Ya hubo al menos diez pedidos de detención e indagatoria, por parte de la Fiscalía Federal 2 de San Nicolás, contra encargados y directivos de las empresas que reducían a condiciones de semiesclavitud a los peones rurales en la provincia de Buenos Aires. Y todos esos pedidos fueron rechazados por el juez Carlos Villafuerte Ruzo y también por quien lo subroga hasta el próximo martes, Martín Alberto Martínez. A su vez, los abogados de las empresas Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production –el caso de la multinacional Nidera aún no llegó a la Justicia federal–, consiguieron la eximición de prisión para todos los sospechosos señalados por la fiscalía, excepto uno porque “la expectativa de la pena era muy alta”, comentó ayer una fuente judicial. Nadie quedó preso aún por someter a condiciones inhumanas en distintos campos a casi 500 jornaleros del norte argentino.

“Varias de las eximiciones de prisión las apelamos y vamos a seguir pidiendo medidas de pruebas, seguro. De todas formas, para nosotros hay pruebas suficientes para que sean indagados los directores y algunos encargados de los campos allanados, aunque en el juzgado creen lo contrario. Y esto no obedece a una ‘estrategia judicial’, como quien dice, como si los jueces quisieran tener más elementos antes de detener a alguien porque es gente defendida por grandes estudios de abogados. El Código Procesal Penal es el mismo para todos”, observó ayer una fuente de la fiscalía a cargo de los casos.

La negativa a detener de los jueces federales no es recurrible ante la Cámara Federal. Por ende, hasta que el magistrado no decida la vinculación de los sospechosos con el caso, la fiscalía no puede hacer reclamo alguno. “Pero igual podemos pedir nuevamente la detención y lo vamos a hacer”, dijeron anoche fuentes de la fiscalía de San Nicolás. Allí se mostraron sorprendidos por las negativas del juzgado a cargo y recordaron que el juez Villafuerte Ruzo estuvo en uno de los allanamientos, lo que lo dejaría “sin justificaciones razonables”.

“Es lo mismo que en un allanamiento por drogas, uno secuestre un cargamento grande y a la gente que está en el lugar no se la meta presa. Eso no suele pasar. Acá el juez vio el padecimiento de las personas sometidas a un trato semiesclavo”, insistieron ayer desde la fiscalía federal a cargo de Juan Patricio Murray. Aún quedan ciertas diligencias judiciales para conseguir más pruebas, agregaron, por lo que se intentará “dar vuelta la situación para acreditar la vinculación de los directivos”. A favor están los elementos secuestrados durante los allanamientos a las oficinas comerciales de las empresas implicadas, señalaron las fuentes. Tal como adelantó Página/12 la semana pasada, cuando la fiscalía a cargo pidió detener e indagar a cinco directivos, los investigadores que instruyeron los casos en las primeras instancias consideraron probada la trata de personas, en distintos dictámenes. Incluso uno de ellos, el fiscal Rubén Giagnorio, pidió que se analice un posible delito de lesa humanidad, ya que la esclavitud es una de las conductas tipificadas en el artículo 7 del Estatuto de Roma, donde se describen este tipo de delitos y se menciona “el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”.

Las acciones (o la falta de las mismas) por parte del juzgado ante las acusaciones a la plana directiva de Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production responden, en parte, al tiempo de las ferias judiciales. Pero sobre todo a un código interno, no escrito, que indica que cuando un funcionario judicial subroga a otro, éste no toma decisiones “fuertes”, excepto que sea absolutamente necesario. “Puede que acepten un allanamiento por la urgencia, pero una detención es distinta porque en este caso no hay peligro de fuga”, admitió una fuente judicial.

La causa que investiga a Nidera llegó el jueves pasado al Juzgado de Garantías 1 de San Nicolás, a cargo de la jueza Laura Vázquez. El pedido concreto de la fiscalía es que se eleve el caso a la Justicia federal porque los delitos de trata son federales. Sin embargo, la jueza, que había negado la orden de allanamiento pedida por el fiscalía de instrucción contra la multinacional, aún no resolvió inhibirse.

La fiscalía fue apartada de los casos, por lo que su papel se limita a proponer medidas, como ya lo viene haciendo. Algunas pruebas son determinantes, según consideró el fiscal de instrucción de San Nicolás, Giagnorio. “Por ejemplo, las pericias planimétricas que demuestran que en muchas casillas, los peones no tenían ni dos metros cuadrados para dormir. Hay que tener en cuenta que el mínimo dispuesto en el caso de los presos es de cuatro metros cuadrados”, señaló el fiscal.