro accidental.

El día no terminó allí. Antes, el gobernador rionegrino de la UCR, Miguel Sáiz, dio una conferencia en Bariloche. El encuentro fue muy tensionado, con mucha policía y muy nerviosa, que terminó golpeando a los periodistas. Sáiz sostuvo que “no habrá renuncias si la Justicia no determina que hubo responsabilidad”. La Mesa Directiva de la APDH local expresó en un duro comunicado su apoyo a la abogada Marina Schifrin y a los trabajadores de la radio FM GentedeRadio, que en los últimos días recibieron amenazas. Y la diputada provincial Beatriz Contreras anunció que presentará una denuncia contra el abogado Ganuza ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Bariloche por el “carácter descalificador y amenazante” de sus declaraciones a la investidura del juez Lozada. Hoy, posiblemente, Martín Lozada asuma la instrucción de la otra causa, la que investiga las muertes de Cárdenas y Carrasco, con perdigones de plomo durante la represión.

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