Las seis contaron que todas tenían el mismo reclamo porque las hermanaba la experiencia de dar explicaciones a la hora de los trámites: cuando alguien notaba que los datos del DNI no coincidían con su aspecto físico, que el nombre al que respondían no era el registrado en las planillas, se veían obligadas a aclarar que eran mujeres trans. Explicaron: “Cada día que pasamos con un DNI que no refleja nuestra real identidad nos agravia”. Pidieron una medida cautelar para que la Justicia porteña ordenara al Registro Civil cambiar “el nombre y el sexo registral” de todas y emitir documentos acordes con su identidad de género. Ese mismo día, la jueza Elena Liberatori concedió el pedido a las seis demandantes; una semana y un día después, otra jueza dejó en firme la sentencia. Las seis mujeres trans, que hicieron su pedido un día después de conocer las fechas de las elecciones porteñas, podrán votar con DNI que las reconozcan como tales. El amparo conjunto de Alba Rueda, Valeria Licciardi, Martina Nikolle Córdoba Ansardi, Lucía Romina Escobar, María Julieta Burgos y Paula P. fue “histórico” porque, con su resolución, por primera vez se “reconoce este derecho (de respeto a la identidad de género) en forma conjunta” y lo “une con el derecho democrático al voto”, señaló Martín Canevaro, de la ONG 100% Diversidad y Derechos, responsable del patrocinio del grupo. En el pedido de amparo, las demandantes también habían señalado: “Venimos a solicitar trato digno”. Por ello, agregaban, esperaban que durante la tramitación del proceso la Justicia las tratara “en nuestra condición de mujeres transgénero y con los nombres elegidos, por los cuales somos reconocidas socialmente”. La resolución de Liberatori, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Tributario Nº 4, luego ratificada por su par del 7º, Lidia Lago, las considera de ese modo en todo momento.

La jueza Liberatori encontró “urgencia para acceder” al pedido. La premura, explicó, encontraba parte fundamental en que “se reúnen en grado inédito” tanto “el requisito de la verosimilitud como el de peligro en la demora” de una respuesta. Que el Estado no respete la identidad de género de estas mujeres “revela una grave vulneración de su derecho a la identidad y a la autonomía personal”.

En la demanda, llevada adelante por la abogada Marina Guimpel, los antecedentes propios del plexo normativo nacional y porteño (los pactos y tratados con rango constitucional, las propias constituciones de cada jurisdicción) y causas de la historia reciente (como el fallo de la jueza Gabriela Seijas que habilitó el casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello) pesaron tanto como las historias personales. Si individuales eran los motivos de cada una de las integrantes del grupo, personales fueron los relatos que dieron cuenta de cómo es la vida para alguien que no ve reconocida su identidad por parte de la sociedad en la que vive cada día de su vida.

Algunos son casos de desarraigo: “Nací en Azul”, dice Julieta Burgos, la peluquera de un teatro de la calle Corrientes que a los 15, luego de haber sido detenida varias veces en el pueblo “por afectar el orden y las buenas costumbres”, se radicó en Mar del Plata, “donde también fui rechazada”, y desde donde huyó a Buenos Aires. Aquí, dice, pudo desarrollarse “personalmente en el marco de una sociedad multicultural”, aunque sigue “siendo víctima de risas, cargadas y miradas de repudio cada vez que debo exhibir mi documentación personal”. No tener DNI a su nombre obliga a llevar una “situación de doble vida”, escribió Martina Córdoba Ansaldi, quien abandonó el CBC de Medicina porque en las listas “no me permitían cambiar el nombre registrado en la inscripción por mi nombre real, y no soportaba ser humillada ante tanta gente cada vez que asistía a una materia”. Luego de ser rechazada en un trabajo por no tener DNI con datos femeninos, Paula P. tuvo “miedo de ir a entrevistas” laborales: “Dejé de buscar trabajo. Comencé a trabajar en negro”.

La activista Alba Rueda, estudiante avanzada de Filosofía en la UBA, refiere su origen en “una humilde y trabajadora familia salteña”, con madre maestra y padre trabajador ferroviario, emigrada por la hiperinflación de 1989. Construyó su identidad, contó, “empoderándome sobre mis derechos y luchando contra un sistema político que no reconocía mi identidad”. Con más de cinco años de trabajo continuo en el Inadi y a punto de recibirse, explicó: “Me urge el reconocimiento de mi identidad de género frente a las incongruencias del nombre y sexo en mi plan médico”, tanto como “me urge conciliar mi situación jurídica y legal” para “tener un desarrollo digno, respetuoso, igualitario y justo”.

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