La Secretaría de Derechos Humanos se presentó ayer como querellante en la causa que investiga al diputado salteño Alfredo Olmedo por las humillantes condiciones laborales a las que sometía a los trabajadores golondrina en su finca de la provincia de La Rioja. “Lo acusamos de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre”, informó anoche a este diario Luis Alen, secretario de Protección de los Derechos Humanos, quien viajó hasta La Rioja junto a Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría. ¿Olmedo podría quedar detenido? “Tendría que perder sus fueros, pero igual se puede investigar”, comentó Alen. La diputada Victoria Donda pidió ayer que se conforme una comisión en el Congreso para definir si Olmedo debe ser apartado hasta que se esclarezca su situación judicial.

El 10 de febrero pasado, durante un operativo conjunto de la Policía Federal y la Administración Federal de Ingresos Públicos, se descubrió que alrededor de 400 personas vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas en campos de oliva pertenecientes a la empresa AHO S.A., administrada por el diputado Olmedo y Mónica Madariaga Vedia. “La mayoría dormía en carpas de nylon, hacinados y con sus familias, soportando el calor riojano con temperaturas que llegan a los 45 grados”, describió Alen.

Los funcionarios de la Secretaría se presentaron ayer ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien deberá evaluar en los próximos días si acepta o rechaza este pedido. Hasta el momento, no había querellantes por lo ocurrido en los campos de Olmedo porque, según explicó Alen, las víctimas son personas de muy bajos recursos provenientes de Formosa y Bolivia que, por desconocimiento o temor, evitaron presentarse ante la Justicia. Ninguno de ellos testificó en la causa que instruye el fiscal Darío Illanés, que aún no tiene detenidos.

“La ventaja de presentarse como querellantes es que podemos pedir, como ya hicimos, la declaración indagatoria para Olmedo y Madariaga Vedia, además de ofrecer pruebas y exigir medidas”, resumió Alen. En el escrito presentado ayer, se subraya “el especial interés” de la Secretaría de Derechos Humanos por intervenir ante los delitos denunciados “ya que su falta de juzgamiento y castigo, cuando corresponda, puede implicar sanciones internacionales al Estado Nacional”.

Alen recordó que la Secretaría, por orden de la Presidenta, será querellante en todas las causas que involucren el trabajo esclavo en coordinación con los ministerios de Trabajo, Agricultura, Desarrollo Social, Justicia y la AFIP. La principal preocupación de la Secretaría en el caso de la finca de Olmedo es saber si intervino alguna empresa en el reclutamiento y traslado de los trabajadores temporarios, como ocurrió en otros casos con la multinacional Adecco, cuyos directivos no figuran como sospechosos de trata de personas en ninguna de las causas abiertas.

“No sólo se han detectado personas mayores, sino, además, niños, niñas y adolescentes sometidos a condiciones de explotación, y otras situaciones graves. No es cuestión menor destacar que bebés y niños quedan en estado de abandono en el campamento, durante la por demás extensa jornada laboral, o mismo cuando acompañan a sus progenitores en el transcurso de la jornada a las plantaciones, conllevando el grave riesgo para la vida e integridad física de los niños”, se detalla en el texto presentado ayer con un DVD con nuevas imágenes del operativo.

En diálogo con Página/12, la diputada Victoria Donda aseguró que ya impulsa la creación de una comisión de legisladores para investigar si conviene suspender a Olmedo “sin goce de dieta, mientras dure la investigación”. “Ya corroboramos que la finca es suya y no de su padre, como se nos quiso hacer creer en un momento. El tema puede ser tratado en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, aunque es más probable que vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Graciela Camaño. En todo caso, esperamos su voluntad para darle prioridad en el temario”, dijo. Camaño es compañera de Olmedo en el bloque del Peronismo Federal.

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