El viudo de Ana María Domínguez, asesinada hace once años, luego de ser sometida a sesiones de picana eléctrica, criticó ayer con dureza a la Justicia bonaerense, luego de que se produjera la libertad del autor material del crimen, Carlos Martín Saayavedra, a quien la Cámara de Casación provincial le redujo a 18 años la condena a prisión perpetua que se le había aplicado en el juicio oral. “El asesino está libre porque está preso desde el año 2000 y fue beneficiado por el dos por uno, aunque la reducción de la pena fue apelada hace dos años y todavía duerme en la Suprema Corte bonaerense”, denunciaron a Página/12 el viudo, Roberto Almeida, y su abogado, Roberto Damboriana. “Mi hija Bernarda, que ahora tiene 11 años y fue la única testigo del crimen de su mamá (la chica tenía siete meses), me pregunta: ‘¿Qué hacemos ahora que el asesino no está más preso?’”, comentó Almeida. El abogado Damboriana, por su parte, adelantó que en “cualquier momento” también va a quedar libre el autor intelectual del asesinato, el médico policial Nicolás Chaín, ex concubino de la víctima, que había sido condenado a reclusión perpetua, pero luego fue beneficiado con una reducción de la pena a 16 años.

Chaín está todavía preso porque en junio de 2004, cuando fue condenado a reclusión perpetua, se dio a la fuga y estuvo en esa situación hasta el 23 de agosto de 2005, sin ser hallado por sus compañeros de la Policía Bonaerense. “Casación les redujo la pena a los dos sin tener en cuenta que se trata de un caso aberrante de violencia de género”, le dijo Damboriana a este diario. “Hace dos años que la apelación al fallo de Casación está durmiendo en la Suprema Corte bonaerense. Está nuestra apelación y la que presentó el fiscal del Tribunal de Casación y, en consecuencia, la reducción de la pena no está firme. ¿Qué va a pasar si la Suprema Corte ratifica el fallo de primera instancia?”, se preguntó el querellante.

Damboriana recordó que a Saayavedra le habían dado la excarcelación “pero tuvo que volver a la cárcel porque tenía un informe negativo del Patronato de Liberados. Esto pasó hace un año y medio. Nosotros tuvimos que apelar. El argumento fue que seguía vinculado al delito y a la droga, de manera que significaba un peligro para la sociedad. Nosotros no creemos que haya cambiado mucho y ahora está de nuevo en libertad”. El abogado comentó que “es lógico que sus letrados (los de Saayavedra) hayan pedido la libertad, porque cumplió la pena reducida que le aplicó Casación. Lo que no es lógico es que la Suprema Corte siga sin pronunciarse”.

Damboriana cuestionó el criterio de Casación, que cambió la carátula del caso de “homicidio calificado” a “homicidio simple”. Para el letrado “es absurdo que uno de los argumentos centrales, para reducirle la condena a Chaín como instigador, haya sido que pagó una suma poco significativa (1300 pesos) a Saayavedra. Es como decir que no demostró interés en que cometiera el crimen. ¿Cuánto hay que pagar para que se considere que fue un homicidio calificado?”.

El 10 de abril de 2000, Ana María Domínguez apareció muerta en su casa de Luján, donde vivía con su hija y su nueva pareja, Roberto Almeida. Murió por asfixia y antes había sufrido la picana eléctrica. En junio de 2004, Saayavedra y Chaín fueron condenados a prisión y a reclusión perpetua. En 2008, la Sala II de Casación redujo las penas a 18 y 16 años. “El crimen fue un aberrante caso de violencia de género, en el que se demostró una violencia extrema y que Chaín había pagado para asesinar a su ex mujer. Ahora fallan a favor de los delincuentes y los dejan libres. Con esto están diciendo ‘maten a sus mujeres, préndalas fuego, total, es un tiempito en la cárcel y después se van’. No están respetando el derecho de las mujeres ni el de las víctimas”, denunció Almeida.

El caso ya tuvo otros fallos cuestionados, como cuando el juez subrogante Roberto Bocacci, durante una feria judicial en julio de 2005, le otorgó la excarcelación a Chaín, pese a la condena a reclusión perpetua y al hecho agravante de que estaba prófugo en ese momento.