El fiscal de San Martín, Raúl Soracco, acompañado por tres colaboradores, hizo ayer una minuciosa recorrida por el barrio De la Cárcova, en José León Suárez, para tratar de establecer si lo ocurrido el jueves fue “un enfrentamiento”, como afirma la policía, o si se trató de una “represión indiscriminada que terminó con dos muertos de los nuestros y un herido grave”, como aseguran los vecinos. Por una decisión administrativa, un policía bonaerense que reconoció haber disparado perdigones de plomo con su escopeta fue separado en forma preventiva de la fuerza, aunque todavía no pesa sobre él ninguna acusación formal por parte de la Justicia. El fiscal secuestró 45 armas largas y de puño que estuvieron en manos de otros tantos policías y dice que “están identificados” todos los uniformados que intervinieron en los episodios donde murieron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17. Ayer seguía “muy grave”, en terapia intensiva, Joaquín Romero, de 19, según informaron sus familiares a Página/12 (ver aparte).

Los agentes de la Fiscalía recogieron ayer testimonios, muestras de sangre en los sitios donde cayeron las víctimas, perdigones de plomo, cápsulas servidas y tomaron fotografías de los vagones que descarrilaron, para tratar de determinar si el incidente con el tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) fue accidental o provocado con fines de robo. Aunque la Justicia todavía no estableció ese punto crucial, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dio por hecho que fue “un descarrilamiento provocado con fines de robo”.

“Sobre los rieles hay troncos y algunos elementos metálicos. Los peritos de Gendarmería están trabajando con esos elementos. Por ahora no se puede asegurar nada”, explicó Soracco a este diario. Tampoco pudo confirmar cuántos impactos de bala recibieron los dos chicos que murieron: “Se están haciendo las pericias en la Morgue de Lomas de Zamora. Hay que esperar porque hay orificios de entrada y de salida. No se puede aventurar nada sobre el calibre ni sobre la cantidad de impactos”, aclaró el fiscal. Los cuerpos de Almirón y Ramos fueron entregados anoche a sus familiares.

Ayer, sobre las vías del ex Ferrocarril Mitre, a la altura del puente sobre el canal José León Suárez, todavía quedaban cuatro de los vagones, cargados con containers, que descarrilaron. Cerca de las ruedas de uno de ellos están los troncos de los que habla el fiscal y algunos trozos, no muy importantes, de metal. En la zona es habitual la presencia de carrocerías de automóviles, incluso sobre los bordes del canal, dado que hay –a unos 30 metros– un depósito policial donde se guardan vehículos con orden de secuestro. Los peritos de Gendarmería son los que van a determinar si hubo intención o no en el descarrilamiento.

Uno de los investigadores, en una primera opinión, dijo que le parecía “poco probable que haya habido intención, porque no se encontraron troncos de relevancia o piedras de gran tamaño”. Incluso se comentó que el maquinista del tren habría dicho que “no vio nada sobre las vías”. De los 32 vagones que tenía la formación, descarrilaron siete y no fueron los primeros. De todos modos, la sola comprobación del estado de las vías, de manera particular sobre el puente, hace pensar en la posibilidad de que cualquier obstáculo puesto en el camino de una formación de carga puede sacarla de las vías, que en algunos tramos están semihundidas.

Casal confirmó que uno de los policías que estuvieron en el lugar confesó a sus superiores que disparó con perdigones de plomo. Casal dijo que la orden es usar postas de goma y que “sólo un oficial a cargo podrá tener un arma de más poder, pero fuera de la contienda. En este caso, al producirse el tiroteo con arma de fuego, un policía tomó un cartucho de perdigón (de plomo) y se defendió, y ese es el policía que quedó a disposición de la Justicia”. El fiscal Soracco dijo ayer a este diario que por el momento no hay imputados en la causa.

La hipótesis de la fiscalía es que “pudo haber existido un tercero (un grupo o una persona aislada) que haya disparado y que haya motivado la respuesta policial”. El fiscal fue muy cauto al respecto y eludió dar precisiones. Lo que se supone –y esto es algo que también mencionan los vecinos– es que en algún momento pudo haber intervenido algún “transa” conocido en el barrio que pueda haber usado un arma de fuego. “Los pibes lo único que hicieron fue tirar piedras a la policía, después de que se produjeron las muertes”, aclaró un joven que realiza tareas sociales en el barrio. Agregó que “hay que pensar que la mayoría de los ‘transas’ del barrio están complotados con la cana”.

Lo que parece confirmado es que las tres víctimas no participaron en ningún intento de robo y que tampoco estaban armados. El descarrilamiento se produjo a las dos de la tarde y los incidentes en los que se produjeron las muertes comenzaron una hora y media después. En ese lapso, algunos jóvenes habían logrado abrir uno de los containers. El fiscal confirmó que eso ocurrió, aunque aseguró que “en ese vagón no había cosas de relevancia, sólo piezas de goma que no tienen valor de reventa”. La presencia policial en el lugar fue masiva e inmediata porque casi en forma simultánea, en un lugar cercano, había sido asesinado un uniformado y eso había provocado una gran movilización de efectivos hacia la zona del Camino del Buen Ayre.

Para el ministro Casal, sin embargo, el descarrilamiento del tren fue consecuencia del accionar de una “banda organizada”. Aseguró que desde 2006 a la fecha se registraron “seis ataques similares” en la zona. El funcionario bonaerense aseguró que “descarrilaron un tren con piedras y troncos, un grupo de personas abordó el tren, y otro grupo amedrentaba con armas al personal del mismo. Luego, cuando se presentó la policía, los atacaron a tiros. Hay patrulleros con impactos de bala en el baúl, las puertas y los parabrisas”. Esa información no fue confirmada por la Justicia.

La policía había dicho, en la noche del jueves, que había policías heridos e incluso corrió la versión de la supuesta privación ilegal de la libertad de uno de los uniformados. Ambas informaciones fueron desmentidas por la fiscalía. “No hay policías heridos de bala”, manifestó Soracco a Página/12. Los vecinos rodearon a los fiscales y les reclamaron que “no crean en las mentiras que dice la policía”. Durante una de las charlas, uno de los investigadores judiciales fue rotundo al responderle a uno de los vecinos: “Estamos investigando todas las hipótesis y buscando testigos en el vecindario. Ya hemos descubierto dos mentiras que nos habían dicho (parecía aludir a la policía). Nuestra investigación es seria”.

La vocera de la empresa de trenes Nuevo Central Argentino (NCA), Cecilia Escurrena, dijo que el descarrilamiento del tren es el cuarto desde diciembre pasado. “Hemos sufrido acciones de vandalismo que no han provocado descarrilamientos, pero sí han provocado la detención del tren y a consecuencia de esto, robos de la mercadería transportada.”