El inspector que debía combatir la corrupción de los policías en la provincia pero se dedicaba a extorsionarlos al parecer no estaba solo: una calificada fuente del Ministerio de Seguridad reveló a Página/12 que ocho compañeros suyos están bajo la lupa oficial. “Por ahora están limitados en sus funciones” hasta que termine la investigación, señaló la fuente. La decisión fue tomada por las autoridades de Asuntos Internos, la repartición responsable de los sumarios y en la que revistaba el inspector ahora preso. Esas mismas autoridades habían puesto en marcha la pesquisa interna de la que dio cuenta ayer este diario en forma exclusiva.
Por sus funciones, esos ocho funcionarios de la División Asuntos Internos (AI) estaban cerca del ahora ex inspector Luis María Giordano, aunque ninguno por el momento está imputado en esta causa, impulsada desde el ministerio y que lleva adelante la fiscalía de Virginia Bravo.
Sus nombres aparecieron pocos días después de que la gente de la División A.I. diera con el nombre de Giordano dentro de la misteriosa agenda de contactos de su socia de negocios, Alicia Serrano, una ex secretaria del desaparecido Juzgado Penal Criminal número 2 de La Plata, exonerada de la Justicia, ex detenida y prontuariada por chantaje. Esa pesquisa comenzó entre el 13 y 14 de enero de este año, el día en el que uno de los comisarios de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Vila, fue hasta La Plata preocupado por una citación por un sumario.
Vila estaba al frente de la comisaría de San Clemente. En diciembre había recibido una inspección de los hombres de A.I. que habían terminado encontrando algunos problemas menores en uno de sus depósitos. En esa ocasión, Vila ordenó los asuntos del depósito, sacó unas fotografías y las envió a La Plata para demostrar que aquel asunto ya estaba en orden. El problema es que esas fotografías fueron usadas después para extorsionarlo.
Giordano había hecho la inspección de San Clemente y cuando volvió, aquel asunto, las fotos y el nombre del comisario, se convirtieron en objetivo de su próximo negocio. Tal como lo hacía habitualmente, Giordano le pasó los datos a su socia, ella llamó al comisario y lo convocó a La Plata asegurándole que tenía un sumario abierto. Serrano le dio la dirección de su oficina, ubicada en la calle 55 número 934 de La Plata, al lado del edificio del ministerio donde funciona A.I. Cuando Vila acudió a la cita se equivocó de domicilio: no fue a la oficina de la ex secretaria judicial sino a la verdadera A.I. En ese momento comenzó la causa.
“Vila no hizo la denuncia, la investigación empezó cuando se reunió con la gente de esa área, preocupado por la existencia de un supuesto sumario”, explicó la fuente del ministerio. Allí, el comisario supo que su legajo estaba en orden, pero de todos modos, alentado por Ruben Amoreti, el titular del organismo, decidió buscar los motivos de aquel extraño llamado. Minutos después, Vila dejaba ese despacho y entraba a la oficina lindera de Serrano.
“¿Sabés una cosa? –le dijo ella–. Con las fotitos que mandaste no arreglamos nada.” A continuación puso el asunto en blanco sobre negro. Le pidió tres mil pesos para archivar la causa, Vila tomó los datos, se despidió y antes de volverse a San Clemente regresó a lo de Amoreti.
Días más tarde, la Justicia abría una causa como “Amoreti/denuncia” y desde el ministerio se planeaba la estrategia por la que Serrano y Giordano terminaron acusados. Ahora Giordano está imputado pero en libertad, mientras la Justicia sigue investigando.