Lo intentó, pero el gobierno porteño no podrá ser querellante en la causa que investiga el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza ocurrido el 9 de agosto. La decisión de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, que trascendió a pesar del secreto de sumario, deja en pie la hipótesis de que el gobierno o alguno de sus funcionarios podría resultar imputado en la causa. Como representante de la madre de Maximiliano Salgado, uno de los tres jóvenes muertos en el derrumbe, el abogado Fernando Burlando se congratuló por lo que podría significar la novedad. “Más que una equivocación, lo que había hecho el gobierno era algo premeditado e incorrecto. No está bien que se dediquen a pensar en estrategias para posicionarse mejor, en lugar de colaborar con la investigación y asumir posibles responsabilidades”, declaró a este diario. Hasta ahora, el ingeniero civil Guillermo Heyaca Varela es el único imputado por las muertes.

Además, aunque la jueza rechazó el pedido de exención de prisión presentado por los abogados de Heyaca Varela, la Cámara decidió concederlo, al revocar la decisión de la magistrada de primera instancia. Hasta última hora de ayer, Heyaca Varela era el único imputado (lo es por presunto homicidio culposo), y aún Fontbona de Pombo no había resuelto si aceptaría como querellante a la madre del joven Salgado.

La presentación que el Gobierno de la Ciudad había realizado ante Fontbona de Pombo apenas iniciada la causa se condijo con las acusaciones realizadas por funcionarios porteños mientras transcurrían las tareas de rescate entre los escombros del derrumbe. En una conferencia de prensa realizada a pocas horas de que una obra en proceso provocara el desmoronamiento del gimnasio, el propio Mauricio Macri señaló, en conferencia de prensa, a Heyaca Varela como responsable de lo sucedido. El derrumbe, sostuvo el jefe de Gobierno, se había producido por errores de la obra, no por falencias de la administración. “Los controles funcionaron”, aseguró.

La presentación que había realizado el gobierno porteño fue calificada de “desatino” por Burlando. En lugar de procurar convertirse en querellantes contra Heyaca Varela, dijo en diálogo con este diario, “deberían preocuparse por tomar medidas más certeras en contra de los funcionarios responsables, que omitieron los controles”. “Más allá del desatino de la presentación, o de pretender posicionarse como querellantes cuando no lo son (desde el gobierno de la ciudad, con esa acción), potencian a la parte, a imponerle más rigor y más fuerza en la busca de aquellos responsables que ocupan un sitial tan delicado como para decidir si una persona debe o no correr peligro” en situaciones que podrían evitar el riesgo. No se trata, agregó, “solamente de un funcionario (que omitió hacer un control), sino también de quién puso en funciones a esa persona. Es tan incapaz el funcionario como el que lo designa”.

Fuentes judiciales aseguraron a este diario que el rechazo a la pretensión del Gobierno de la Ciudad sucedió la semana pasada, aunque recién trascendió ayer. “Está informado el incidente”, explicaron, por lo que el gobierno ya estaría preparando la apelación para reclamar nuevamente ante la Sala V de la Cámara. Esa misma sala ya intervino en esta causa. La jueza Fontbona de Pombo había denegado el pedido de exención de prisión de Heyaca Varela; la semana pasada, la Cámara revocó esa decisión y concedió el pedido. Por el momento, no está descartada la posibilidad de que la causa involucre a más responsables. “Podría suceder”, aseguraron fuentes cercanas a la investigación.

Poco después de haber asegurado que “los controles funcionaron”, el jefe de Gobierno porteño desvinculó de su gestión al titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) –virtual jefe de los inspectores de la Ciudad–, Raúl Oscar Ríos. Sin embargo, voceros oficiales aclararon que no se debió a una eventual responsabilidad política en el derrumbe, sino porque, durante las tareas de rescate de las víctimas, Ríos participó de reuniones en el club Boca Juniors para tratar la contratación de Juan Román Riquelme.