“Los tres funcionarios que fuimos condenados por el incendio en Cromañón somos tres perejiles que no cometimos delito alguno. Nos condenaron por ‘provocar un incendio’ en un lugar donde no estábamos y por un hecho en el que no tuvimos nada que ver.” La ex subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño Fabiana Fiszbin, condenada a cuatro años de prisión efectiva por el siniestro que causó la muerte de 194 personas, le dijo a Página/12 que no la sancionaron “por un delito de corrupción, ya que fui absuelta en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Me condenaron por algo que no cometí”. La ex funcionaria, que acompañó la gestión del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, reconoció que “es muy difícil para todo el mundo pensar en esta causa sin tener presente a las 194 personas fallecidas. Es lógico el dolor y los reclamos de los familiares, pero los jueces son jueces y deben juzgar desde el Código Penal”.

Sin hacer críticas explícitas contra Ibarra o contra el ex secretario de Justicia y Seguridad porteño Juan Carlos López, su jefe directo, dejó entrever su malestar: “Si me preguntan si volvería a la función pública, digo que no”. Junto con Fiszbin fueron condenados los ex directores de Fiscalización y Control Ana Fernández y Gustavo Torres, a tres años y seis meses y a tres años y nueve meses. Ahora, la Cámara de Casación debe confirmar el monto de las penas dispuestas por el Tribunal Oral 24.

Marcelo Fainberg, abogado de Fiszbin, anticipó que recusarán por presunto prejuzgamiento a uno de los integrantes de la Sala III de Casación, Eduardo Righi, y que llegado el momento, presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema para que se revea la condena. “En última instancia, acudiremos a los tribunales internacionales”, sostuvo la ex funcionaria. Fiszbin aclaró que hasta ahora nunca había hablado con la prensa “porque ante una tragedia tan dolorosa, era muy irritativo para los familiares que funcionarios sospechados de tener responsabilidad en el hecho salieran a hablar. Lo hago ahora por la arbitrariedad y la injusticia que significa la condena de estos jueces”.

–¿Cuál era la situación cuando usted asume el cargo en Control Comunal?

–En 2004, el universo de los locales habilitados era de 250 mil, de los cuales 78 mil tenían actividades críticas, como shoppings, escuelas, estaciones de servicio, clínicas y locales de baile. En 2003 se había disuelto la dirección que se ocupaba de estos temas, por la existencia de un “focazo” de corrupción, como se dijo entonces. Cuando asumo en la nueva dirección tenía 12 inspectores y terminamos el 2004 con 123 inspectores con credencial. Eso no se tuvo en cuenta en el fallo.

–¿Por qué considera que fue arbitraria la condena?

–El fallo no tiene en cuenta todo lo que presentamos como prueba y los más de cincuenta testigos que dijeron que durante todos los fines de semana se inspeccionaron locales de baile, que se verificaron todos los detalles y que se decidieron muchas clausuras. Nueve meses de juicio y no tomaron en cuenta ninguna de nuestras pruebas. Intervinieron siete jueces que dijeron que los funcionarios no teníamos relación con el incendio. Dos jueces de Casación (Righi y Liliana Catucci), sin embargo, nos meten ahora como autores del incendio. Lo irracional es el monto de las penas: son mayores, en el caso de los funcionarios, a algunas que se aplican a los que estuvieron esa noche en Cromañón con las bengalas y las puertas cerradas. No entendemos el ensañamiento.

–Una de las pruebas en su contra fue una nota presentada por el defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, pidiendo que intimen a los locales de baile por las malas condiciones de seguridad contra incendios.

–El propio arquitecto Alimena, en el juicio oral, dijo que la tarea que yo desempeñé en el 2004 fue el mil por ciento mejor que la de mis antecesores en el cargo. Dijo que le di importancia a lo que me dijo y que hice todo lo que estuvo a mi alcance. Lo que él me pedía me excedía en mis funciones. Ni siquiera tuvieron en cuenta lo que dijo un testigo de cargo que respaldó mi gestión.

–En Cromañón hubo 194 muertes. Si no hubo fallas en los controles, ¿qué fue lo que ocasionó semejante tragedia?

–El lugar estaba correctamente habilitado. Lo único que estaba vencido era el certificado de bomberos, pero eso no tenía nada que ver con nosotros. Los hechos probados en la causa son varios: hubo gente que llevó pirotecnia que encendió en el lugar, que llegó a los techos que tenían espuma de poliuretano, un material que hoy sigue permitido en un montón de lugares donde puede repetirse lo que ocurrió, y que las puertas de salida estaban cerradas. Eso tampoco dependía de nosotros. Esos son los hechos, no hay otra cosa. Hoy estamos de vuelta, con dolor, por un muchacho que murió por una bengala. Hoy se habla de “la bengala asesina”, pero en el juicio por Cromañón se dijo que no era importante el tema de las bengalas.

–Si yo organizo una reunión en mi casa, no voy a invitar a Jack el Destripador, por las dudas. Ahora, si organizo un espectáculo, tengo que pensar en alguien que controle que Jack el Destripador no ingrese al lugar con una motosierra. ¿Qué pasa con los controles? Alguien tiene que hacerse responsable. El gobierno tiene una responsabilidad.

–Hay un error conceptual. Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad no tienen la responsabilidad. No la tenían antes de Cromañón ni después. No tienen la responsabilidad de estar en el lugar controlando lo que pasa. Los inspectores van, verifican la habilitación, inspeccionan y si cumplen las condiciones, se retiran. La responsabilidad es de la seguridad del local, de la policía, que recibía coima y que estaba en el lugar. ¿Por qué responsabilizar a los funcionarios que no tenían que estar en el lugar?

–Se sintió respaldada por el gobierno porteño de entonces o se siente como si fuera “el pato de la boda” porque la dejaron sola junto a otros dos funcionarios de menor rango.

–Cuando pasó la tragedia, no estaba en el país. Vuelvo de inmediato y el secretario (de Justicia y Seguridad) Juan Carlos López me dijo: “Yo ya presenté la renuncia. Fabi, andá y renunciá”. Le dije que no teníamos que renunciar y que teníamos que acompañar a las familias. Finalmente renuncié y desde entonces me desentendí totalmente de la cuestión política. Ahora, si me preguntan si volvería a la función pública, digo que no.