Los activistas remarcan las siluetas sobre la pared y apuntan, a la altura del pecho, los nombres de los muertos en el incendio del taller textil clandestino del barrio porteño de Caballito, hace cinco años. Son Wilfredo, 15 años; Juana, 25; Rodrigo, 4; Harry, 3; Elías, 10 y Luis, 4. Todos ellos eran bolivianos y llegaron al país, como remarca Juan Ino, un coterráneo de la Asociación Consejo Solidario, “engañados con promesas de un salario de 200 dólares, el doble del básico que se cobra en Bolivia”. Tras el incendio, vino una compleja trama judicial repleta de aprietes a sobrevivientes para que desistieran de sostener denuncias, según advierten dirigentes de la comunidad boliviana. Estas maniobras dilatorias ya dieron sus frutos: prescribió la causa por “incumplimiento de deberes de funcionarios públicos” contra algunos integrantes del Departamento de Control y Verificación de Gestión Comunal.

“Más allá de la denuncia mediática, para nosotros es importante recordar lo ocurrido y producir más discusión. Es la forma de evitar los prejuicios que se tienen sobre la comunidad boliviana, eso de que no reclamamos y que somos sumisos”, dice Delia Colque, del Colectivo Simbiosis Cultural. Enfrente suyo está el taller clandestino, en Luis Viale 1269, donde ayer hubo una radio abierta y se vendió un libro de la editorial Tinta Limón con tapa de retazos de tela: De Chuequistas y Overlockas.

El nombre del libro, hecho por el Colectivo Situaciones y Simbiosis Cultural, refiere a los principiantes que no dominan la máquina recta y les salen “chuecas” las líneas y a las costureras a cargo de las Overlock. Adentro hay reportajes con diplomáticos, dirigentes cuestionados de la comunidad como Alfredo Ayala y ex “empleados” de talleres. “El reclamo por regularizar la actividad fue silenciado por los gobiernos de Bolivia y Argentina y los supuestos dirigentes de la comunidad son los que defienden a los talleristas y a los que explotan compatriotas en las granjas y en las quintas”, denuncia Juan Estrada, de Simbiosis Cultural.

En medio del acto, varios dirigentes de la Asamblea Coro Mayta señalan las complicidades de las grandes marcas de ropa y también de las ferias ilegales, a donde van a parar las piezas de los talleres clandestinos. “Y además está la trata de personas que empieza en La Paz, Oruro y Potosí. Allá hay propagandas en las radios y en los diarios para venir a trabajar y eso no se denuncia”, dice Víctor Yanque, de esa Asamblea. Y sigue: “El ex cónsul José González contó que su antecesor mediaba entre costureros y talleristas para que no se avanzaran las denuncias de los costureros”.

Los escasos avances en materia judicial en esta causa también generan inquietud entre quienes se manifiestan. Según comentan Yanque y Juan Ino, no se tuvo más noticia de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas. “Fueron presionados y amenazados para que no hagan demandas y de a poco se fueron. Algunos a Bolivia, otros ni siquiera sabemos. Hoy no está ningunos de ellos en este acto”, observa Yanque. Sólo Luis Fernando Rodríguez y su esposa, Sara Gómez, padres del pequeño Harry, demandaron a los dueños y regentes del taller y a varios funcionarios. Hoy viven en Bolivia.

Según el abogado querellante, Gabriel Chamorro, la causa penal llegará a juicio oral porque la Cámara de Casación rechazó el pedido de la fiscalía de hacer un juicio abreviado, en el que los acusados reconocen su culpa y reciben una pena menor. En la causa están involucrados dos regentes del taller y los funcionarios del Departamento de Control y Verificación de Gestión Comunal, imputados por homicidio culposo. Los dueños del lugar ni siquiera fueron citados a declarar.

“Después hay una causa en la Justicia civil, que no va a prescribir y que es contra varios funcionarios del gobierno porteño de entonces, los dueños y también los que regenteaban el taller. Está en el Juzgado civil 39, en Retiro, pero no avanza. Quedó vacante el cargo del juez”, asegura Chamorro.

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