Página/12 En Colombia

El cielo aclaraba y los obreros, como todos los días antes de las siete, buscaban la luz del sol después de tres horas de oscuridad y sudor en el interior de la mina. Afuera, el desayuno echaba humo y otro grupo de mineros esperaba la señal para entrar a arrancarle carbón a la tierra de Norte de Santander, provincia colombiana fronteriza con Venezuela donde más de la mitad de sus ciudades se dedican a la minería. Los niveles de gas metano, sin que nadie sospechara, subían y subían y, entonces, la explosión. En la bocamina, cuatro hombres volaron por los cielos y se convirtieron en los primeros cuerpos sin vida recuperados. Anoche los cuerpos rescatados llegaban a 14. Otros siete mineros quedaban en el interior y todo indicaba que ninguno habría sobrevivido.

Mina La Preciosa. Sector San Roque. Municipio de Sardinata. 6.30 de la mañana. Catorce muertos. Cinco heridos. Siete mineros aún sin rescatar. Atmósfera de zozobra, le cuenta Mariza Fernández a Página/12 por un teléfono celular que ayer repicó como nunca. La mujer coordina el grupo de Trabajo Regional de Norte de Santander para el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). Cansada y con la esperanza de recuperar todos los cadáveres la noche del miércoles, Marisa informa que en las primeras exploraciones, el grupo de socorristas logró la ubicación de los mineros. “No hay sobrevivientes. Ya está determinado”, responde pausada explicando que por la fuerza de la explosión hasta los milagros son imposibles en La Preciosa. “Presumimos que se trató de gas metano, pero las investigaciones sobre la causa inician cuando los cadáveres estén en superficie.”

El Ingeominas es el encargado de otorgar las licencias de explotación minera y supervisar las condiciones de seguridad, bastante cuestionadas ahora, cuando una vez más decenas de obreros mueren en accidentes que según expertos pueden evitarse si la seguridad es apropiada. Sin embargo, la principal crítica a la minería colombiana actual es su acelerado crecimiento en los años del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe. De 2002 a 2009, se pasó de un millón de hectáreas concesionadas a la explotación minera a 8,5 millones.

En pequeñas y artesanales excavaciones como La Preciosa ocurren las peores tragedias. Allí mismo, 36 personas fallecieron en un accidente similar en 2007; y a unos pocos metros, en la mina San Roque, también hubo una explosión fatal con seis víctimas en octubre de 2010. Por eso Mariza Fernández visitó la zona a finales del año pasado. “Comprobamos las condiciones. Hoy ésta es una mina legal. La parte administrativa está al día”, aclara la funcionaria con el mismo convencimiento con que el ministro de Minas, Carlos Rodado, afirmó que en el país “las minas tienen un riguroso control y una vigilancia extrema por parte de Ingeominas”. Rodado también anunció que La Preciosa estará cerrada indefinidamente, lo que sumó más dolor a la comunidad de la Sardinata. Después de llorar y enterrar a sus muertos, los pobladores no tendrán dónde trabajar, de qué vivir, qué comer.

La pobreza, la guerra y el miedo que se viven en amplia parte del territorio colombiano son otras de las razones que complican la minería. Las FARC y los paramilitares ocupan con frecuencia áreas de explotación minera por las rentas económicas y con ellos llegan las masacres y el terror. También, las comunidades negras e indígenas en zonas nativas son afectadas por la minería de la guerrilla y los para, y, claro, por la legal. Muchas compañías presionan para que no sean consultados los lugareños y la protesta social es prácticamente impedida. A esto se suma que las leyes son poco claras sobre qué zonas se pueden explotar. El impacto ambiental es otro tema: los empresarios, no el gobierno o entidades ambientales, son los que determinan los efectos negativos de la explotación minera y ellos mismos diseñan el plan para mitigarlos.

Las licencias, sin embargo, se siguen entregando día a día en Ingeominas. A su director y al ministro de Minas, la parlamentaria Lucero Cortés citó ayer a debate “para que expliquen las acciones y para evitar casos como el de Sardinata”. Qué pasará y quién dará más por una nueva ley de minería está por verse en los pasillos del Congreso y los ricos agujeros donde el año pasado se produjeron 75 millones de toneladas de carbón y un centenar de mineros murieron en accidentes.

Desde La Preciosa, Armando Silva le cuenta a este diario que “el ambiente es lamentable. Es inexplicable el dolor que se puede sentir”. Al amanecer, Armando, secretario de Gobierno de Sardinata, se apresuró a llegar al lugar en una comitiva del Ejército, la Cruz Roja, la Defensa Civil y rescatistas que, al cierre de este diario, continuaba escarbando en busca de cadáveres. A su alrededor, en la oscuridad y tras el cordón anaranjado, un grupo de mujeres esperaba para identificar a sus maridos, sosteniendo aún las bolsas de comida que los mineros ya no probarán.