“Créase el Seguro de Salud Materno-Infantil”: la medida, que forma parte del decreto de emergencia sanitaria nacional emitido ayer, es una de las apuestas más fuertes de los últimos años en salud pública: su puesta en marcha permitiría que cada niño menor de 6 años y cada mujer en edad reproductiva dispongan de un carnet personal que les asegurará el derecho a la asistencia y los medicamentos; el sistema será implementado por una red de efectores públicos y privados con financiación y control de calidad por el Estado. El decreto de ayer consolida también la vigencia del Plan Remediar, destinado a garantizar la provisión de medicamentos en todos los centros de atención primaria del país. Los resultados que obtengan estos programas se inscriben desde ya en dos cuestiones reconocidas como centrales en el drama de la salud pública argentina: por una parte, consolidar un sistema de salud que, en lugar de concentrarse en centros de alta complejidad, se fortalezca en salas barriales bien provistas de insumos, profesionales y agentes sanitarios que incidan en las comunidades; por otra, articular los fondos y las políticas nacionales con las de cada provincia. El decreto “ómnibus” de ayer también prorrogó el plazo durante el cual las instalaciones de las obras sociales endeudadas no pueden ser embargadas por los acreedores y extendió la vigencia del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE).
El decreto, que lleva el número 2724/02, prorroga hasta el 10 de diciembre de 2003 la Emergencia Sanitaria Nacional que había establecido el decreto 486 del 12 de marzo de 2002: aquél tuvo por objeto “paliar el impacto inicial de la crisis, garantizando el acceso a los servicios básicos”; su prórroga obedece, según los considerandos del decreto, a “obtener soluciones más estructurales” y “priorizar la atención primaria”.
El artículo 3 crea el Seguro de Salud Materno-Infantil, que dará “cobertura médico-asistencial y de prestaciones sociales en forma integral y universal para la mujer embarazada y los niños de hasta cinco años” y, para las mujeres en edad fértil, “cubrirá las acciones referidas a la salud sexual y reproductiva” (acceso a planificación familiar y provisión de anticonceptivos, de acuerdo con la reciente Ley de Salud Reproductiva).
Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, explicó que “cada mujer y niño dentro del Seguro dispondrá de un carnet de identificación, lo cual, por lo demás, apunta a sostener para todos ellos un concepto de inclusión ciudadana; ese carnet permitirá acceder a las prestaciones que brindarán instituciones públicas y privadas, las cuales a su vez deberán organizarse en redes. Cada mujer elegirá, para ella y su niño, una red de atención que será responsable, no sólo de atenderlos si enferman sino de monitorear su salud para que no enfermen: se pagará a las redes para que mantengan sana a la población de la que sean responsables, por ejemplo enviando agentes sanitarios a los domicilios”.
“Las cláusulas de pago tendrán parámetros sobre los procedimientos a seguir: por ejemplo, el prestador no cobrará si la mujer no efectuó un número mínimo de consultas durante el embarazo –precisó el ministro–. Y se pagará según resultados: se medirán, por ejemplo, las tasas de mortalidad materna para cada red.”
“El financiador y el que brinda el servicio estarán claramente separados para controlar bien la calidad de la prestación”, afirmó González García. La financiación estará a cargo del Estado nacional y las provincias que se adhieran, y hay tratativas avanzadas con el Banco Mundial.
El decreto también fija la continuidad del Plan Remediar, que se propone garantizar en los 6 mil centros de atención primaria del país una canasta de 48 medicamentos esenciales. “El objetivo no es sólo asegurar el acceso de la población a los medicamentos sino recomponer la red de atención primaria: cuando la gente no encuentra remedios en la salita de su barrio, termina yendo al gran hospital, que así se satura, y además consulta cuando la enfermedad ya está avanzada”, destacó el ministro. Según los datos oficiales, las cajas de medicamentos del programa llegan ya al 40 por ciento de los centros de atención primaria del país.
El decreto –elaborado en el marco del Consejo Coordinador de Políticas Sociales del gabinete nacional– da continuidad también al Comité de Crisis del Ministerio de Salud, que incluye a entidades médicas, universidades, la CGT y la Iglesia.
El decreto de emergencia, además, prorroga la suspensión de los embargos contra las obras sociales, “cuya deuda, si bien no aumentó este año, se mantiene en 1300 millones, y la del PAMI en más de 2000”, según Ginés García. Se mantiene también el Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), de prestaciones básicas que deben cumplir obras sociales y prepagas.