Como Josef K., el personaje de El proceso de Franz Kafka, Claudio Paz cayó en los brazos del engranaje del sistema penal del Estado que lo abraza desde hace quince meses, más que como custodia, como la succión de un pantano. Pero, a diferencia de Josef K, Claudio Paz no tiene proceso. Tampoco, aunque lleva detenido 15 meses, tiene orden de prisión preventiva. Para colmo, la Justicia rechazó su excarcelación sin haber formalizado su detención. Más allá de los imprevistos cotidianos que le depare la supervivencia carcelaria (fue apaleado por guardias y violado por otro interno), Paz fue saltando de jurisdicción y de geografía sin explicación hasta el momento, de la provincial (Santiago del Estero) a la federal en Marcos Paz, a 1100 kilómetros de distancia, pasando por la cárcel de Resistencia, Chaco, y pagando los peajes con su cuerpo. El viernes pasado, la Procuración Penitenciaria y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentaron el enésimo hábeas corpus ante el Juzgado 3 Federal de Morón. El juez Juan Pablo Salas dio un paso al costado por considerar que el responsable judicial más cercano a los avatares de Claudio Paz se encuentra a más de un millar de kilómetros y de feria. La Cámara de San Martín será su próxima estación.

Paz, viene a cuento decirlo, es un testigo molesto. Estaba preso (luego fue liberado) en la Cárcel de Santiago del Estero, el 5 de noviembre de 2007, cuando se incendió un pabellón en el que murieron 33 internos. El 22 de abril de abril de 2009, según el sumario de los uniformados, habían recibido el llamado de un vecino que denunciaba a dos sujetos que, montados en un ciclomotor, fotografiaban chicos con un celular. En ese mismo relato un patrullero se aproximó a los dos sujetos, que resultarían ser Claudio Paz y J. A. Uno de ellos (Paz, según los uniformados) sacó un arma, pero el patrullero, en una “hábil y oportuna maniobra”, logró hacerlos rodar por tierra. Hasta allí, el sumario, en el que se mencionaba que habían sido detenidos por disposición del juez de Instrucción de Cuarta Nominación, pese a que la orden no figura en el expediente y se trató de una detención infraganti.

Ocho días después, y dos por encima del límite permitido, el juez les tomó indagatoria, que fue ampliada el 6 de mayo. Los defensores de ambos, Leticia Suárez por Paz, y Javier Barrera Nicholson por A., plantearon la nulidad. La fiscal del caso citó a los testigos presentados por la policía, quienes afirmaron haber visto la detención pero no vieron ningún arma, y sostuvieron que los uniformados intervinientes no se correspondían con el listado presentado por la policía. Dos meses después de la detención, la fiscal pidió que ante la nulidad de las pruebas sea cerrado el caso. “Téngase presente”, respondió el juez y siguió adelante.

Según señaló el abogado Alberto Volpi, de la Procuración, “el artículo 258 del Código Procesal Penal de la provincia establece un plazo de seis días para determinar el procesamiento o la excarcelación obligatoria. Pero en Santiago la costumbre es que el procesamiento lo elevan cuando se eleva a cámara el pedido de juicio oral, para hacer todo junto. Parten de la base de que los policías son funcionarios públicos y, como tales, honestos”.

El 18 de mayo el juez subrogante Gustavo Herrera rechazó un pedido de excarcelación de Paz, pese a que previamente, al menos para mantener las formas, debía haber ordenado su detención.

En la comisaría en la que se encontraba detenido, Paz pasó por algunas peripecias. “Allí –cita el escrito de los abogados de la PP–, dos agentes de la policía local le proveyeron un uniforme policial y ciertas libertades en el marco de su detención a cambio de que Paz saliese vestido de policía a detener vehículos en la vía pública exigiendo ‘contribuciones’ que luego debía rendir a los dos policías mencionados”. Hubo un desacuerdo con un tercer policía y Paz dejó el uniforme y recibió algunos puntapiés. Los golpes derivaron en un hábeas presentado por la abogada Suárez que circuló por Santiago buscando un juez que lo aceptara. Finalmente, el juez de Primera Nominación Darío Alarcón dispuso que fuera pasado a jurisdicción federal: la más próxima es la Unidad 35, a 30 kilómetros de la ciudad. El traslado estuvo a cargo del Getoar, el Grupo Especial Táctico de Operaciones de Alto Riesgo, donde Alto Riesgo vendría a ser Paz. A lo largo de los 30 kilómetros, Paz fue ablandado a palazos, lesiones que se constataron antes de ingresar al penal. Además, Paz ingresó al sistema federal como procesado aunque jamás lo estuvo (aún hoy carece de esa orden judicial).

En la 35, según consta brevemente en el escrito, “Paz fue víctima de una extorsión de parte de dos funcionarios federales que intentaron reclutarlo para ejercer un acto violento contra otro detenido”. De la 35 pasó a la 7, también federal pero en Resistencia, Chaco, a 415 kilómetros. En febrero de este año, en la enfermería de la Unidad 7, Paz fue atacado y violado, después de presentar otro hábeas corpus por malos tratos. De la 7 fue enviado a Ezeiza, donde la requisa lo dejó maltrecho. Presentó un hábeas corpus ante el juzgado federal 2 de Lomas Zamora, pero allí lo “persuadieron” de que no tenía sentido. Al regresar encontró su celda “con el piso húmedo y con olor a orín, le habían quitado el colchón y la celda estaba a oscuras”. De allí lo trasladaron a Marcos Paz donde, después del rechazo de su último hábeas corpus, aguarda por quien provea algo de justicia.

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