Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.

“Sin bosque no hay agua. Y con la ley 9814 el bosque nativo corre peligro”, remarca la convocatoria de las organizaciones sociales que se movilizarán hoy ante el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y la Legislatura, a los que junto a la Mesa de Enlace responsabilizan por la sanción de la ley. Además de la anulación de la ley se reclama la aprobación de la norma consensuada por la Cotbn. “A Córdoba sólo le queda el cuatro por ciento del bosque que tuvo a principios del siglo XX; el resto ha sido desmontado”, resaltan.

La ley nacional 26.331 “de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos” es el piso al que debían adecuarse las provincias mediante la realización de un catastro que determine categorías según colores: rojo (que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). Recién un año después de la norma nacional la Secretaría de Ambiente provincial convocó a la conformación del espacio encargado de proponer y consensuar la ley: Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por tres universidades nacionales, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto –opuesto al original– y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto. Desde la Cotbn denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional. Mientras la Cotbn establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles.

La norma aprobada reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debiera proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil.

Desde el propio gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, que estuvo encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).

La última semana, y en una votación por unanimidad del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió solicitar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El rector de la UNRC, Oscar Spada, remarcó que en el estatuto de la casa de estudios se insta a “propender en todos los espacios académicos a la defensa y protección del ambiente. Por lo cual el pedido de inconstitucionalidad es una decisión correcta y un posicionamiento que la Universidad debe hacer”.

El integrante del Consejo Superior de la UNRC Pablo Wehbe acusó a la Legislatura de “aprobar entre gallos y medianoche una ley que terminará con el escaso bosque que queda en Córdoba, al punto tal de que deja abierta la posibilidad de que en zonas de alta conservación se prenda fuego, se cambie de categoría y luego se siembre soja”. Afirmó que la ley provincial “contradice” la legislación nacional, responsabilizó al gobierno provincial de ser “portavoz de los sectores ruralistas” y recordó que fue público el acuerdo entre funcionarios y la Mesa de Enlace para aprobar la cuestionada norma.

Entre los fundamentos de inconstitucionalidad destacan que no se respetó el proceso participativo que exige la legislación; que la ley provincial no protege los bosques sino que legisla sobre el aprovechamiento productivo del monte nativo; que habilita el desmonte en la categoría de máxima conservación, y no es clara en las tres categorías (roja, amarilla y verde); además, eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento (como obliga la ley nacional); no se consideran mecanismos de participación social a futuro; reduce la protección de bordes de ríos y arroyos; reduce al mínimo las multas por infracción y posibilita el desarrollo minero en zonas boscosas.

El director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Girón, consideró que “no corresponde” recurrir directamente a la Corte “obviando las instancias judiciales de la provincia” y señaló que la ley 9814 no contradice la norma nacional.

En la misma sintonía que la UNRC, la Universidad Nacional de Córdoba creó una comisión especial para estudiar la ley y que expida un informe técnico. El 27 de agosto le fue entregado a la rectora, Carolina Scotto, un análisis detallado, donde se da cuenta de las falencias de la norma y las consecuencias ambientales y sociales que conlleva. La UNC emitió la resolución 923 haciendo suyo todo lo dicho en el informe, cuestionó la ley 9814, señaló la inconstitucionalidad de la misma y elevó el documento a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de Nación para que accionen en la Justicia. El informe que aprobó la UNC reconoce el efecto próximo de la ley 9814: avance de la soja y la ganadería sobre el monte nativo.