La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom de La Primavera, de Formosa, para garantizar “la integridad física” de sus miembros, así como también el regreso de su cacique, Félix Díaz, a su hogar. La intervención del organismo internacional había sido requerida por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre pasado, tras la represión que sufrió el pueblo originario el 23 de noviembre de 2010. En ese episodio murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. En este marco, el líder qom manifestó su “sorpresa” por esta resolución “tan favorable en tan corto tiempo”. No obstante, Díaz sostiene, en el acampe montado en Avenida de Mayo y 9 de Julio, la huelga de hambre que inició el lunes para exigir que el gobierno nacional dé respuestas a sus reclamos. En ese lugar, los aborígenes también mantienen un corte parcial de tránsito.

En el primer punto de la solicitud, fechada el 21 de abril y difundida ayer, la CIDH pidió al gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. En ese mismo sentido, apuntó que se deben proporcionar “las medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad” a Formosa. Para avanzar con estos requerimientos, la Comisión instó al Ejecutivo a que “concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes”.

En diálogo con Página/12, Félix Díaz compartió su “sorpresa enorme”, ya que creía que “jamás podría salir algo favorable” ante sus reclamos “en tan corto tiempo”. De todas formas, el cacique fue cauto: “La verdad, no estamos seguros de lo que va a pasar. Por experiencia sabemos que a nivel nacional se puede intervenir y luego la provincia no responde”. Por ahora, Díaz mantendrá la huelga de hambre, que realiza junto a otras quince personas, y el corte del tránsito en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde acampan desde hace cinco meses. Asimismo anticipó que de garantizársele la seguridad podría viajar a Formosa, aunque no levantará el acampe en Buenos Aires “hasta que haya resolución del tema tierras y avances en la investigación de la muerte de Roberto López”.

El 1º de diciembre de 2010, la Defensoría General y el CELS habían enviado una carta a la CIDH en reclamo de la adopción de una medida cautelar, “que garantice la vida y la integridad física” de los qom de La Primavera. En el escrito se solicitó a la Comisión que “inste al Estado argentino a proteger a los indígenas y a sus dirigentes, suspender todo acto de desalojo y promover la investigación de los responsables de los ataques” ocurridos el 23 de noviembre, en los que murió López. En esa oportunidad, los originarios fueron desalojados y reprimidos, con incendio de viviendas de por medio, cuando se manifestaban en la ruta 86 por la recuperación de 1300 hectáreas que, aseguran, les pertenecen ancestralmente y que hoy dicen suyas el gobierno formoseño y la familia Celía.

La CIDH envió el 18 de febrero un pedido de informes al Estado argentino sobre las medidas que había tomado hasta ese entonces para proteger a los indígenas, en pos de definir si era necesaria o no la adopción de una medida cautelar. La respuesta del Gobierno tuvo como eje la exposición del acuerdo firmado el 30 de diciembre entre funcionarios nacionales y Félix Díaz, en torno de problemas de orden territorial, sanitario, documentario y de seguridad. De esa acta, la comunidad denuncia que “no se cumplió ningún punto”. Tras esa falta de avance en la resolución del conflicto, el organismo interamericano finalmente hizo lugar al pedido del CELS y la Defensoría General.

El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, entendió que ahora “el Gobierno debería convocar a Díaz y a la comunidad a discutir de qué manera se implementa esta medida”. Lo que se debe alcanzar, explicó Chillier a Página/12, es un plan “con el que los qom estén de acuerdo y que al mismo tiempo sea efectivo”. Por ejemplo, sugirió el directivo, en un programa de seguridad para la comunidad “no deberían intervenir fuerzas provinciales”.

La Comisión también ordenó al Gobierno informar “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. Además, el Ejecutivo deberá presentar información sobre el cumplimiento de las medidas, “dentro del plazo de 15 días, y actualizar dicha información en forma periódica”.

En este nuevo marco, desde la Defensoría General consideraron, a través de un comunicado, que “se abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal y la provincia de Formosa”. En la misma línea, Chillier evaluó que “inexorablemente se va a destrabar la falta de diálogo” entre el Gobierno y los qom. “Esta medida es vinculante y el Estado la debe cumplir, es obligatoria”, concluyó.

Informe: Leonardo Rossi.