Dos de los seis policías acusados y procesados por un allanamiento en una fiesta gay en 2006 debieron ampliar su declaración indagatoria ayer, mientras la causa se encamina a un juicio oral. Los involucrados negaron los cargos y volvieron a asegurar que se trataba de “un lugar público” y ellos entraron tras recibir una denuncia anónima por comercialización de estupefacientes, aunque, según consta en la causa, luego trataron de encuadrar el accionar en el marco de la ley de profilaxis. “No apareció la droga ni había prostitución ni menores de edad en el lugar. Trataron de disfrazar un allanamiento ilegal”, comentó ayer una fuente judicial.

La indagatoria ocurrió en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 23, en el Palacio de Tribunales, y estuvo a cargo del juez Roberto Oscar Ponce, quien accedió al pedido de la defensa para que no pudieron estar presente los querellantes: la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pese a las restricciones, el presidente de la CHA, César Cigliutti, estimó se trata de un caso histórico y emblemático: “Es una noticia alentadora que un juez revoque los anteriores fallos que otorgaron impunidad a unos policías que cometieron este acto de violencia”.

El hecho ocurrió el 18 de abril de 2006 en el local Cero Consecuencia, que esa noche estaba cerrado porque había una fiesta privada. La policía ingresó luego de forcejear la puerta y mantuvo por más de una hora a las personas contra la pared, señaló Cigliutti, “sin informarles los motivos del procedimiento, lo que constituye una privación ilegítima de la libertad, les quitaron los documentos y los registraron en una planilla”. Luego de que los implicados fueron sobreseídos en primera instancia y luego en la Cámara del Crimen, la Cámara de Casación ordenó el juicio oral y público. “El juicio servirá para ver el grado de participación de los oficiales y de sus superiores”, indicaron fuentes judiciales.