Nuevos operativos encabezados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sacaron a la luz más casos de trabajadores rurales que se desempeñan en condiciones inhumanas. En uno de los relevamientos, se detectó a 16 empleados dedicados a la actividad forestal en Colón, Entre Ríos, alojados bajo “extremas condiciones de insalubridad”. La empresa que explotaba estos servicios es de capitales españoles, por lo que el ente tributario argentino inició gestiones con su par ibérico para investigar a la firma denunciada. También en la ciudad de Azul, en Buenos Aires, se encontraron 33 jornaleros, entre ellos cinco menores de edad, dedicados a la cosecha de papa bajo una situación similar de irregulares condiciones de seguridad e higiene. Por otra parte, en la bonaerense localidad de Grahan (Salto) hallaron a ocho campesinos abocados al desflore de maíz, que vivían hacinados en trailers de chapa.

Los trabajadores forestales de Colón estaban empleados por Movifor SRL, una prestadora de personal temporal que había sido contratada por una firma de capitales españoles –todavía no se dio a conocer el nombre– que se dedica a la producción de papel. El lugar donde vivían los empleados madereros, que realizaban tareas de desmonte, no contaba con luz eléctrica y, según indicó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, “los trabajadores estaban alojados en condiciones iguales o peores que los peones rurales descubiertos recientemente –por el ente fiscal– en el Paraje Monte del Rosario”, en Córdoba.

Luego del relevamiento correspondiente, el fisco realizó una denuncia penal en el Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Gustavo Pimentel. “Encontramos otra vez a una empresa multinacional involucrada en un tipo de operatoria en la cual 16 trabajadores estaban en extremas condiciones de insalubridad y precariedad”, apuntó Echegaray. En la misma línea se realizó una presentación ante la cartera laboral entrerriana.

Para profundizar su tarea, la AFIP se valdrá del acuerdo de intercambio de información tributaria suscripto entre la Argentina y España, y pedirá al fisco de ese país “elementos que prueben el comportamiento fiscal en ambos países de la empresa papelera”. “El grupo multinacional evidencia un complejo esquema financiero poco transparente”, definieron desde el órgano tributario nacional. La empresa ya está bajo investigación por el fisco argentino debido a sospechosos movimientos con empresas socias en el país, que incluyen declaraciones de quiebra aparentemente injustificadas.

El caso de Azul, en Buenos Aires, fue descubierto en una acción conjunta entre la AFIP y los ministerios de Trabajo de la Nación y bonaerense. Los jornaleros eran empleados por productores y contratistas para la recolección de papa, y trabajaban en los establecimiento rurales Mirasoles y La Emma, ubicados en el paraje Los Huesos. Los 33 trabajadores, incluidos cinco menores, estaban alojados “en condiciones infrahumanas; no contaban con luz eléctrica y tenían precarios sanitarios”, detalló el ente que conduce Echegaray. A partir de esta situación, los organismos estatales denunciaron ante la Policía Federal la existencia de “trabajo ilegal, reducción a la servidumbre y condiciones de trabajo infrahumanas”.

En tanto que ocho personas, dedicadas a desflorar maíz en la localidad de Grahan (Salto, Buenos Aires), vivían “en casillas de chapa, en condiciones infrahumanas”, sostuvieron desde la AFIP. Por los relatos de los empleados, se supo que meses atrás llegaron a trabajar allí, “más de 100 personas”. Además, manifestaron que trabajaban todos los días durante nueve horas a razón de 3,50 pesos por hora, y que desconocían su situación contractual.

La empresa de servicios eventuales Rural Power SA, contratada por Pioneer Argentina –denunciada en el caso de Monte del Rosario– era la encargada de reclutar a los jornaleros que se desempeñaban en la Estancia Segade.