Reclamos históricos de las comunidades indígenas de Formosa se hicieron oír en el último tiempo, en especial en torno de la propiedad de la tierra. El caso más resonante fue el de los qom de La Primavera, que tras el asesinato a manos de la policía provincial de Roberto López, en noviembre de 2010, buscan llamar la atención de las autoridades nacionales con un acampe en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la Defensoría del Pueblo de la Nación prepara un informe sobre más de 20 parajes y barrios aborígenes de todo el territorio formoseño que, suponen, “puede llegar a una instancia judicial”, como ocurrió hace cuatro años con las comunidades originarias de Chaco. Página/12 visitó algunos de esos lugares, donde recibió testimonios sobre incendio de viviendas, falta atención de denuncias en las comisarías y apropiación de cementerios por parte de estancieros, entre otros avasallamientos. Los reclamos que se repiten son la construcción de viviendas de material –allí abundan las chozas de palo y frazada, y los ranchos de adobe–, el acceso al agua potable y un sistema de salud que llegue a todos los indígenas. Desde el gobierno de Formosa sólo respondió a la consulta de este diario la directora de Prestaciones de Salud, quien exhibió estadísticas según las cuales la situación sanitaria de los aborígenes es “mejor que el promedio de los formoseños” (ver aparte).

Déficit sanitario

“Todas las conquistas se obtuvieron gracias a nuestros cortes de ruta”, se presentó un integrante del pueblo qom. En la comunidad de Bartolomé de las Casas, en el centro de la provincia, se reflejan problemáticas comunes a otros parajes, como la escasez de alimentos. Por ejemplo, denuncian que las cajas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que gestiona la provincia, no llegan a todos y son entregadas cada tres meses. Cada una le dura dos o tres días a una familia de seis personas, en su mayoría dependientes de asignaciones sociales.

Aquí, el déficit sanitario es denunciado por la comunidad y asumido desde el centro de salud local. Un trabajador de la sala, que no quiso revelar su nombre, explicó: “Hay un solo médico para más de tres mil habitantes. Tendría que haber tres médicos según los estándares de la Organización Mundial de la Salud”. Al no ser un hospital, no hay sala de internación ni de parto. Por ende, “si una mujer va a parir, se la lleva a Fontana (a 7 kilómetros), y si el parto es complejo, se la traslada a Ibarreta (32 kilómetros)”. Pero “hace un mes que no anda la ambulancia”, advirtió.

En torno de la tenencia de la tierra, este pueblo pasó de tener título sobre 33.750 hectáreas, por un decreto del año 1921, a 14.321 en propiedad comunitaria, según la escritura 475 de 1985, informó el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), organismo del gobierno de Formosa. Por eso, ahora reclaman un nuevo relevamiento territorial, tal como lo dispone la ley nacional 26.160 y su prórroga, la 26.554.

Beber de los charcos

A 30 kilómetros de la ciudad de Ingeniero Juárez, en el oeste de Formosa, se ubica Pozo del Pato, un paraje donde viven 26 familias wichí en situación de pobreza extrema. Según la escritura 92 de 1989, cuentan con 2173 hectáreas de propiedad comunitaria, dijeron desde el ICA. Hace 25 años vivían en Mistolá, unos kilómetros al sur, pero los mudaron cuando Jorge Bellsolá Ferrer adquirió la estancia La Florencia Oeste, de 60.430 hectáreas, y algunos caciques aceptaron el traslado. “Allá teníamos nuestro cementerio”, contó a este diario un integrante de la comunidad wichí.

En Pozo del Pato sienten que las autoridades no escuchan sus reclamos. Por ejemplo, hace un tiempo una criolla les “mató los perros que los ayudan a cazar”. “Fuimos a la comisaría, pero no nos atienden”, ejemplificó un wichí. Cuentan que, cuando vivían en Mistolá, había una escuela secundaria que, cuando ellos se mudaron, quedó allí y ahora, dicen, no va nadie. Pese a eso, “mantiene seis empleados, una base con radio y un agente sanitario”.

En la escuela primaria de Pozo del Pato, los niños reciben un almuerzo, pero “cuando llueve la maestra no asiste y no deja la comida para que la hagamos nosotros”, criticó un adulto. Aunque cazan conejos y recolectan porotos del monte, eso “no alcanza”. Es por esto que dependen del Estado para acceder a la alimentación, ya que, salvo algún changarín, todos son desocupados.

El agua también se obtiene de la escuela, de un aljibe que llena un camión del municipio. No obstante, relataron que muchas veces la reserva queda vacía y beben de los charcos. La ONG Bosque Modelo les colocó la base de un molino para extraer agua de pozo, pero no terminó el trabajo y al día de hoy el sistema no funciona, ni siquiera están las paletas del aparato. Los originarios responsabilizan por el trabajo no terminado al intendente de Juárez, Cristino Vidal Mendoza, el mismo que fue procesado por el robo de dos mil DNI de indígenas.

