El Ministerio de Salud porteño resolvió cerrar un servicio del Hospital Borda destinado al tratamiento de pacientes con adicciones y portadores de VIH, pero un fallo de la Justicia porteña le ordenó ayer que lo mantenga en funcionamiento. El conflicto se suma a los problemas de infraestructura que padece el hospital que, desde hace una semana, se encuentra sin suministro de gas. Ayer hubo una protesta de trabajadores de ese centro asistencial, en tanto que los profesionales se encuentran es estado de alerta y legisladores de la oposición advierten sobre el “estado de abandono de algunos pabellones que hablan del desinterés del ministro Jorge Lemus por el hospital público y la salud mental de los pacientes”.

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Andrea Danas resolvió ayer que el gobierno de la Ciudad deberá “mantener el servicio 14-22” del Borda, como se conoce al lugar destinado a la atención de pacientes adictos. La causa se inició en octubre, cuando el asesor tutelar Gustavo Moreno reclamó mejoras edilicias en el pabellón donde funcionaba este servicio. En ese momento, el Ministerio de Salud no sólo no apeló la medida sino que resolvió que los pacientes serían trasladados a otro pabellón, que sería acondicionado especialmente, con un espacio cerrado con rejas.

Pero cuando se realizó una inspección judicial, en marzo último, la asesora tutelar descubrió que el lugar no sólo no se había acondicionado en el plazo previsto, sino que los pacientes habían sido distribuidos en otros servicios. En un escrito, las autoridades del hospital argumentan que el denominado 14-22 “no se trata literalmente de un servicio sino de un sector”, cuyos responsables no tomaron “ninguna medida para afrontar las quejas de numerosas áreas del hospital sobre conductas inadecuadas de algunos de sus internos”, entre las que menciona “sustracciones y agresiones sufridas por otros pacientes” y “amenazas padecidas por el personal”, a lo que agrega que algunos internos “suelen deambular en grupo a cualquier hora” y reprocha que “tampoco se ha esmerado (esa área) en otorgar altas: en 2010 sólo hubo un alta médica” sobre un total de 15 pacientes.

Es decir que en vez de mejorar las condiciones del tratamiento de esos pacientes, la conducción del Borda, junto a la Dirección General de Salud Mental, resolvió “la redistribución de los pacientes, efectuada –según concluye la jueza– con el único criterio de su ‘perfil delictivo’ o su peligrosidad pero sin atender la especificidad de la problemática de las adicciones, sobre lo cual nada se dice”.

Justamente uno de los pacientes internados por problemas de adicciones falleció el 7 de abril último como consecuencia de un incendio, en una habitación del pabellón central del hospital, originado por causas que aún se desconocen.

A estos problemas se sumó el miércoles último el corte del suministro de gas, originado en una pérdida que habría sido provocada por la rotura, al parecer intencional, de una cámara ubicada sobre el acceso de la calle Brandsen. Tras la intervención de los bomberos, la empresa Metrogas cortó el servicio a todo el hospital.

Entre otros inconvenientes, el corte afectó a la cocina, los calefactores y, fundamentalmente, las calderas, donde se calienta el agua para la higiene de los pacientes. “Desde entonces, los enfermeros usan calentadores eléctricos para poder higienizar a los pacientes”, dijo a este diario el secretario general de la Asociación de Profesionales del Borda, Gabriel Cavia. La Asociación es una de las promotoras del recurso de amparo con sentencia favorable, en el que la Justicia ordenó al gobierno porteño realizar las obras de infraestructura necesarias y proveer recursos humanos para el funcionamiento del hospital. Esa sentencia fue apelada por el gobierno de Mauricio Macri y ahora espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones.

Para la diputada Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria) “la falta de respuestas del gobierno porteño en materia de infraestructura está vinculada con su firme decisión de vaciar el Borda”. “El cierre que quisieron hacer por decreto y que fue frenado por la movilización de los trabajadores se va a producir por abandono y falta de inversión”, denunció.

Un planteo similar realizó el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Jorge Selser. “Los problemas con el gas empezaron hace dos años y, si bien se hicieron algunas obras, otras quedaron paralizadas y hay sectores que carecen de suministro”, advirtió el legislador.

Los trabajos para resolver la falta de gas se iniciaron el viernes y ayer, en apariencia, estaban terminados, “pero cuando llegó el personal de Metrogas para hacer las pruebas previas a la reconexión, no estaba el responsable matriculado de la obra”, dijo a Página/12 Hernán Mourette, vocero de la compañía distribuidora.

Ayer, legisladores que integran la Comisión de Seguimiento de la Ley de Salud Mental recorrieron las instalaciones del hospital.

“Si bien se pudieron corregir las pérdidas detectadas, Metrogas exigía hoy firmas certificadas que no habían sido provistas por el Ministerio de Salud porteño”, expresaron en un comunicado. La diputada María Elena Naddeo y asesores de los legisladores Jorge Selser y Diana Maffia reclamaron, “de manera urgente, los recursos necesarios para la solución de la falta de gas”.

Además, denunciaron que durante la visita detectaron “un serio problema de líquidos y olores cloacales en la cocina”, así como “un estado de abandono de numerosos pabellones que hablan del desinterés de la gestión del ministro Jorge Lemus por el hospital público y la salud mental de los pacientes”.

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