Vecinos del barrio de Agronomía se oponen a la construcción de un estadio cubierto en el Club Comunicaciones, aprobado por la Legislatura porteña en octubre del año pasado como parte del plan de salvataje del club. Con ese fin, ya reunieron más de 2000 firmas y lograron que se presente un proyecto de ley para modificar aquella norma y construir en ese lugar un espacio verde de acceso público. Sostienen que la construcción de un estadio alterará la vida de ese barrio residencial, argumentan que tal iniciativa debe pasar previamente por una audiencia pública y una ley de doble lectura, pasos que se omitieron, y se quejan porque el barrio cuenta con un enorme pulmón verde al que, en su mayor parte, los vecinos no pueden acceder. Con o sin estadio, el salvataje de Comunicaciones está a punto de naufragar: el juez a cargo de la quiebra ahora no acepta los 12 millones que ofrece la Ciudad y, tras sumar los intereses, exige 25 millones. En la Legislatura sospechan que en realidad existe una preferencia hacia un oferente privado: el dirigente camionero Hugo Moyano.

La ley ahora cuestionada fue aprobada casi por unanimidad: el único que se abstuvo fue el diputado Marcelo Parrilli (MST). Esa norma autorizaba al Ejecutivo porteño a pagar la deuda que tiene el club, unos 12 millones de pesos, para evitar la liquidación del predio. Es que en ese momento, había dos interesados en adquirir las 18 hectáreas del club: el empresario de medios de comunicación Daniel Hadad y el Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano.

La ley disponía que, como contraprestación para la Ciudad, el club cedería seis hectáreas para la construcción de un estadio cubierto, obra que sería encarada por la Ciudad a través de una licitación con posterior concesión. A ese artículo de la ley se opone el proyecto que presentó el diputado Adrián Camps (Proyecto Sur), en el que se propone que en esas seis hectáreas “deberá formalizarse la creación de un espacio verde público de acceso irrestricto”.

La movida fue organizada por el Consejo Consultivo Honorario de la Comuna 15, que incluye al barrio de Agronomía. Ese consejo le envió el 2 de febrero una nota al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la que expresan su oposición a la construcción de un estadio para recitales, tal como lo dispuso la ley 3604.

La ley, sostienen los vecinos, “incluyó sin debate alguno y sin cumplir con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, que exige un estudio de impacto ambiental previo” la construcción de un estadio “que no compita con las actividades del club, es decir, para recitales”.

Si bien consideran “legítima” la presentación de la Ciudad para salvar al club, advierten que permitir la construcción de un estadio sin cumplir con los requisitos enunciados convertiría la concesión y el uso en “absolutamente ilegales y violatorios de la Constitución”.

“El predio forma parte del tercer pulmón verde de la ciudad, en lo que fuera el Parque Central, creado por decreto del presidente Roca en 1901 junto con el parque Tres de Febrero”, recuerdan. Y advierten que Agronomía, paradójicamente, “no cuenta con ninguna plaza”.

“Incluso el predio que se le otorgó a la Universidad de Buenos Aires, para el funcionamiento de las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, tiene importantes áreas que permanecen cerradas con candado los fines de semana, sin posibilidad de acceso público”, advirtió a este diario el diputado Camps, autor del proyecto.

Camps fue uno de los que votó a favor de la iniciativa que habían consensuado oficialistas y opositores para salvar al club. La diputada Delia Bisutti, que en ese entonces pertenecía al bloque de Proyecto Sur, y Aníbal Ibarra, de Diálogo por Buenos Aires, habían propuesto entonces otro proyecto para que el Estado porteño ponga el dinero de la deuda y el club, como contraprestación, brinde servicios de colonias de vacaciones para niños de escuelas porteñas. Pero el PRO se opuso a esa idea y el Ejecutivo advirtió que lo vetaría. Por eso, la oposición se allanó a aceptar la propuesta macrista de que el club ceda parte del terreno para construir un estadio.

“El barrio tiene 20 mil habitantes, no puede soportar un estadio en el que ingresen por día la misma cantidad de personas que viven en la zona”, dijo a Página/12 Víctor Asa, uno de los vecinos que promueve la campaña. “Además –agregó– la comuna tiene sólo 1500 metros de ahí al estadio Malvinas Argentinas, que es muy confortable y está habilitado para 9000 personas.”

La aprobación de la ley, en octubre último, había sido celebrada por los socios, que vienen soportando un proceso judicial de diez años y vieron entonces la oportunidad de retomar el control del club. Nada de eso sucedió hasta ahora. Pese al consenso político, la propuesta no pudo avanzar ya que el juez Fernando D’Alessandro no aceptó los 12 millones, el monto de la quiebra, sino que agregó los intereses, hasta sumar unos 25 millones de pesos. “Sin embargo, a Moyano le acepta los 12 millones”, dijo a Página/12 el diputado Aníbal Ibarra, quien se entrevistó con el juez para reclamarle que no se le cobre los intereses al club. Moyano es el único oferente que quedó en pie después de que Hadad bajara su propuesta.

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