El Senado aprobó dos proyectos que apuntan a reducir la inseguridad. Se trata de la ley de control de armas de fuego y la ley de desarmaderos, la primera votada por el Grupo A y la segunda casi por unanimidad (61 a favor, uno en contra). Ambas iniciativas pasarán ahora a la Cámara de Diputados. “Estamos dando un aporte desde el Congreso frente a la ola delictiva”, aseguró el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales. El titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se manifestó en contra de la ley de armas de fuego por considerarla ambigua y, en cambio, reclamó la desaparición de los desarmaderos de autos, actividad calificada como “ilegal”.

El quórum de ayer se logró sin conflicto, ya que todos los sectores habían acordado en la reunión de Labor Parlamentaria bajar al recinto. El consenso se produjo luego de que la oposición retirara del orden del día la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, ya aprobada por Diputados. En ese contexto, a las 14.40 los senadores comenzaron a debatir los dos proyectos de forma conjunta que habían quedado pendientes del debate sobre salideras bancarias. La primera en hablar fue la senadora del Peronismo Federal Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Justicia y autora de la nueva regulación de las armas de fuego.

La senadora salteña sostuvo que el proyecto que modifica el marco legal de la tenencia y portación de armas de fuego no está “a favor del prohibicionismo, porque lo que hace es aumentar el mercado ilegal”. “Esta ley exige dos certificados, que son los de la aptitud física y la aptitud psíquica. También se incluye el requisito de idoneidad, lo exigimos con rango de ley”, aseguró la senadora. Según la legisladora no se busca desarmar a los “legítimos usuarios” de armas, ya que no se agrega ningún requisito nuevo, sino que en este caso las personas ahora deberán manifestar en forma previa cuál es el fin para el que usarán el arma, como puede ser práctica de tiro o caza, y así saber si el arma que se compra es la adecuada para la actividad.

Desde el oficialismo el senador Fabio Biancalani, titular de la Comisión de Seguridad Interior, adelantó el rechazo a la iniciativa, igual que lo hizo luego Pichetto. Entre otros cuestionamientos, el jefe del FpV consideró “exacerbados” los requisitos para la tenencia de armas y consideró “ambigua” la redacción de algunos artículos de la nueva ley. Además, fuentes del Senado manifestaron que desde el Poder Ejecutivo rechazan modificaciones que esta ley implicaría en el Registro Nacional de Armas (Renar), integrado por fabricantes y vendedores de armas. El radical jujeño Gerardo Morales rescató que la iniciativa de la salteña constituya una Comisión Nacional de Armas y un Consejo Consultivo, con aporte de la sociedad civil y control parlamentario. Finalmente, la iniciativa contó con 35 votos a favor y 27 en contra, por lo que pasará a la Cámara baja.

Luego se planteó el problema de los desarmaderos de autos, proyecto originado en un texto de Pichetto, que contó con el respaldo de todos los bloques políticos, salvo por la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro. La legisladora acató una decisión adoptada en reunión de bloque por la fuerza que lidera Elisa Carrió, anticipando la postura en contra de su bancada en Diputados.

“Más temprano que tarde la Argentina va a tener que cerrar esta actividad”, sentenció Pichetto, quien calificó como “ilegal” la actividad de los desarmaderos. El rionegrino argumentó que el desguace de autos para la posterior venta de repuestos usados “tiene una relación directa con el robo de automotores” y que ese robo “se caracteriza por la muerte de la víctima”. “Estamos haciendo un avance”, concluyó Pichetto, quien cargó contra los dirigentes de las compañías de seguros que se manifestaron en contra de esta medida en las reuniones de comisión. Las empresas de seguros argumentaron que les venden a los desarmaderos los autos siniestrados para que sean convertidos luego en repuestos y así recuperan parte del dinero. “Atentan contra nuestra inteligencia”, criticó.

Morales coincidió con el senador kirchnerista en que se debe llegar a la prohibición definitiva de los desarmaderos. “La ley actual no se cumple operativamente”, aseguró el jujeño, quien destacó que “habría que profundizar en una legislación complementaria para la fabricación de autopartes”. Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad para reglamentar los requisitos que las autoridades locales deberán establecer para la habilitación de un taller o comercio relacionado con las autopartes. Igual que con la ley de armas, habrá que esperar la palabra de la Cámara baja.