Al menos diez familias fueron desalojadas de asentamientos ubicados en la ribera del Riachuelo, en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, sin que fueran relocalizadas en otra vivienda, como dispuso la Corte Suprema de la Nación. Los casos fueron detectados por la Defensoría General de la Ciudad, que presentó esta semana un recurso ante la Corte en el que advierte que “se están vulnerando derechos fundamentales” de las personas desalojadas, ya que no se les brinda una solución habitacional, por lo cual muchas de ellas quedan en situación de calle. Los desalojos fueron solicitados por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y autorizados por el juez federal de Quilmes Luis Armella. La Defensoría denunció además que los afectados “están siendo privados de su derecho de acceder a la Justicia”, ya que no se permite la intervención de abogados defensores, como ocurre en cualquier desalojo.

Las familias afectadas están entre las más vulnerables que habitan sobre la costa del Riachuelo, en el área que se denomina “camino de sirga”, que debe ser liberado como parte del proceso de saneamiento del río, de acuerdo con la sentencia de la Corte de julio de 2008. La aplicación de esa sentencia está a cargo del juez Armella.

En la presentación, que lleva la firma del defensor general, Mario Kestelboim, se solicita a la Corte que fije “los estándares a los cuales deberán ajustarse todos los desalojos y reasentamientos, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos”. También se pide al tribunal que “establezca la prohibición de desalojar sin que se provea previamente vivienda alternativa, adecuada a las necesidades de los afectados”. Y reclama que establezca “parámetros claros” para que los damnificados “puedan hacer oír sus reclamos ante la Justicia”.

Algunas de las familias que deben ser desalojadas de la ribera del Riachuelo, como las de las villas El Pueblito y Luján, ya tienen viviendas asignadas en un complejo de Villa Soldati. Pero la Defensoría porteña detectó este año casos de desalojos de familias que “se asentaban en el lugar desde hace más de 20 años”, sin considerar que “sus hijos concurren a las escuelas cercanas, se asisten en hospitales o salas de atención primaria de la zona y sus amigos y parientes viven allí”.

Si bien Armella dispuso en febrero de este año que “no se llevarán adelante erradicaciones sin una relocalización previa”, el propio juez –observó la Defensoría– “ordenó numerosos desalojos sin respetar las garantías mínimas”. En la presentación se enumeran los casos que pudieron verificar los defensores:

- La familia Borjas, que habitaba desde hace más de 25 años en el predio de Río Cuarto 4602/85. Allí había cuatro viviendas: en tres de ellas había niños y en la otra una mujer mayor. “La Acumar solicitó el allanamiento y desalojo durante la feria judicial de enero, y el juzgado la otorgó. Como única asistencia, recibieron como subsidio cuotas de 700 pesos del Programa para Familias en Situación de Calle del gobierno porteño. La misma suerte corrió la familia Linares, con un niño de 10 años, asentados a metros de allí, en Río Cuarto 4704.

Tras una presentación de la Defensoría ante Armella en resguardo de sus derechos, Acumar respondió que se había garantizado el interés de los menores a través del subsidio del Gobierno de la Ciudad. Y llegó a solicitar “una nueva orden de allanamiento”, ahora al lugar donde habitaban las familias tras el desalojo, para comprobar que supuestamente se respetaban las garantías de los niños. “El juzgado hizo lugar a la medida”, precisó la Defensoría.

- También en enero, fueron desalojadas cuatro viviendas en avenida 27 de Febrero y Agustín de Vedia. En este caso se presentó la defensora oficial de Quilmes pidiendo la nulidad de los desalojos. Acumar pidió que se rechace el pedido por “falta de legitimidad de la defensora”, a lo cual hizo lugar el juez.

- En el mismo mes fueron desalojadas las familias Pereira y Sánchez Santa Cruz, en 27 de Febrero y Pergamino. En las dos casillas vivían siete personas, incluyendo tres niños. En este caso, a diferencia de los anteriores, no consta que se hubieran entregado subsidios. Las casillas fueron demolidas y las siete personas quedaron en situación de calle.

- En abril, una pareja fue desalojada de la vivienda de Pedro de Mendoza, entre Vieytes y Herrera, donde habitaban desde hace 22 años. El juez Armella “impuso las costas del operativo en cabeza de los ocupantes”. En este caso, el juez rechazó una presentación del asesor tutelar porteño.

- El 13 de abril fueron desalojados dos hombres de un predio de Pedro de Mendoza y Herrera. Se demolió la casa de material que habitaban sin darle una solución habitacional.

“La metodología utilizada por el Juzgado Federal de Quilmes es la de conceder las órdenes de allanamiento sin garantizar la relocalización de las personas desalojadas”, concluye la presentación de Kestelboim. “Los allanamientos y la imposición de costas (a los desalojados) son indicios de que para el juez son los propios afectados –quizá las personas más vulnerables de la cuenca– los culpables de su situación”, agrega.

Finalmente, sostiene que “resulta inaceptable que no se permita intervenir a las personas sujetas a la ejecución de una sentencia dictada en una causa en la que no fueron parte”, lo cual, asegura, “es violatorio del acceso a la Justicia”.

Con esos argumentos, el defensor general solicitó a la Corte Suprema que disponga que “los desalojos originados en esta causa estén sujetos a una previa localización”. Y que fije como estándar de procedimiento que “no se podrá denegar la participación de los afectados en la causa a través del patrocinio letrado que elijan”.