Vecinos e integrantes de comunidades indígenas agrupados en el Movimiento en Defensa de la Pacha presentaron hace unos días, acompañados por abogados del CELS, un escrito ante la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) pidiendo información sobre la situación actual de las tierras que ese organismo estatal vendió a la empresa inmobiliaria Eidicor y sobre las que se asienta el sitio arqueológico de Punta Canal. “Los vecinos empezaron a participar del proceso, piden información acerca de la licitación y la venta de esas tierras”, en las que se encuentra un terraplén ferroviario de principio de siglo XX, que antiguamente unía las localidades de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, y Dique Luján, en Tigre, explicó a Página/12, Diego Morales, abogado del CELS. En el escrito, los vecinos preguntan si se ha realizado la escrituración de esos casi cuatro kilómetros de vías férreas, o si la empresa Eidico tiene sólo el boleto de compra-venta.

Al final de esos cuatro kilómetros se asienta Punta Canal y los vecinos buscan preservar ese sitio. Pero además en el escrito se detalla la importancia social de esas tierras y se exponen los efectos socioambientales de la construcción de la compañía, como por ejemplo el “arrebato de caminos tradicionales”, la ampliación de un canal y el relleno de terrenos. “Los vecinos tienen cosas para decir, tienen argumentos para plantear acerca del uso social que se les daba a esas tierras. Estas situaciones exigen que se garantice la participación de la comunidad porque eran terrenos del Estado”, manifestó Morales. En relación con lo que aporta este escrito, Morales indicó que la respuesta de ADIF “les va a dar información a los vecinos para saber dónde reclamar a partir de acá y, por otra parte, les permite adquirir visibilidad e intervenir en la cuestión”.