La Justicia porteña confirmó un fallo que obliga a la empresa Cliba –una de las contratistas del servicio de limpieza y recolección de residuos– a contratar personas con discapacidad hasta cubrir el cupo del 5 por ciento de su personal, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y una ley reglamentaria. La obligación, de acuerdo con la legislación porteña, rige tanto para el Estado local como para las empresas concesionarias de servicios públicos. La demanda, promovida por la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo (UP) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), fue iniciada a fines de 2007 y tomó a Cliba como empresa testigo para graficar el incumplimiento de la ley: en tres años, sobre un total de 4700 personas inscriptas en un registro de aspirantes, fueron contratadas apenas treinta, todas por parte del Estado porteño. El fallo condena a Cliba y al Gobierno de la Ciudad, que debe garantizar el cumplimiento de la norma.

La Constitución de la Ciudad, en su artículo 43, establece que todo contrato de concesión de servicios debe asegurar un cupo laboral del 5 por ciento para personas con discapacidad. La ley 1502, sancionada en 2004, le da al Estado y a los concesionarios un plazo de cinco años para cumplir con esa exigencia. Cuando el período se cumplió, el año pasado, el macrismo intentó prorrogarlo por otros cinco años, pero sólo logró extenderlo hasta diciembre de este año. Nada se avanzó en este lapso y todo indica que la situación seguiría igual con nuevas prórrogas. De ahí la importancia del reciente fallo judicial.

“Desde la Red nos manifestaron su preocupación por el incumplimiento de la ley. Hicimos pedidos de información pública al Gobierno de la Ciudad y a empresas prestadoras de servicios públicos y detectamos que Cliba, sobre un total de 1285 empleados, tenía una sola persona con discapacidad. Nos pareció un caso emblemático”, explicó a Página/12 Ezequiel Nino, abogado, docente e integrante de la Clínica Jurídica de la UP.

La demanda –una acción de amparo colectiva– se presentó a fines de 2007. El 8 de abril de 2009, la jueza Andrea Danas le ordenó a la empresa que “en el plazo de 60 días adopte las medidas concretas y efectivas tendientes a cubrir el cupo exigido” por la ley. La empresa apeló, argumentando que no puede emplear personas con discapacidad para tareas de recolección de residuos o barrido. Los demandantes replicaron que los aspirantes podían ser incorporados a tareas administrativas u otras. Finalmente, el 3 de septiembre último, la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo confirmó.

“El fallo no pide que la empresa incorpore gente que no necesite ni que despida a empleados para contratar personas con discapacidad. Sólo exige que elabore un plan de incorporaciones de personal que contemple esta exigencia”, comentó Facundo Chávez Penillas, integrante de REDI.

La ley 1502 establece que los empleadores deben consultar el Registro Laboral de la Comisión para la Plena Inclusión y Participación de Personas con Discapacidad (Copidis) que, con rango de secretaría, depende de la vicejefatura de Gobierno. Allí están registrados los 4700 aspirantes.

La Copidis fue elevada de rango durante la gestión Pro. Sin embargo, los resultados no fueron mucho mejores. “Ellos hacen promoción de inclusión en empresas privadas, pero no apuntan a las empresas concesionarias de la ciudad, que son las que deben cumplir con la ley, y de esa manera desaprovechan esa herramienta”, evaluó Chávez Penillas. El Estado tampoco está en regla: según la Subsecretaría de Recursos Humanos, solo el 1,4 por ciento de su planta son personas con discapacidad.

La Clínica Jurídica de la UP ya impulsó una acción colectiva en favor de la contratación de mujeres por parte de la heladería Freddo, que sólo empleaba a varones. “Hoy, en esa empresa un 40 por ciento del personal es femenino”, relató Nino.