Un comité de la ONU exhortó ayer al Congreso a que “revise la legislación que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres”. Además, instó al Gobierno a garantizar la aplicación en todo el país de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, recién actualizada por el Ministerio de Salud, y a promover la implementación en todas las provincias de legislación y recursos financieros para que la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, que acaba de ser reglamentada, “pueda tener efecto real”. Los tres temas son considerados prioritarios por el organismo, al punto de que señala al Estado argentino que debe mostrar avances concretos en los próximos dos años.

Las recomendaciones fueron hechas por el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), como respuesta al informe oficial que presentó una delegación del Gobierno, el 13 de julio, ante las expertas del órgano, en Nueva York, para dar cuenta de los avances desde 2004 en la aplicación del tratado. La comitiva nacional estuvo encabezada por la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Lidia Mondelo. La Cedaw es la convención internacional más importante de derechos humanos dirigida específicamente a proteger a las mujeres. Fue aprobada por Naciones Unidas en 1979, ratificada por Argentina en 1985 y tiene jerarquía constitucional desde 1994.

En sus “observaciones finales” al Estado argentino –difundidas ayer–, el comité de la Cedaw reconoció avances, como la Asignación Universal por Hijo como política de transferencia de recursos para paliar la pobreza y la ampliación del número de mujeres con acceso a una jubilación, pero también expresó “preocupación”, entre otros temas, por la situación de las mujeres privadas de libertad y de las indígenas, los casos de violencia doméstica y acoso sexual, y las altas tasas de embarazo adolescente y de mortalidad materna, un tercio de la cual es causada por el aborto inseguro. También manifestó “preocupación” por la “desigualdad en las condiciones de trabajo de las mujeres”, por la concentración femenina en los empleos peor pagos, por la brecha salarial con respecto a los varones en iguales puestos tanto en el sector público como en el privado y por la falta de guarderías accesibles para que las mujeres puedan “equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares”. Por otra parte, el comité destacó los “esfuerzos” del país para enjuiciar a los autores de crímenes de lesa humanidad, pero lamentó, no obstante, “que la violencia sexual cometida contra las mujeres en los centros clandestinos durante la última dictadura no haya sido castigada”.

Pero el comité puso especial énfasis en los obstáculos que persisten en relación con la salud sexual y reproductiva. Puntualmente, en el párrafo 38 de las “observaciones finales”, urge al Estado “a que asegure el acceso de las mujeres y adolescentes a los servicios de salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y garantice que la educación sobre salud sexual reproductiva se implemente en todas las escuelas de todos los niveles. También reclama que el Estado revise la legislación existente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. Debe también asegurar que “la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles se aplique en todo el país, de manera uniforme, para que haya igual y efectivo acceso a los servicios de salud para interrumpir los embarazos”.

El otro tema prioritario para el comité es la implementación de la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres en todo el país y expresa “preocupación” porque “no ha habido asignación suficiente de recursos financieros” para ponerla en marcha. En ese sentido, señala que debe fortalecerse el Consejo Nacional de las Mujeres, a cargo de la promoción de políticas de género en el Estado, “dotándolo de suficientes recursos presupuestarios y humanos con el fin de hacerlo más eficaz, visible y con mayor capacidad e influir en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas”. También recomienda que la capacitación “en género” sea “obligatoria” para los docentes de todos los niveles y que se implementen campañas de difusión para “concientizar a las mujeres de sus derechos humanos”.