Ayer siguieron sumando voces a la polémica sobre una ley penal de aplicación particular a adolescentes. El debate, a grandes rasgos, podría dividirse en un grupo que reclama a secas la baja de la edad de aplicación de la ley penal de 16 a 14 años sin otra justificación por la modificación que el último adolescente detectado por el sistema penal, que tiene 15 años.

Básicamente manodurista, en el grupo se perfila De Narváez, quien volvió a reclamar que CFK convoque a sesiones extraordinarias para tratar en forma urgentísima una ley que poco resolverá si es apelada por la urgencia. Otro sector sostiene lo contrario, es decir, mantener la edad de aplicación como actualmente ocurre, en los 16, aunque ayer, después del discurso de CFK, fueron pocas las voces de este sector que volvieron a confrontar en el debate. Por otro lado, el senador Gerardo Morales, del radicalismo, salió a defender el proyecto de su autoría que cuenta con media sanción del Senado y que aguarda en Diputados ya con alguna modificación central, como la edad de aplicación en los 16. Más allá de todo, Lilita Carrió considera que los chicos “son la mano de obra barata del delito”, pero se muestra a favor de la baja de la edad, es decir, son víctimas pero hay que castigarlos.

En general, poco se manifiesta de conocimiento en profundidad sobre el proyecto mismo, qué significará su aplicación y qué producirá en caso de que se aplique sobre una edad o sobre otra.

Ayer, Gerardo Morales, presidente de la bancada radical en el Senado, salió a defender la media sanción del proyecto que ahora se encuentra en Diputados, modificado en la edad de aplicación pero manteniendo la misma base de fundamentaciones. En términos generales, se diferenció de sus congéneres ya que no apeló a la retórica de la “baja de la edad”, sino a la importancia de la generación de una ley de responsabilidad juvenil que diferencia claramente a la adolescencia de los adultos. No por los niveles de rigor de sus sanciones (que además son menores a las sanciones de adultos), sino desde una perspectiva opuesta, de protección a los propios sancionados, bajo el entendimiento de que por la edad, cometan lo que cometan lo hacen como víctimas de una situación en la que fueron arrojados por adultos. El proyecto votado en el Senado “no intenta reproducir el actual sistema con más acciones punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los sectores conservadores que sólo intentan insistir con actitudes represivas –sostuvo Morales–. Los chicos terminan siendo el pato de la boda de problemas de la sociedad adulta”. Y recordó “la escasa incidencia (0,6 por ciento) de los delitos contra la vida cometidos por adolescentes en el total de los delitos”.

En la misma brecha de la baja de la edad, pero con argumentos en el extremo opuesto, el diputado del PF, Francisco de Narváez, volvió a la carga con su reclamo a la Presidenta para que convoque a sesiones extraordinarias, lo que abriría el debate en el Parlamento antes de marzo. “La nuestra es una posición clara –aseguró De Narváez–: hay que bajar la edad de imputabilidad, siempre y cuando se complemente con políticas de contención de los jóvenes.” No aclaró cuáles serían ni en qué consistirían esas medidas de contención. A juzgar por el proyecto presentado por su bancada, la edad de aplicación será desde los 14 años, y como primera medida sancionatoria instala la “internación en institutos”, es decir, una copia de los rigores del Código Penal en chiquitito, un codiguito penal con una pena máxima de 9 años. Por un homicidio, un chico de 14 años podría quedar “internado” un año más de lo que puede quedar un adulto por el mismo delito. De las medidas de contención, ni un artículo.

Lejos de todos, Elisa “Lilita” Carrió, candidata presidencial de la Coalición Cívica, sostuvo que “el chico no roba el auto para él, lo roba para entregarlo al desarmadero. Creo en la responsabilidad, pero no en la prisión, salvo para delitos muy graves, como el homicidio”.

Inexplicablemente, luego de situarlos como víctimas admitió que: “Tienen que ir a juicio, tienen que tener un abogado defensor (ver aparte), tienen que ser responsables. Tienen que decir quién los manda”.

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