Desde Frankfurt

A partir del anuncio de la canciller Angela Merkel de suspender la prolongación del plazo de funcionamiento de las centrales nucleares –y sin producir ni por asomo las escenas dantescas que desde hace cuatro días shockean al mundo–, se podría decir que el terremoto con epicentro en las costas japonesas le ha pegado un sacudón atendible a uno de los ramos más poderosos de la industria alemana.

Mientras arreciaban sin pausa las malas noticias desde Japón durante el fin de semana, la administración Merkel había apelado a la mesura (con el toque de consternación de rigor) para evitar definiciones concretas ante las preguntas de la prensa sobre la posición que tomaría el gobierno federal, teniendo en cuenta los riesgos que la catástrofe nipona había puesto blanco sobre negro.

El sábado, unos 60 mil manifestantes se habían congregado para unir por medio de una cadena humana de 45 kilómetros la ciudad de Stuttgart (capital del estado de Baden-Württemberg) con la central nuclear de Neckarwestheim, una de las más cuestionadas en cuanto a su seguridad, en tanto fue construida sobre un fundamento geológico inestable.

“Moratoria” fue el término elegido ayer por Merkel y sus voceros para denominar la puesta en stand by de un estado de cosas dentro de la política energética local, que desde el principio se ha caracterizado por un alto grado de controversia.

La enmienda a la Ley de Energía Atómica sancionada en 2002, durante la gestión de la alianza de socialdemócratas (SPD) y verdes, estipulaba una vida útil de 32 años promedio para las centrales nucleares, a partir de su puesta en marcha. Esto habría significado para por lo menos dos de ellas su salida del sistema en sólo un par de años.

Pero la actual administración democristiana-liberal, tras hacerse cargo del gobierno en 2009, cumplió una de sus promesas electorales, impulsando una revisión de aquellos plazos a través de una prolongación del funcionamiento de las centrales.

Esta posición revitalizó al movimiento antinuclear en una dimensión que no se observaba desde la década del ’80, con decenas de miles de personas tomando parte en manifestaciones de protesta y una oposición a los planes del gobierno superior al 70 por ciento, según lo reflejado en las encuestas. Es necesario recordar que Alemania acarrea el problema del procesamiento y almacenamiento final de la basura atómica producida durante más de 35 años de utilización de esa fuente, que constituye entre el 10 y 15 por ciento del consumo de energía total del país.

Por su parte, los cuatro consorcios energéticos que regentean las 17 centrales nucleares se unieron, cual Mesa de Enlace teutona, para ejercer un trabajo de lobby que no dejó recurso dramático sin tocar, a través de una profusa campaña mediática y un documento ampulosamente titulado “Coraje y realismo para el futuro energético de Alemania”.

Finalmente, el 28 de octubre pasado la mayoría conservadora en el Bundestag logró imponer su nueva enmienda, que les garantiza a los proveedores de energía una prolongación promedio de 12 años a la vida útil de las usinas (con ganancias aseguradas, estimadas en varias decenas de miles de millones de euros), introduciendo a su vez un impuesto a los combustibles nucleares, que las empresas eventualmente pueden descargar en las tarifas al consumidor final.

Los recursos de inconstitucionalidad no se hicieron esperar, presentados tanto por los partidos de la oposición como por Greenpeace y otras iniciativas ambientalistas, quienes ayer, confrontados con la novedad, vieron en ella una confirmación de sus argumentos, pero a su vez una reacción insuficiente por parte del gobierno. Aún no ha pasado medio año desde la sanción de la enmienda en favor del lobby nuclear y ésta, aun en vista de los desgraciados acontecimientos que la han vuelto a poner sobre el tapete, está lejos de haberse convertido en letra muerta. Es que el anuncio de ayer, si bien es impactante, carece de precisiones en su formulación.

Angela Merkel aseveró que se verificarán el estado y las medidas de seguridad de todas las centrales nucleares “sin tabúes”, pero consultada sobre si eso implicaría retirar de servicio los reactores más viejos una vez cumplidos los tres meses de moratoria, evitó (una vez más) definirse, y alegó que “queremos una política energética sincera”. Además, aseguró que esta suspensión provisoria de la enmienda será utilizada también “para ayudarnos a ver cuán rápido llegaremos a la era de las energías renovables”.

En tanto, encuestas confiables realizadas luego del anuncio de Merkel daban cuenta de que un 80 por ciento de los consultados estaban a favor de dejar sin efecto la polémica prolongación para las centrales atómicas. Evidentemente, los prendedores ochentosos con un solcito sonriente y el eslogan “¿Energía nuclear? ¡No, gracias!” están más vigentes que nunca.