Música, videos, relatos de experiencias vecinales, canciones y estandartes de protestas acompañaron la “caravana verde” que recorrió ayer las calles de Caballito para denunciar “la desmedida construcción de edificios en torre”, que se replica en otros barrios. La caravana comenzó pasadas las 18 en la esquina de Pujol y Gaona y se extendió con distintas paradas hasta Avellaneda al 1300, donde se realizó una asamblea barrial para explicar cuál es el estado de situación sobre la problemática medioambiental del barrio y las medidas adoptadas para enfrentarla. Durante todo el trayecto fue repetido el reclamo que dice “basta de edificios y de torres”. Los vecinos denuncian que el Gobierno de la Ciudad no cumple la ley 2722, que limitó hace más de dos años la altura de las construcciones a 13,5 metros, es decir a un máximo de cuatro pisos. “Hemos descubierto que en los últimos meses hay seis obras que están construyendo edificios por fuera de lo que estipula la ley”, aseveró a Página/12 Gustavo Desplats, de la organización vecinal Protocomuna Caballito. También reclaman la creación de un espacio verde en los terrenos de la playa de cargas de la estación ferroviaria.

Distintas consignas reflejaban el reclamo: “Basta de torres”, “Caballito colapsa”, “Basta de bloques de cemento” y “100 % Parque” eran algunas. La protesta buscaba difundir de una forma artística algunos problemas que afectan al barrio. Uno de ellos es el no cumplimiento de la ley 2722, que pone límites a la altura en las construcciones en 80 manzanas de Caballito. “Está en vigencia, pero en los últimos tres o cuatro meses aparecieron obras con permisos de hace más de dos años”, es decir de antes de que se aprobara la norma y que no se sujetan a ella, explicó Desplats.

“Algunas de esas obras estaban paralizadas desde hace tiempo, pero ahora se retomaron y los carteles de obra anuncian que van a construir nueve pisos, amparados en la legislación anterior. El Código de Planeamiento Urbano establece que el gobierno tiene la potestad de revocar el permiso otorgado si la obra está paralizada durante más de seis meses”, explicó Desplats. También indicó que la habilitación vencida puede ser renovada, pero que debe ajustarse a la legislación vigente y no edificar sin tener en cuenta las norma actuales.

Otro de los ejes del reclamo se refiere al incremento desmedido de las edificaciones, “que apareja inconvenientes en la calidad de vida de los vecinos: no hubo inversión en infraestructura para la provisión de agua y cloacas. El decreto 220/07 establecía que AySA debía llevar a cabo esas obras en los barrios de Villa Urquiza, Palermo, Coghlan, Villa Pueyrredón y Caballito para cubrir las necesidades inmediatas de los vecinos, pero no se cumplió”, se quejaron los vecinos. Mientras tanto, las edificaciones crecen, al igual que la población en esos barrios.

Los vecinos presentaron dos pedidos de informes, en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados, y un recurso de amparo ante la Justicia por el incumplimiento de las obras hídricas, explicó. “No se pueden habilitar más construcciones si estas obras no se llevan adelante. Esto afecta la calidad de vida de los vecinos actuales y los venideros”, concluyó Desplats.