Tienen razón. Los integrantes de la comunidad qom que reclaman desde hace cuatro meses en Buenos Aires tienen razón. Y esto dicho sin entrar en el análisis minucioso (por cierto, necesario e ineludible) de cada uno de los puntos del petitorio planteado por esta porción de los pueblos originarios. Sus razones son históricas, ancestrales. Tan antiguas como el desconocimiento que la mayoría de la sociedad argentina tiene respecto de sus demandas.

No han bastado ni son suficientes los reconocimientos formales. Ni los establecidos en la Constitución Nacional de 1994, ni los tratados internacionales, ni las leyes emitidas en la materia. Porque por motivos fácilmente explicables en intereses y en relaciones de poder, la letra que sostiene la razón jurídica está presa de muerte de la misma manera que lo están muchos de los que lucharon por los derechos indígenas en el país.

Tienen razón todos los que argumentan a favor de los pueblos indígenas de nuestro país, porque más allá de los discursos no existe una política pública destinada a reconocer, salvaguardar y reivindicar los derechos que formalmente se reconocen a las comunidades. También porque por razones de índole “macropolítica” el gobierno nacional evita enfrentarse con el interés provincial y por esa vía termina legitimando conductas claramente violatorias de los derechos humanos, como la que práctica el gobierno formoseño encabezado por el gobernador Gildo Insfrán.

Tienen razón a pesar de que el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, señale que hay diálogos en marcha con otros dirigentes y acuse poco menos que de necios a quienes acampan en Buenos Aires. Porque si la Justicia es lenta para todos, lo es especialmente para los indígenas de nuestro país que han visto cómo los procedimientos judiciales terminan embarrando y entorpeciendo el ejercicio de derechos que a simple vista –para quienes no tienen la visión nublada por intereses económicos o por ideología– son indiscutibles.

Tienen razón por más que la acción emprendida pueda resultar molesta para quienes habitan en la ciudad. Porque es la sociedad argentina, con indiferencia, algunas veces, con discriminación, la mayoría, la que ha hecho un piquete permanente durante centenares de años a los derechos legítimos y a la lucha perseverante y pacífica de estos pueblos y comunidades.

Tienen razón porque, como señalan algunos de los carteles plantados en el acampe porteño, “la tierra es nuestra vida” y es eso lo que reclaman, porque se la han quitado y aunque les asiste el derecho no se la quieren restituir. También porque la respuesta a su reclamo ha sido en la mayoría de los casos la represión, directa o solapada, y como consecuencia la muerte, como ocurrió con Roberto López en noviembre pasado. “No tenemos nada”, dice otro cartel. Si se los priva de la tierra, se les quita la vida.

Estos indígenas y todos los que habitan en el territorio argentino tienen razón en sus demandas de derechos, más allá de las circunstancias de cualquier conflicto particular. Tienen razón porque tienen derecho a tener derechos, a ejercerlos efectivamente para que todo no quede en reconocimiento vacuo. Toda la sociedad (sin excepciones) tiene que asumir el compromiso de encontrar caminos de justicia para estos reclamos, pero el Estado tiene la primera responsabilidad como garante de los derechos ciudadanos. Es ineludible. Porque tienen razón.