SOCIEDAD › EL FISCAL TERMINó LA INVESTIGACIóN POR EL ASALTO A CAROLINA PíPARO
La causa por el robo en La Plata a la mujer que luego perdió el embarazo fue cerrada y los nueve acusados se aproximan al juicio oral. Seis de ellos están presos. La instrucción culminó pese a la negativa de Píparo de hacer el reconocimiento de los sospechosos.
› Por Emilio Ruchansky
La causa que investiga el robo y el ataque a Carolina Píparo, que estaba embarazada y luego perdió el bebé, se encamina a un juicio oral. Ayer, el fiscal platense Marcelo Romero cerró la etapa de instrucción, una medida que puede ser apelada por la defensa y la querella, aunque esta última estaría conforme con lo hecho. El cierre, según explicó el fiscal, “implica que se denegó la prueba pendiente que habían solicitado las defensas de algunos de los imputados y otras que tenía la fiscalía, pero que considera innecesario producirlas”. Entre esas pruebas está la rueda de reconocimiento, que según la querella no aportaría más elementos al caso, que cuenta con nueve personas procesadas, seis de ellas con prisión preventiva, y acusaciones que prevén la reclusión perpetua.
“Estamos conformes porque Carolina no está preparada aún para afrontar una rueda de reconocimiento y su situación psicofísica no cambió en ese sentido. Además, ya tenemos suficientes pruebas”, le dijo a este diario el abogado de Píparo, Fernando Burlando. A mediados de octubre pasado, el fiscal Romero pidió informes a Migraciones para efectuar la ronda de reconocimiento, ya que se rumoreaba que Píparo y su pareja abandonarían el país, lo que nunca ocurrió. Luego, el fiscal envió cédulas a los abogados de la víctima para que saber “si el estado de salud de la joven le permite o no la realización de la medida de prueba”.
De realizarse esta ronda, se abría la oportunidad de excarcelación de todos o algunos de los seis detenidos: Carlos Burgos, de 18 años; Juan Manuel Calvimonte, de 24; Miguel “Pimienta” Silva, de 42 y supuesto “marcador”; Carlos Jordán Juárez, de 45; Carlos Moreno y Luciano López, ambos de 19 años. Todos están acusados de “asociación ilícita, robo doblemente calificado en concurso real con homicidio triplemente calificado por haber sido perpetrado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa en grado de tentativa, en concurso ideal con homicidio triplemente calificado”.
Por la causa también quedaron procesados Juan Augusto Claramonte, excarcelado en noviembre pasado por orden de la Cámara Penal de La Plata; Jennifer López Leguina, pareja de Luciano López, y Stella Maris Grizzia fueron liberadas porque se les imputó el delito, excarcelable, de “encubrimiento agravado”. No hay pruebas que involucren a Gerardo Pereda, el cajero del banco Santander, ubicado en las calles 7 y 42 en La Plata, de donde Píparo retiró 10 mil dólares y 30 mil pesos el 29 de julio pasado. De allí fue seguida hasta su casa y luego baleada.
Tanto la defensa como la querella tienen cinco días desde la notificación para apelar la resolución de Romero ante el fiscal general platense, Héctor Vogliolo. Por parte de la defensa, quedaron al menos dos medidas de prueba pendientes pedidas por los abogados de Burgos y Moreno. Si no hay objeciones, el fiscal del caso podrá pedir la elevación a juicio oral al juez de Garantías, César Melazo. Consultado sobre una eventual participación de la policía bonaerense en la banda, Burlando aseguró que hay pruebas de que está vinculada en salideras bancarias en el partido bonaerense de La Matanza pero no en el caso de La Plata.
Pese a las versiones de que Píparo y su pareja emigrarían a algún país de Europa, la pareja sigue en el país, según confirmó Burlando. Desde hace un tiempo, Píparo, empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, trata de conseguir un trabajo fuera de La Plata para cambiar definitivamente de ciudad. Matías, su hermano, le contó a Página/12 que la familia quedó conforme con la actuación de la Justicia. “Estamos convencidos de que vamos a lograr muy buenas penas para los culpables. Esperamos que se haga pronto el juicio oral”, dijo.
Por otro lado, Burlando insistió con la responsabilidad del Banco Santander. “El hecho empezó en el banco y vamos a exigir que respondan por los daños y los perjuicios. Durante el juicio oral vamos a tener la opción de sumar pruebas nuevas sobre este punto”, comentó el abogado. El juicio oral podría realizarse en un año, dijo Burlando, quien ya prepara una audiencia de mediación con el banco para el próximo mes.
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