El ex presidente Fernando de la Rúa deberá prestar declaración indagatoria, el jueves próximo, en la causa en que se investiga una defraudación al Estado cuando se renegoció el contrato de concesión de la Autopista Illia. De la Rúa está acusado de firmar un decreto que reconoce una deuda de 28 millones de pesos, que no está suficientemente acreditada, a la empresa Covimet, y de autorizar el pago de parte de esa suma a la misma compañía. Lo hizo en diciembre de 1998, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ya estaba en plena campaña hacia su fallida presidencia. De la Rúa fue citado por el juez de instrucción Mariano Bergés, quien también convocó a quienes fueran sus secretarios, Nicolás Gallo y Eduardo Delle Ville, al ex procurador de la Ciudad, Ernesto Marcer, y a seis directivos de la empresa Covimet, según confirmó a este diario una fuente de ese tribunal.
Bergés, juez interino en la causa, hizo lugar al pedido formulado hace más de un año y medio por el fiscal Alejandro Molina Pico, tal como adelantó en ese momento Página/12. La causa, que se inició durante la presidencia de De la Rúa, pasó por las manos de siete jueces hasta que llegó al escritorio de Bergés. La investigación desnuda el caso de un contrato que debió ser una inversión de riesgo y se convirtió en una obra subsidiada: de acuerdo con una pericia del Centro Argentino de Ingenieros, la ciudad pagó 225 millones de pesos por apenas tres kilómetros de autovía, sin contar lo que abonaron los usuarios desde su habilitación, hace más de siete años.
La causa se inició el 3 de octubre de 2000, a partir de una denuncia de Marcelo Gey, un ex concejal de la ciudad. Gey descubrió que la concesionaria de la autopista, para obtener un crédito del Banco Provincia por 14 millones de pesos, había ofrecido como garantía la recaudación del peaje de la Autopista Illia, un dinero que cobraba “por cuenta y orden de la ciudad”. Al tomar contacto con el expediente, Gey descubrió una serie de irregularidades en el decreto 3135/98, firmado por De la Rúa y Gallo, que le reconocía a la empresa una deuda por parte del Estado porteño de 28 millones de pesos, estiraba la concesión hasta el año 2018 y aumentaba el precio del peaje de 50 centavos a un peso. En los primeros días de enero de 1999, se autorizó el pago a Covimet de 2,5 millones de pesos, como parte de esa deuda.
Molina Pico pudo comprobar que el anexo del decreto donde se detallaba la presunta deuda era una fotocopia sin membrete ni firma de autoridad alguna, con datos de entradas y salidas de dinero entre 1993 y 1998. Como para cerrar el círculo, Covimet presentó como garantía ante el Banco Ciudad, para obtener un nuevo crédito, la presunta deuda que le acreditó De la Rúa, una suma que ahora el banco le reclama a la ciudad.
Ante las irregularidades detectadas, el Ejecutivo porteño le pidió a su procurador general, Juan Carlos López, que estudiara la rescisión del contrato con Covimet. A fines de diciembre, después de 18 meses de trabajo, López emitió su dictamen que, según fuentes oficiales, es desfavorable para la empresa. El jefe de Gabinete, Raúl Fernández, anunció a este diario, en noviembre último, que la decisión política del gobierno era anular la concesión por “grave incumplimiento” del contrato.
Es que, de acuerdo con la última renegociación, Covimet se comprometió a realizar obras pendientes en la Autopista Illia, como las bajadas en las avenidas Callao y Pueyrredón, y en Retiro, y con ese fin se le concedió el aumento de tarifa. Esos trabajos nunca fueron realizados. Otro de los argumentos que esgrime el gobierno es el alquiler de un espacio a la empresa Shell para la instalación de una estación de servicio, por el que Covimet habría cobrado 10 millones de pesos, aunque “la suma no aparece en los balances de la empresa”, dijo Fernández. De cancelarse la concesión, la gestión de la autopista será concedida a la empresa AUSA, una sociedad anónima con mayoría accionaria del gobierno porteño.
La oscura historia de la Autopista Illia comenzó en 1981, cuando el gobierno municipal de facto de Osvaldo Cacciatore, promotor de las autopistas urbanas, otorgó a Covimet la concesión para construir y explotar por peaje un viaducto para enlazar la Avenida 9 de Julio con la Lugones, a la altura de Aeroparque. El contrato fue renegociado en ocho oportunidades, en una suerte de círculo vicioso mediante el cual la empresa paralizaba las obras para exigir desembolsos de fondos del Estado. La última concesión fue el decreto firmado el 23 de diciembre de 1998, cuando De la Rúa ya era candidato a la presidencia, tras vencer a Graciela Fernández Meijide en internas abiertas y se aprestaba a afrontar una costosa campaña publicitaria.
También firmaron el decreto el entonces secretario de Producción y Servicios, Nicolás Gallo, quien era el tesorero de la campaña electoral de De la Rúa y luego fue ministro de Infraestructura de la Nación; y Eduardo Delle Ville, secretario de Hacienda porteño. Los dos deberán comparecer a indagatoria, igual que Ernesto Marcer, por entonces procurador de la ciudad. Todos están imputados por el delito de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Molina Pico también pidió la indagatoria de Luis Alberto Aragón y Roberto Servente, entre otros directivos de Covimet.
De la Rúa tiene otras dos cuentas pendientes con la Justicia: una, por su responsabilidad en la represión del 20 de diciembre en los alrededores de Plaza de Mayo, que provocó 6 muertes; la otra, por la contratación de ñoquis en la Legislatura porteña.