En un campo de Córdoba, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 140 trabajadores rurales que realizaban tareas manuales de desflore de maíz en condiciones de extrema insalubridad y precariedad en tres campamentos dentro de un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte del Rosario. Los jornaleros llegaron desde Santiago del Estero para trabajar en el establecimiento de la firma cerealera Pioneer Argentina SRL. Sin embargo, no estaban registrados a nombre de esa empresa, sino que fueron empleados por Adecco Specialities SA, prestadora de servicio eventual. “Nos encontramos con empleadores que planifican nocivamente la relación laboral”, subrayó el director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, en diálogo con Página/12. Los resultados del allanamiento ya están a disposición del Juzgado Federal Nº 3 para avanzar en la investigación. A su vez, la AFIP presentará una denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial.

El organismo, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, realizó un allanamiento en el campo El Espinillo, ubicado en el Paraje Monte del Rosario, y que explota la empresa Pioneer Argentina, dedicada a la producción y comercialización de semillas de altísima calidad. “El trabajo prestado en las condiciones que detectamos es ilegal; pero si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos en este campo, estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra”, afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien además enfatizó que “en este caso se descubrió una planificación laboral nociva de un grupo económico multinacional”.

Los agentes detectaron condiciones de extrema insalubridad y precaridad en tres campamentos del establecimiento, donde relevaron 158 trabajadores: 140 hacían tareas manuales de desflore de maíz y el resto se dedicaba al mantenimiento de los cultivos y la preparación de la tierra. Los jornaleros estaban alojados en ajustados nichos distribuidos en casillas de chapa, como si se tratara de la estructura de un palomar, sin ningún tipo de aislante térmico ni contra insectos. Esas cabañas eran de 2,20 metros de altura por 1,50 aproximadamente de ancho, y no tenían luz eléctrica. En los controles se detectó que el agua para consumo de los trabajadores estaba en tanques de PVC apoyados sobre la tierra y expuestos al sol durante todo el día. El líquido allí depositado se extrae de los mismos pozos usados para el riego de los campos.

Por otra parte, los baños de los campamentos son una construcción de tres lados que no tienen puerta y con un pozo donde van los residuos, según se informó. También hay sectores de duchas, aunque algunos empleados manifestaron a los agentes que nunca tienen agua. “Todo el campo está señalizado y está indicado dónde está el sector de cocina, por ejemplo”, contó Sánchez. Los jornaleros, oriundos de varias localidades de Santiago del Estero, manifestaron que fueron empleados por Adecco Specialities SA, empresa contratada para esa tarea por Pioneer. “La empresa cerealera tercerizó (la contratación) a través de Adecco. Consideramos que es una precarización de la condición laboral”, aseguró Sánchez.

Los peones no tienen permitido abandonar el campo, a 40 kilómetros de los servicios esenciales, hasta que terminen el trabajo. Los agentes constataron que cobran 97 pesos por día y que se lo pagan al final del trabajo. A esa suma le descuentan dinero en caso de dañar las plantas, pero ninguno de los trabajadores conocía cómo se medía ese daño, por lo que no sabían cuánto iban a recibir. “Las empresas que tercerizan a sus trabajadores deberían controlar que los empleados que prestan servicios lo hagan en las condiciones establecidas por la ley. De lo contrario, estamos frente a un ardid para eludir las verdaderas responsabilidades como empleadores”, dijo Sánchez.

Por su lado, Pioneer informó mediante un comunicado de prensa que “todos los trabajadores se encuentran debidamente registrados, están enmarcados dentro de lo que exige la ley”.

El operativo se realizó a partir de investigaciones por trabajo no registrado o en condiciones ilegales y el allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del cuestionado Ricardo Bustos Fierro, y participó Gendarmería Nacional. “Llegamos allí por trabajo propio de investigación. Estamos con muchas investigaciones en curso en distintos sectores económicos, decididos a cumplir con las instrucciones de abordar la planificación laboral nociva”, explicó Sánchez a este diario. El organismo ahora presentará la denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial. Las posibles sanciones se encuadran en delitos previstos en la Ley 24.769 por evasión previsional que prevé penas de prisión de 2 hasta 6 años.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.