El inspector porteño baleado por el dueño de un geriátrico durante una inspección, el martes último, en el barrio de Almagro, se encuentra en estado reservado, mientras que su compañera, también herida en el mismo episodio, está fuera de peligro. Los dos inspectores de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), habían concurrido al geriátrico para ratificar la clausura impuesta el domingo, tras detectar la existencia de suciedad y cucarachas en la cocina del establecimiento. Después del episodio, muchos internados fueron retirados del lugar por sus familiares. Según denunció ayer el legislador porteño Marcelo Parrilli (MST Nueva Izquierda), los dos inspectores trabajaban en condiciones de “precariedad laboral: uno tiene un contrato transitorio y aún no fue pasado a planta permanente y su compañera está empleada bajo la forma de locación de servicios”.

La agresión a los inspectores Pablo Segade y Estela Mansilla ocurrió el martes alrededor de las 21, en la Residencia Geriátrica Suiza, ubicada en Gascón 711. “Es un procedimiento habitual, cuando hay una clausura, que los inspectores concurran entre 24 y 48 horas después para constatar si la medida se cumple –explicó a Página/12 un vocero de la AGC—. Pero no los dejaron ingresar. Entonces fueron a pedir asistencia a la comisaría 9ª y pudieron entrar con un agente. Los atendió una empleada y cuando pidieron los libros apareció el dueño, sacó un revólver y disparó contra ellos”, relató el vocero.

El geriátrico había sido clausurado el domingo, después de que una inspección, realizada a partir de una denuncia, detectó la presencia de suciedad y cucarachas en la cocina del establecimiento. Tampoco estaba en regla el libro de ingresos y egresos. En la institución –que se encontraba correctamente habilitada, según aclararon desde la AGC– había alojadas alrededor de 30 personas (el organismo de control no precisó la cantidad de internados). Como es habitual, la clausura por esta causa no obliga a evacuar el lugar, sino que le impide a la residencia ingresar nuevos internos.

“El único que tiene atribución para levantar la clausura es el controlador de faltas, después de ordenar una nueva inspección para constatar que la infracción ha cesado”, explicó la fuente de la AGC.

De acuerdo con el parte médico difundido ayer, el inspector Pablo Segade, de 37 años, recibió dos balazos, uno en el tórax y el otro en el abdomen. La primera herida le afectó un lóbulo pulmonar y la aurícula y el ventrículo derecho. Fue operado en el Hospital Durand y quedó internado en terapia intensiva. Tuvo que ser intervenido nuevamente al detectarse sangre en la cavidad abdominal. Su pronóstico es reservado. Su compañera, Estela Mansilla, de 29 años, sufrió una herida en una mano. También fue atendida en el Durand, pero le dieron el alta.

El dueño del geriátrico fue detenido por agentes de la comisaría 9ª. El hombre –cuya identidad no se dio a conocer– se resistió, pero finalmente se entregó, después de que se hizo presente un abogado.

Las fuentes consultadas por este diario en la Agencia Gubernamental de Control admitieron que la inspectora Mansilla trabajaba bajo la modalidad de contrato de locación, desde hace tres años, pero aseguraron que Segade se desempeña desde hace ocho años en la institución y “es personal de planta”.

Sin embargo, el diputado Parrilli sostuvo que Segade “es un contratado transitorio que debió haber pasado a planta según lo prometido a principios de este año por el gobierno de Mauricio Macri, pero todavía sigue en la misma situación”, en tanto que Mansilla “ni siquiera tiene cobertura de ART”. “Si bien el ataque es imprevisible –agregó–, Macri y Javier Ibáñez (el titular de la AGC) son los responsables políticos de esta situación vergonzosa, agravada por la no idoneidad de los jefes de los inspectores: Higiene y Seguridad Alimentaria está dirigida por un chef y un abogado ex militar.”