SOCIEDAD › OPINIóN
› Por Mario Pecheny *
Detuvieron a un médico que hace abortos ilegales, por lo cual cobraba cifras no desdeñables de dinero. No sabemos en qué condiciones se hacen esos abortos. No sabemos las consecuencias, en caso de que las hubiere, para la salud y la vida de las mujeres que allí abortan. A diferencia de las otras intervenciones médicas, aquí nadie verifica las condiciones de higiene, la pericia y formación del profesional, los instrumentos usados, qué sucede en caso de algún problema o complicación, qué se hace con el material descartable utilizado. Tampoco sabemos si el doctor paga sus impuestos: sí sabemos que la clandestinidad e ilegalidad crean mercados negros y aprovechadores. No es una novedad. Aprovechadores son muchos de quienes hacen las prácticas ilegales, muchos de quienes supuestamente deben velar para que estas prácticas no existan y los programas de televisión que buscan aumentar su rating.
No sabemos si las mujeres suelen ir allí tranquilas o temerosas de la policía, de las cámaras o de la Justicia argentina o la divina. Los temores de ellas no son injustificados: el Estado (a través de nuestra Presidenta, nuestros gobernadores y jefes de Gobierno, nuestros diputados y senadores, nuestros jueces, nuestros funcionarios, nuestros médicos) acepta por acción u omisión que todavía esté vigente una ley según la cual una mujer que se haga o consienta un aborto deba ir presa. Esto es inmoral.
Probablemente, las mujeres no vayan tranquilas, cualquier intervención suele dar motivos a temores justificados e injustificados, y ésta en particular se encuentra atravesada por sentimientos de mucha ambivalencia. En suma: hay riesgos, puede haber consecuencias, hay sufrimiento. En realidad, no “hay”. Estas oraciones impersonales tienen sujetos: una mujer, una joven, una chica, una amiga, una hermana, una novia, una esposa, una madre, ellas son las que corren riesgos, pueden terminar con consecuencias para su salud, su futura fertilidad, su vida; y son las que tienen temores, culpa y sufren.
Los riesgos, consecuencias y sufrimientos asociados al aborto clandestino son evitables. Hoy son provocados por el Estado, mediante sus amenazas de cárcel y su persistencia en hacer inaccesible la interrupción voluntaria de un embarazo en el sistema de salud.
Una de las definiciones de la tortura es la de infligir sufrimientos y daños a otro ser humano. Es lo que hace nuestro Estado a aproximadamente medio millón de mujeres cada año.
* Profesor titular de la UBA, investigador independiente del Conicet.
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