Las presiones internacionales lograron disuadir al gobierno nicaragüense. Ayer un grupo de médicos voluntarios le practicaron un aborto terapéutico a la niña de 9 años que había sido violada en Costa Rica. El embarazo llevaba 15 semanas de gestación y aunque los padres de la niña consintieron el aborto, que ponía en riesgo la vida de la nena, el gobierno de Enrique Bolaños no había querido autorizarlo. La Iglesia también se opuso. Recién ayer, cuando las organizaciones feministas que denunciaron públicamente la situación anunciaron que se la llevarían a Cuba, apareció una resolución. Una clínica privada aceptó a la niña y tres médicos hicieron el aborto. A pesar de los temores, la operación terminó con buenos resultados.
La historia de esta niña se conoció en todo el mundo esta semana. Sus padres consiguieron hacer de esta violación una denuncia con alcance mundial cuando lograron conectarse con los líderes de la organización ProVida y la Red de Mujeres contra la Violencia que tomaron el reclamo como propio. La niña fue violada en Costa Rica cuando ayudaba a sus padres en la recolección del café en una finca de ese país. Ellos, que tienen menos de 25 años de edad, se dieron cuenta de la situación cuando hicieron unos chequeos en dos hospitales de Costa Rica a un mes de la violación. En ese momento, los médicos detectaron el embarazo y dos enfermedades de trasmisión sexual.
El jueves a la noche, la evolución de esa misma enfermedad la llevó a internarse de urgencia en la clínica privada donde terminaron practicándole el aborto. Hasta ese momento, sus padres habían agotado todas las instancias oficiales para conseguir la autorización del Estado para hacerlo. De acuerdo al Código Penal de Nicaragua, para que el Estado autorice un “aborto terapéutico” debe existir pleno consentimiento de los padres y el dictamen de tres facultativos. María de los Santos Esquivel y Francisco Leonardo Fletes, los padres de la menor, habían conseguido esta última semana un dictamen de una junta de tres médicos del Ministerio de Salud. En el informe, los médicos indicaban que la niña podía morir tanto si se le interrumpía la gestación como si no. Y aunque no descartaron ninguna de las opciones, le dieron el alta sin atenderla.
Por esa situación, los padres responsabilizaron a las autoridades “por las consecuencias que se puedan derivar”. Aseguraron que el Ministerio no proporcionó la atención médica necesaria. El abogado de la pareja, Sergio García, leyó la denuncia de una carta escrita por los padres y firmada con sus huellas digitales porque ninguno de los dos sabe escribir. García también convocó ayer a una conferencia de prensa para adelantar los resultados positivos de la intervención, hecha en una clínica privada de Managua por tres especialistas que se ofrecieron voluntariamente a practicarla.