La segunda reunión del Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD) mostró ayer el primer fruto del intercambio de sectores políticos y organizaciones sociales para frenar el avance de las respuestas represivas ante el fenómeno de la “inseguridad”. La reunión fue en el Congreso, adonde se enviará esta semana, como informó Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un proyecto de ley que crea el Observatorio Nacional del Delito. “Buscamos que sea una fuente de información confiable que supla los déficit actuales de estadísticas y eche luz sobre las causas, dejando atrás el impresionismo y los estados de alarma que generan ciertos medios de comunicación que no asumen ninguna responsabilidad al tratar el tema de la violencia”, dijo Verbitsky.

El autor de este anteproyecto es León Arslanian, ex ministro de Justicia bonaerense, quien recabó los distintos aportes recibidos desde el primer encuentro del ASD, el 29 de diciembre de 2009 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, el mismo lugar que se utilizó ayer. El Observatorio será descentralizado y autárquico, dependerá del Ministerio de Justicia y compendiará estadísticas públicas y privadas de todo el país. Estos datos serán analizados y servirán para diagnósticos posteriores de los que emergerán propuestas para solucionar la violencia, en todas sus formas.

“Es un tema demasiado serio como para que quede exclusivamente en manos de la policía, la Justicia o el Servicio Penitenciario; el conjunto de la sociedad debe hacerse cargo”, advirtió Verbitsky. Durante la presentación, el periodista agradeció el apoyo de los distintos bloques políticos en medio de “la polarización política” actual y el uso electoralista que se le da a la inseguridad. “El Observatorio es un instrumento permanente, más allá de quién gobierne, sirve para superar el secretismo estatal que rodea a la información y suple la histeria que rodea a estos temas”, observó.

Para trazar un estado de la cuestión estadística, la investigadora del CELS Luciana Pol expuso un trabajo que realizó junto a su colega Micaela Bazzano. “Hicimos esta investigación en el marco del debate por la Ley de Acceso a la Información, de otros proyectos de desclasificación de documentos y en medio a las críticas al Indec, por la pérdida de solidez y neutralidad”, comentó Pol. Ambas solicitaron entrevistas y datos a la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), la Morgue Judicial, el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), el Ministerio de Salud de la Nación, la Policía Federal y la Bonaerense.

“En el caso del DNPC, el sitio web fue levantado en 2007, sin explicación alguna, y reabierto en 2009 con muchos menos datos y muy desactualizado. Este vacío de información en un área tan sensible empeora si se tiene en cuenta que estos datos tampoco se cruzan con otros indicadores sociales, por ejemplo, lo que serviría para diseñar políticas públicas”, explicó Pol. En el caso del RNR, su sitio web dejó de brindar estadísticas en febrero del 2009 y señala que esa información debe buscarse en el DNPC. “La policía no tiene una política de acceso a la información y existe un subregistro sobre la violencia institucional, que al quedar en manos de los propios oficiales, suele quedar invisibilizada”, agregó.

El Ministerio de Salud de la Nación, según la investigadora, no distingue en el caso de los abortos si fueron espontáneos o inducidos y muchas veces tampoco figuran las muertes violentas. “Los pacientes ingresan, agonizan un tiempo y no se registra en la causa de fallecimiento la razón primera por la que entraron al hospital”, detalló. En la Justicia, más allá de algunos intentos, “hay una ausencia de un sistema unificado de estadísticas a nivel nacional”, indicó Pol. Su conclusión: “Las estadísticas son rutinas burocráticas, dan cuenta del trabajo hecho y no generan datos para proponer soluciones, ni se publican a tiempo”.

Entre el público estaba el juez Martín Vázquez Acuña, la fiscal Mónica Cuñarro, actual coordinadora de la Comisión de Políticas Públicas sobre Drogas, el cineasta Enrique Piñeyro y una gran cantidad de diputados de distintas fuerzas políticas que adhieren a la iniciativa. Entre otros, la oficialista Diana Conti, el radical Ricardo Gil Lavedra, Felipe Solá del Peronismo Federal, Margarita Stolbizer del GEN, Fernanda Gil Lozano y Griselda Baldata en representación de la Coalición Cívica y Eduardo Macaluse de Proyecto Sur.

Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, fue el moderador y quien advirtió a los panelistas que comentaron la exposición de Luciana Pol que tenían solo siete minutos para opinar. El primero fue Alberto Binder, titular del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. “No veamos el Observatorio como una novedad, es la cristalización de una larga lucha que estamos dando por acceder a la información. Hoy hay un fenómeno que no es malo, pero es muy significativo: hay más información en las organizaciones de la sociedad civil que en el Estado”, aseguró Binder.

El siguiente orador, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, criticó “el ocultamiento” de cifras porque permite no asumir responsabilidad sobre el delito. “Aunque el diagnóstico no es la política de seguridad, permite gestionar áreas claves del Estado”, dijo. Además, el especialista remarcó que la falta de políticas públicas para prevenir el delito y bajar la conflictividad social tiene como víctima principal a las personas que viven en la pobreza. “Ellos padecen la regulación policial del delito y también la estigmatización de los medios, que los hacen aparecer como gente peligrosa”, advirtió Saín.

El cierre del panel, al que siguió otro con Arslanian detallando el proyecto del Observatorio, estuvo a cargo del secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich. “La violencia también es de género, racial, por condición social y clase”, aclaró. Luego emparentó esta iniciativa con la Ley de Acceso a la Información y la implementación del protocolo contra la tortura, y terminó con una frase que sirve de slogan: “El Observatorio del Delito y la Violencia es el observatorio de la Igualdad”.