Un detenido y ocho heridos de la comunidad quilmes de Colalao del Valle, en Tucumán, fue el saldo de un intento de desalojo de cuatro familias indígenas, de las tierras que habitan, efectuado por la policía provincial. Los aborígenes defendieron su presencia “ancestral” en estos campos, y aseguraron que poseen una cédula de posesión que data del año 1716. También denunciaron la violación de la ley nacional 26.160 que ordena suspender estos procedimientos en territorios donde se asientan los pueblos originarios. Tras la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Inadi de Tucumán se suspendió temporalmente la medida judicial.

El desalojo había sido ordenado por orden del juez en Documentos y Locaciones Juan Carlos Peral, en beneficio de la familia Rodríguez Colombo, que reivindica la propiedad de ese terreno. A las 9 de ayer, el juez de Paz de Colalao, Adolfo Salazar, junto a unos veinte policías, se presentó en el campo ubicado en el kilómetro 4306 de la ruta 40, en el norte tucumano, para cumplimentar sacar a las cuatro familias que viven allí.

“La policía garroteaba, tiraba balas de goma, y la gente se defendía con palos y piedras”, describió el cacique Franciso Chaile a Página/12. “Finalmente, luego de la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo delegación Tucumán (Inadi), los efectivos se retiraron, pero se llevaron al comunero Nicolás Suárez, quien quedó detenido por resistencia a la autoridad”, explicó Chaile. Hasta anoche esperaban su liberación de la comisaría de Colalao. Durante la tarde la policía intentó llevarlo a San Miguel de Tucumán pero los originarios cortaron la ruta 40, impidieron el paso del móvil policial y se lo regresó a la dependencia local.

El referente de la Comunidad India Quilmes aseguró que, además de ocupar “ancestralmente” estos campos, su pueblo posee “una cédula entregada a la comunidad en 1716 por la Corona española, protocolizada en 1892 por el Estado argentino”. Esos documentos dicen que les pertenecen “24 mil hectáreas”. El lugar reclamado por la familia Rodríguez Colombo, “unas cuatro hectáreas, está dentro de ese territorio”, agregó. Sergio Condorí, delegado de una de las 14 comunidades quilmes (perteneciente a la nación diaguita), denunció que “el padre de Encarnación Rodríguez Colombo llegó a la zona en los años ’50 y cercó el lugar de forma arbitraria, cuando nuestros abuelos ya estaban en el territorio”.

Según manifestó Chaile, la intención de la familia que pide el desalojo es “traer inversiones de capitalistas de afuera para poner viñas”. El cacique marcó que esto va en dirección opuesta a la vida de la comunidad: “Nosotros hacemos agricultura y ganadería de subsistencia”. Añadió que, además, tienen “cerca de cinco mil hectáreas” enmarcadas en este tipo de conflictos.

Desde 2008, cuando unas cuarenta familias comenzaron a construir casas en este lugar, ya sufrieron “tres intentos de desalojo”. Hoy sólo cuatro grupos familiares continúan allí, debido a que el resto buscó “otros lugares por el miedo” a los ataques policiales, dijo el cacique. Sobre esas intervenciones ordenadas por la Justicia, Chaile consideró: “Desconocen la Constitución Nacional, la de Tucumán y no cumplen con la ley 26.160, que ordena suspender los desalojos en territorio indígena”.

En este marco, Josefina Doz Costa, titular de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), presentó un recurso ante el Superior Tribunal de la provincia, para que se deje sin efecto la medida dispuesta.

Informe: Leonardo Rossi.