La cruzada contra la Ley de Salud Reproductiva despertó el rechazo de organizaciones no gubernamentales y legisladores nacionales y porteños. Más de treinta ONG manifestaron ayer su apoyo a “la implementación integral del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”, que intentó ser suspendido por una resolución de una jueza federal de Córdoba. Ayer, el Ministerio de Salud confirmó que el fallo que prohibía la puesta en vigencia de la ley 25.673, que prevé la distribución en todo el territorio nacional de los insumos destinados al programa, fue apelado en tiempo y forma, y también fue recusada la jueza, quien ayer mismo dejó el caso en manos del tribunal de alzada. Por lo tanto, la ley sigue vigente. El fallo en cuestión había sido anunciado el martes por una organización católica, en la convicción de que la prohibición había entrado en vigencia por estar vencidos los plazos de apelación. Sin embargo eso no ocurrió.
“Rechazamos las medidas judiciales que intentan limitar los derechos humanos y a la salud de la población”, expresa el documento entregado al ministro de Salud, Ginés González García, firmado, entre otros, por el CELS, el Cedes, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil y la Red Nacional de Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva. Para las organizaciones, la ley “responde a una necesidad de la sociedad y tiende a nivelar las oportunidades de información y acceso a todos los sectores de la población”.
El propio ministro de Salud convocó ayer a una conferencia de prensa para respaldar la continuidad del programa, estableciendo una suerte de pulseada con el ala más ortodoxa de la Iglesia. “El programa aún está en preparación –explicó el ministro a Página/12–, sigue adelante y esta es una posición que compartió todo el gabinete nacional”. Según González García, se prevé que el programa –consistente en el asesoramiento y la entrega gratuita de métodos anticonceptivos– “estará en ejecución en todo el país en mayo”. “Cualquier medida que interfiera con esta ley es discriminatoria, porque afecta a las mujeres más pobres y con menos información”, enfatizó.
La directora general de la Mujer del gobierno porteño, María Elena Barbagelata, consideró que “los intentos de grupos fundamentalistas de frenar la aplicación de la norma violan los derechos de las mujeres a tener una vida con salud reproductiva y profundizan la exclusión, condenándolas a muertes y discapacidades en razón de la maternidad”. También se expresaron en apoyo a la ley las diputadas porteñas Clori Yelicic y Juliana Marino y la senadora bonaerense Elisa Carca.
En rigor, ley de Salud Reproductiva está en preparación porque, aunque está sancionada, aún no fue reglamentada. Eso impide incluso que se la considere en vigencia, tal como lo hizo el fallo en discusión. Por eso, la asesora legal del ministerio, Claudia Madies, definió el fallo como “irregular y por lo menos atípico”, porque se emitió contra una ley antes de que entrara en vigencia.
Entre los fundamentos del fallo, los técnicos del ministerio encontraron argumentos para recusar a la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano, la misma magistrada que en octubre de 2001 prohibió la venta de la píldora conocida como “del día después”. “Tomó fundamentos de ese fallo anterior y los incorporó a este caso –dijo el ministro–, cuando esta ley no tiene ningún componente abortivo y es antiabortiva.”
La apelación y la recusación fueron presentada en los tribunales federales de Córdoba el martes por la mañana, minutos antes de que se vencieran los plazos legales para hacerlo. Para el ministerio, el fallo no está fundado porque la ley “no está contra la salud, no está contra la vida y se pronuncia en defensa de los derechos del niño”, todos aspectos que habían sido cuestionados por la jueza.
Ayer por la mañana, Garzón de Lascano tomó nota de la presentación oficial y se desvinculó del caso. Remitió la recusación a la Cámara Federal de Apelaciones y envió la apelación al juzgado federal número dos.