El tribunal oral que juzgó a los imputados por el incendio de Cromañón, que causó 194 muertes, impuso ayer los montos de las penas. El máximo fue para Omar Chabán, ex gerenciador del boliche, quien recibió ocho años. A su principal colaborador, Raúl Villarreal, le dieron seis años, al igual que al ex subcomisario Carlos Rubén Díaz. A los integrantes de Callejeros Patricio Fontanet y Eduardo Vázquez se les aplicaron penas más altas que al resto, cinco y cuatro años respectivamente. El manager del grupo, Diego Argañaraz, recibió cinco años. Todas estas penas son de cumplimiento efectivo, como la de los tres ex funcionarios porteños involucrados, siendo Fabiana Fiszbin la que recibió mayor condena: le dieron cuatro años. Familiares de las víctimas destacaron estas últimas condenas porque, según ellos, es un hecho inédito en Argentina que los funcionarios vayan a prisión. Ninguno irá tras las rejas, por ahora, hasta que el fallo quede firme.

Tal como lo ordenó el 20 de abril pasado la sala III de la Cámara de Casación, que bajó la calificación general a los acusados de delitos “dolosos” (intencionales) a “culposos”, fue el Tribunal Oral en lo Criminal 24 el encargado de imponer las penas. En el caso de Chabán, como en el de la mayoría de los imputados, el máximo monto posible era 11 años, cinco por “el incendio culposo seguido de muerte” y seis por “el cohecho activo” (el pago de una coima al subcomisario Díaz). Los mismos jueces que le habían dado 20 años en un principio entendieron que Chabán tenía “experiencia como organizador de este tipo de emprendimientos” y “un rol preponderante” en los hechos.

“La imprudencia (de Chabán) puede ser catalogada de temeraria”, sentenciaron los jueces Marcelo Alvero, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza. En diálogo con Página/12, el abogado del ex gerenciador, Pedro D’Attoli, contó que su defendido recibió la condena “sin lamentos ni euforia” y sostuvo que “es el único que estuvo en la cárcel porque fue el chivo expiatorio” del caso. También adelantó que apelará ante la Cámara de Casación y a la Corte Suprema para bajar o anular la pena.

Al hombre de confianza de Chabán, Raúl Villarreal, se le atribuyó una “crucial trascendencia” por varios motivos. Entre otros, porque vendía entradas en boletería, armaba fechas para algunos recitales, dirigía al personal de seguridad o control y disponía su número. Lo más grave, según los jueces, es que permitió el ingreso de fans sin el “cacheo de rigor” y “pese a tener autoridad para modificar las salidas no dio ninguna orden para agilizar las vías de escape, sino que por el contrario dio orden de cierre de los portones violeta del hall central”.

La persona que cobraba las coimas de Villarreal y Chabán, el ex subcomisario Carlos Díaz, recibió seis años de condena por “su omisión funcional” al no clausurar preventivamente el lugar “ante el cúmulo de contravenciones” existentes. Además, los magistrados aseguraron que Díaz contribuyó “de manera efectiva” a la producción del incendio, “pues estaba al alcance de sus manos la posibilidad de llegar a conocer todas las condiciones de peligro que presentaba el local”. El ex subcomisario recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En lo que concierne al ex manager y a la banda, el tribunal hizo varias diferenciaciones. Aunque a Argañaraz y a Callejeros se los define como “coorganizadores” del recital en el fallo de Casación, los jueces determinaron que el manager tenía menos experiencia que Chabán, aunque le achacan la contratación de la seguridad y “el control de las condiciones del lugar antes de que la banda saliera a tocar”. El fallo habla del “ánimo de lucro” de Argañaraz, pero aclara que éste no era “exclusivamente personal”: también respondía a los intereses de la banda.

Fontanet y Vázquez –este último detenido por la muerte de su esposa Wanda Taddei– recibieron condenas más altas por ser miembros fundadores de la banda y también por haber alentado, públicamente, el uso de pirotecnia antes del incendio. El primero tenía “preponderancia sobre el resto del grupo”, “un mayor conocimiento de los factores de riesgo y un mayor deber de evitación”. El resto de los músicos recibió penas de prisión en suspenso: Juan Alberto Carbone y Christian Torrejón tres años; Maximiliano Djerfy y Elio Delgado, dos y medio y Daniel Cardell dos.

“Los jueces no tuvieron en cuenta la ‘pena natural’ que ya recibieron todos los músicos, que perdieron parejas y familiares. Además, no se probó que ellos recorrieran el boliche antes del concierto. No encontramos fundamentos para las penas y los que hay están forzados para llegar a la pena”, le dijo a este diario Martín Gutiérrez, abogado de Callejeros. Del otro lado, Patricio Poplansky, letrado de Familiares por la Vida, aseguró que “todos los músicos tenían la misma responsabilidad, que es alta” y señaló que los argumentos del fallo son más duros que las condenas.

El tribunal fijó distintas penas para los funcionarios acusados de omisión de sus deberes (ver aparte). Cuatro años para Fabiana Fiszbin por su “abierta desidia” como subsecretaria de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad, función que incluía “facultades y obligaciones de primer orden en relación con el poder de policía”. El ex director de Fiscalización y Control, Gustavo Torres, tres años y 9 meses por “la mayúscula inoperancia” y tres años y medio para Ana María Fernández, ex directora adjunta de Fiscalización y Control.

Ningún condenado puede salir del país ni ausentarse de su domicilio por más de un día, sin autorización del tribunal. Nadie irá a prisión hasta que las penas sean revisadas por la Cámara Nacional de Casación Penal y luego por la Corte Suprema. A casación irá mañana un grupo de familiares a quejarse, como comentó Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez, “en nombre de los 15 padres que murieron de pena sin que exista una condena justa”.

“Un paso simbólico enorme”

“Esto no había pasado ni en la tragedia de Lapa ni en la de Fray Bentos ni en el Paseo de la Infanta. Por suerte, sí ocurrió en esta tragedia”, aseguró ayer el abogado querellante José Iglesias al destacar la pena a prisión efectiva para tres ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Iglesias afirmó que apelará la condena de Fabiana Fiszbin para elevarla hasta el máximo previsible: cinco años. Por su parte, otro querellante, Patricio Poplansky, también se mostró conforme y sorprendido con las condenas a los funcionarios. Para Iglesias, “por primera vez se le perdió el miedo a condenar a prisión efectiva a los funcionarios en este país, es un paso simbólico enorme”.