La muerte de un bebé de dos meses en la Villa 31, el lunes por la mañana, se sumó a la dramática situación por la que pasan los invisibilizados, los habitantes de villas y asentamientos porteños. El viernes pasado, el juez Roberto Gallardo había ordenado en audiencia pública la inmediata reapertura de todos los centros de salud (Cesac). La medida no se cumplió: ayer, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, se levantó del lecho (supuestamente estaba en reposo hasta el jueves próximo) sólo para interrumpir las decisiones de Gallardo interponiendo un pedido de recusación. Mientras, los centros siguieron cerrados pese a que la medida no es suspensiva, con lo que lo único que logró fue mantener en suspenso la salud de la mayor parte de los vecinos invisibilizados. Hoy, al mediodía, frente a la Cámara de Apelaciones que debe definir si Gallardo se aparta o no, se realizará una concentración para reclamar celeridad en la decisión de los camaristas. Habrá médicos, enfermeras y los invisibilizados de siempre. Ayer, el director del SAME, Salvador Crescenti, se presentó a la Comisión de Salud de la Legislatura y respondió preguntas de los legisladores. “La gran responsable es la ciudad de Buenos Aires –dijo a Página/12 Jorge Selser, titular de la comisión y diputado de Proyecto Sur–. No se entiende por qué no ponen la Metropolitana como custodia.”

“Denle la voz, ella va a hablar”, insistieron en la 31. Denle la voz es a Elena, una jovencita de 25 años, de origen boliviano, lo que es decir discriminada entre discriminados. Alquila una piecita en la manzana 14 del Barrio Güemes. Está sola (ahora más que nunca): su hermana, el familiar más cercano en Argentina, vive en

Ushuaia. Hace dos meses tuvo un bebé por cesárea en el Hospital Rivadavia. El lunes el chiquito murió. Curiosa situación ésta de promover la voz de alguien que habla porque le es más vital ser visible, que la gravedad del dolor que empuja a esquivar la exposición pública.

“A los cuatro días de la cesárea me volvieron a internar –dijo Elena, con la voz recortada por la angustia–. Mi estado de salud se complicó. Yo no podía cuidar a mi bebé porque soy sola y el bebé quedó en neo”, explicó, por neonatología. “Como no tenía a nadie me lo cuidaban los doctores, porque yo no lo podía alimentar. Con todo lo que me hicieron yo no tenía leche para alimentarlo. Después me trajeron a mi casa. Pero yo no me podía levantar. El lunes mi bebé empezó a llorar muy temprano, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién pedir ayuda, me costaba mucho levantarme. Le puse unos paños fríos. Y no sirvió porque seguía llorando y levantando fiebre. Yo estoy muy sola y no sabía qué hacer.” Elena hablaba y se desconsolaba y volvía a hablar e irremediablemente dejaba de lado toda posibilidad de silencio.

Aunque no en forma directa, la muerte del bebé de Elena se produjo en el marco de la completa crisis de la atención de salud de los vecinos de villas y asentamientos porteños. La situación se agravó ayer, después de que el ministro de Salud Jorge Lemus presentó el pedido de recusación del juez Roberto Gallardo. El magistrado, del fuero Contencioso Administrativo porteño, presidió una audiencia pública el jueves pasado, tal como informó este diario, a la que concurrieron delegados y vecinos de asentamientos, médicos y trabajadores de la salud, todos querellantes contra el gobierno porteño por el cierre de centros de salud. Gallardo ordenó entre otras medidas la inmediata reapertura de todos los centros vinculados con las villas y citó a una nueva audiencia para el lunes próximo. Citó especialmente a Lemus. El ministro estuvo ausente con parte médico, que diagnosticó “posibles problemas cardíacos” y prescribió “siete días de reposo”. “Nosotros no tenemos médicos ni siquiera para un certificado”, chanceaban los delegados en la audiencia.

Según un informe que el legislador Selser señaló a este diario, “de los 26 centros de salud vinculados con la zona sur, 13 seguían cerrados”, lo que implicaba que la medida de Gallardo estaba incumplida.

Pero ayer, Lemus abandonó su reposo para tomar su primera resolución administrativa: pidió la recusación de Gallardo. El pedido pasó a la Cámara de Apelaciones. Entretanto, las medidas ordenadas por el juez pasaron a la jueza Andrea Dana y siguen vigentes. E incumplidas. Hoy, al mediodía, médicos, trabajadores de la salud, y vecinos se concentrarán en Rodríguez Peña 636, a las puertas de la Cámara, para acompañar una petición urgente de ACIJ, ONG querellante, para que rechace sin más trámite el pedido de recusación interpuesto.

“La responsabilidad es de la Ciudad. No entiendo por qué si tienen 2100 policías de la Metropolitana, dicen que van a contratar 50 vigiladores que no tienen las mismas atribuciones ¿Acaso no tienen 50 policías?”. El martes próximo, a las 13.30, el segundo de Lemus, Néstor Pérez Baliño, informará ante la Comisión de Salud de la Legislatura.

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