La Corte Suprema convocó a una nueva audiencia pública para examinar la marcha del saneamiento del Riachuelo, y Página/12 dialogó con integrantes del Cuerpo Colegiado que monitorea las acciones de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El defensor del Pueblo sostiene que “hay acciones, como la vigilancia epidemiológica y la liberación del camino de sirga, que están empezando a funcionar”, pero advierte sobre “el atraso en la relocalización de habitantes que viven en pésimas condiciones” y “la falta de control de las industrias”. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) considera que “desde el año pasado la gestión empezó a mejorar”, pero critica “la demora en la remoción de basurales” y “el bajo cumplimiento de la reconversión de empresas contaminantes”. Para Greenpeace, en cambio, “esos avances son un maquillaje”, ya que “no se han reducido los vertidos industriales contaminantes”. El secretario de Ambiente, Juan José Mu-ssi, secretario de Ambiente, señaló que “300 empresas están en reconversión y otras 300 ya la realizaron”. Además, la Acumar registra como “agentes contaminantes” 353 empresas que deben presentar planes de reconversión (ver recuadro). La audiencia pública tendrá lugar el 16 de marzo.

La convocatoria fue firmada por los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, en el marco del denominado “Fallo Mendoza”, por el cual, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de la Nación dispuso el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, haciendo responsables al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Anselmo Sella, adjunto 1º a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sostuvo que “el mecanismo del saneamiento se ha puesto en marcha y empezó a funcionar”, y dio como ejemplo “los avances en la liberación del camino de sirga –una franja de 35 metros en cada margen de los cursos de agua, que por ley no es privatizable–: una prueba de que son reales las protestas de las empresas que lo ocupaban, especialmente areneras, que están siendo desalojadas”.

“A veces el Estado da tramos de costa en concesión, pero esto es en términos precarios y no da derecho alguno a los ocupantes”, advirtió Sella.

Para el defensor del Pueblo, “también se avanzó en el plan de vigilancia epidemiológica: en varios hospitales y centros de salud se establecieron nodos destinados a las enfermedades vinculadas con el ambiente”. Sin embargo, “está atrasada la relocalización de las viviendas de asentamientos precarios; muchas están en pésimas condiciones”. Además, “falta actividad de la Acumar en el control de las industrias: de las 20.000 empadronadas, falta inspeccionar más de diez mil”, advirtió Sella, y destacó que “el saneamiento requiere también una conciencia de la sociedad. Hace unos meses, la Unión Industrial se quejó por el solo hecho de que se estaban inspeccionando industrias, y adujo que, ‘históricamente’, las industrias habían usado la cuenca: le notificamos que el río es de todos y debe ser respetado”.

Andrés Nápoli, de la FARN, también destacó la necesidad de “intensificar los planes de reconversión de las empresas” y sostuvo que “todavía no se precisó la cantidad de habitantes en situación de riesgo, que requieren atención inmediata”. Señaló “un déficit importante en la remoción de los basurales a cielo abierto: son 262 y todavía no se removió el diez por ciento”.

Nápoli afirmó además que “la Acumar no utiliza suficientemente sus facultades para intervenir en toda la cuenca, por ejemplo revisando las evaluaciones de impacto ambiental que hace cada municipio para la instalación de industrias; tampoco generó actividades para proteger los bosques de Ezeiza, la laguna de Rocha y los terrenos de Santa Catalina”. De todos modos, “desde 2010, con la gestión de Juan José Mussi, empezó a mejorar la acción de la Acumar”.

Félix Cariboni, coordinador de la Campaña Riachuelo de Greenpeace, afirmó en cambio que “los avances registrados no son más que una especie de maquillaje: lo que importa es dejar de contaminar, y eso no se está concretando”. Sostuvo que “la Acumar no manifiesta interés en controlar la contaminación industrial. Para sanear el Riachuelo, lo primero es saber qué cantidad de efluentes contaminantes se arrojan y tener un plan para que cesen los vertidos”. Además, “tampoco los grandes anuncios sobre relocalización de asentamientos se concretan en hechos reales”.

Por su parte, Juan José Mussi, secretario de Ambiente de la Nación, afirmó que “hay unas 300 empresas en reconversión y otras 300 ya la realizaron”. En cuanto a la población, “trasladamos 42 viviendas desde el puente Bosch, en Avellaneda, y para abril trasladaremos 180 más, a casas ya construidas en La Matanza. Hay unas 2400 viviendas que deben trasladarse próximamente: más de 80 en el conurbano y 1366 en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma. Pronto relocalizaremos los asentamientos de El Pueblito y Luján. Las empresas que ocupan el camino de sirga ya aceptaron trasladarse, todo lo cual deja libre el 70 por ciento de ese camino”.

Mussi subrayó que “el retiro de barcos hundidos está próximo a completarse; sólo quedan cinco, que se retirarán el mes que viene. Esto facilita la circulación del agua y elimina sustancias tóxicas acumuladas”.

El funcionario destacó “la próxima concreción del crédito de 840 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para realizar las plantas de tratamiento de efluentes cloacales procedentes de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta hoy van a parar al Riachuelo”.

En los próximos días, el Cuerpo Colegiado emitiría un documento de evaluación.