El Consejo Constitucional francés convalidó ayer la prohibición del matrimonio homosexual al afirmar que es conforme con la Carta Magna y dejó en manos de los políticos un cambio eventual de la legislación. El Consejo Constitucional, una institución que se pronuncia sobre la conformidad de las leyes con la Carta Magna, emitió este dictamen en respuesta a una pareja de lesbianas unidas por un PACS (Pacto Civil de Solidaridad, unión civil abierta a los homosexuales) que libra un combate en busca de mayor seguridad jurídica para sus cuatro hijos.

La sentencia, muy esperada por las asociaciones francesas de homosexuales, supone un balde de agua fría para los anhelos de quienes contaban con esta vía para autorizar en Francia un tipo de matrimonio que ya existe en países vecinos como España, Bélgica u Holanda. También es legal en Argentina, Portugal, Noruega, Suecia, Islandia, Canadá, Sudáfrica y en algunos estados estadounidenses.

Pero el Constitucional les dio la espalda y remitió la cuestión a los políticos, que deberán decidir si lo colocan en el centro de la campaña electoral de las presidenciales del año próximo.

Esa es ahora la esperanza de las asociaciones de gays y lesbianas, que pretenden alimentar el debate apoyados en su percepción de que una mayoría de franceses son favorables a ese tipo de uniones. Un sondeo publicado ayer revela que un 58 por ciento de los franceses es favorable a los matrimonios homosexuales, un porcentaje que evolucionó con respecto al 46 por ciento que aprobaba estas uniones hace cuatro años.

Pero si la sociedad parece preparada para admitirlas, los guardianes de la Constitución no les dieron su respaldo. “Han dejado escapar una ocasión histórica de acabar con una discriminación que sufren tres millones de homosexuales franceses que no pueden casarse”, dijo la abogada de la Asociación de Padres Gays y Lesbianas (APGL), Caroline Mecary.

Como argumento de su decisión, el Constitucional estableció que la ley actual no priva a los homosexuales del derecho constitucional a tener una vida familiar normal, puesto que tienen la opción de vivir “en concubinato” o constituir una pareja de hecho. El Consejo consideró que no es discriminatorio que la ley establezca diferencias entre las uniones homosexuales y las heterosexuales y que la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer tal y como recoge el Código Civil no supone una discriminación. En la Argentina, estos mismos argumentos fueron refutados durante la discusión pública y parlamentaria que derivó en la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

Corinne Cestino, una lesbiana que junto con su pareja, Sophie Hasslauer, inició el combate jurídico que llevó la cuestión del matrimonio homosexual hasta la máxima instancia judicial francesa, consideró que “las parejas de hecho no tienen los mismos derechos que los matrimonios. Por ejemplo, nuestros hijos están más desprotegidos que los demás en caso de fallecimiento de uno de los dos miembros de la pareja”, aseguró. Madres de cuatro hijos, Corinne y Sophie anunciaron que van a seguir dando la batalla en favor de la igualdad de derechos.