Alambrados

La violencia con habitantes “criollos” marcó la historia reciente de los qom del Paraje 503, dependiente del municipio de Estanislao del Campo. La más grave fue el 1º de diciembre de 2010. Carlos López “pescaba en el río cuando gente de Estanislao del Campo le robó los pescados, le sacaron la ropa y lo quisieron zambullir”, contó un joven a Página/12. Luego “lo corrieron siete hombres con armas”. Carlos “usó a uno de los criollos como escudo para escapar”. “Estuvo tres días en cama, sin comer, hasta que contó todo.” Aunque en un primer momento no pudieron hacer la denuncia porque la comisaría de 503 se encontraba cerrada, en la actualidad se tramita una causa por este ataque en el Juzgado Nº3 de Las Lomitas.

Héctor Amargán es el ganadero con el que mayor conflicto tienen. Entre otras cosas, el hombre alambró para dificultar el acceso al curso de agua más cercano. Además denunciaron: “No nos deja entrar al cementerio donde descansan nuestros ancestros”.

El ICA reconoce que el Paraje 503 tiene 238 hectáreas, de las que tramita el título de propiedad. Sin embargo, ante una presentación de Amargán, el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº3 de Las Lomitas ordenó desalojar esas tierras, sin contemplar la ley 26.544, que ordena suspender todos los desalojos en zonas de conflicto habitadas por indígenas. A pesar de los reiterados cruces con el ganadero, el arraigo a esa tierra hace que las quince familias del Paraje 503 no piensen en migrar. “Nuestros abuelos nacieron y descansan acá, ¿cómo nos vamos a ir?”, reflexionó un dirigente de la comunidad.

Desplazados

En Santo Domingo, situado al sudeste de la provincia, son 50 los qom que viven en diez de las dos mil hectáreas que reclaman. Esta comunidad “se asentó en la zona en 1926, donde vivían como nómades desde siempre”, explicó a este diario la antropóloga Florencia Tola, investigadora adjunta del Conicet. Estuvieron allí hasta 1983 cuando, por la crecida del río Bermejo, se trasladaron a Riacho de Oro, a pocos kilómetros. Pero jamás dejaron de cuidar su lugar. Cuando en 2006 decidieron regresar de forma definitiva a Santo Domingo, comenzaron un conflicto con la ganadera Lidia Maza, que no tiene títulos de esos lotes, pero sí se le reconoció la posesión en la Dirección de Tierras.

El 19 de agosto de 2006, Marcelino y Juan Martín Barrios, junto a Félix Suárez, “fueron llevados en la camioneta de Maza a la comisaría de Subteniente Perín”, contó uno de los habitantes qom. Allí “los tuvieron seis días en condiciones infrahumanas”. Luego, la comisaría no tomó la denuncia que quisieron hacer los originarios por las agresiones sufridas. Mientras los hombres permanecieron detenidos, el 20 de agosto les incendiaron las viviendas.

No todas son en contra de la comunidad. El 21 de noviembre de 2006, el titular del Juzgado de Instrucción Correccional Nº2 de Formosa, Federico Acosta, rechazó una denuncia por usurpación presentada por Maza. Sin embargo, los problemas aún persisten. “Se quiere adueñar de las tierras”, denunció uno de los habitantes. Y mostró las dos tranqueras con candados que los empleados de la mujer pusieron en el camino que va desde la ruta hasta la comunidad. Pero lo más grave es que “ocupó el cementerio donde están nuestros ancestros”, resaltó. En el mismo marco, el año pasado les quemaron cuatro casas. “Dejaron todo destrozado, y aunque hicimos la denuncia, la policía de Perín no hizo nada”, cuestionó.

También es compleja su situación en el plano sanitario, ya que aseguran que casi el total de la comunidad tiene mal de Chagas. “Nadie pasa a pulverizar contra la vinchuca. No recibimos la visita de agentes sanitarios. Y para realizar algún tipo de tratamiento, el centro de salud más cercano está en Subteniente Perín, a 20 kilómetros”, detallan.

“Aquí no llegan las cajas de alimentos de Desarrollo Social”, denuncian. Por eso, los cultivos de maíz, zapallo y sandía, y la cría de chivos, son la única opción alimentaria. Igual que en los demás parajes, los habitantes no forman parte del mercado laboral.

A pesar de que sufren enfermedades prevenibles, cuentan con poco alimento y beben agua de los charcos. En Santo Domingo conservan una regla ancestral: “Cuando uno labra la tierra, la persona vive; pero si no tiene la tierra para trabajar, la persona está muerta”.

Informe: Leonardo Rossi.