Hace 20 años, para muchos, fue el sueño de la casa propia. Pero el barrio Don Orione, nacido como un conglomerado de viviendas populares, creció en medio del desamparo: gestionado por la Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires desde la época de la dictadura, se edificó en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, y la superposición de jurisdicciones dejó a sus más de 50.000 habitantes en una situación de orfandad. Hoy, después de dos décadas, de las 9000 familias que viven en el barrio, sólo 39 tienen escritura que los acredita como propietarios. Con título de propiedad o sin él, todos viven en la incertidumbre: el barrio carece de agua suficiente para abastecer a todas las viviendas; las cloacas desbordan y un líquido nauseabundo transita por las calles en forma permanente; hay tres iglesias pero una sola Unidad Sanitaria, que depende del municipio de Almirante Brown, no tiene vacunas ni ambulancia, y su director ni siquiera es médico. Y las deficiencias de construcción hacen que a algunas viviendas se les caigan las paredes, en bloque, dejando una habitación a la intemperie si no se apuntalan en forma conveniente. Al calor de las luchas del último año, un grupo de Vecinos Autoconvocados en asamblea vecinal se lanzó en busca de una solución a sus múltiples problemas, mediante gestiones ante los gobiernos y organismos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
Son 200 manzanas en uno de los enclaves más pobres del Gran Buenos Aires, sobre la avenida Monteverde, en Claypole. A simple vista, el complejo de viviendas parece prolijo: a diferencia de otros planes del Fonavi, fue diseñado con espacios verdes en abundancia; hay un sector de 300 chalets y luego pequeños edificios de planta baja y dos pisos, donde la amplitud del espacio es un freno al hacinamiento. Las fallas constructivas y de infraestructura, y el desmanejo, no son ajenos a la degradación social del barrio, convertido en protagonista frecuente de las crónicas policiales.
Página/12, que recorrió Don Orione con un grupo de vecinos, pudo ver el reguero de líquidos cloacales bordeando el edificio de la Escuela 66, uno de los ocho establecimientos de EGB con que cuenta el barrio, un edificio diezmado por la falta de vidrios y con aulas que quedaron a medio terminar, pero con más suerte que la Escuela 75, en la otra punta del barrio, asaltada cinco veces durante el año pasado, según cuenta la docente Silvia Palomeque.
Silvia, vecina del barrio desde hace diez años, tiene la suerte de pagar una cuota de 28 pesos por mes por su vivienda. Pero otros vecinos, como Roberto Macario, tienen que abonar 270 mensuales. No es que viva en un departamento de lujo: la superficie es la misma, 70 metros cuadrados. Sólo que Roberto ingresó en un plan posterior, con costos que multiplican por diez los valores iniciales.
Este diario pudo ver cómo algunos departamentos, construidos con placas de hormigón apoyadas unas con otras, como un castillo de naipes, están apuntaladas con tirantes de madera o sostenidas por hierros amurados con tornillos, para no caerse –como ocurrió en algunos casos– pues están despegadas.
En otro sector del barrio hay construcciones que pertenecen al Instituto de la Vivienda bonaerense, y también hay edificaciones de dos sindicatos: porteros y municipales, hasta totalizar 9000 viviendas. Ocurre que el tendido cloacal fue diseñado para las primeras 4200 y nunca fue ampliado. Los gigantescos tanques de agua que deberían abastecer al barrio nunca fueron inaugurados, y el líquido llega precariamente merced a bombas, que funcionan como pueden por la falta de mantenimiento.
La descripción es sólo una parte de la lista de demandas vecinales. Pero la prioridad para la gente de Don Orione son las escrituras. “Mientras nadie tenga la seguridad de ser propietario no se va a comprometer en el mantenimiento del barrio”, explica Luis Zárate, otro de los autoconvocados. La Comisión Municipal de la Vivienda tiene todo dispuestopara otorgar las escrituras desde hace seis años. Pero los gastos y honorarios que debe afrontar cada “beneficiario” llega en algunos casos a los 2000 o 3000 pesos. “Además de ser imposible de afrontar, la cifra es absurda, pues el valor de mercado de las viviendas ronda los 6000 pesos”, dice Macario. Es que la provincia de Buenos Aires ha valuado los departamentos en un promedio de 45.000 pesos y ese valor es determinante para fijar la tasa notarial.
La historia del Don Orione comienza en 1975, cuando la empresa Impresit Sideco le compró a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, vinculada con la Iglesia, cerca de 187 hectáreas que rodean el Cotolengo de Don Orione. En 1980, la CMV, bajo la gestión del intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore, adquirió a la constructora del Grupo Macri el terreno y el proyecto para construir 4300 viviendas. Las adjudicaciones comenzaron en 1982, con criterios que no excluyeron el clientelismo (militar primero, político después). “Así, hubo gente que recibió más de un departamento y lo cedió a familiares o amigos, que después los abandonaron, lo que permitió la intrusión por parte de familias sin techo”, relató Macario. Hoy, según la CMV, apenas queda en el barrio un 20 por ciento de los adjudicatarios originales. Y son muy pocos los que pagan las cuotas por las viviendas: apenas el 8 por ciento de los vecinos, lo que representa el quebranto más fuerte de la Comisión, que en promedio logra cobrar el 25 por ciento de las deudas por planes de viviendas en la Ciudad, aseguró el titular del organismo, Ernesto Selzer.
La administración de la CMV recibió a los Autoconvocados de Don Orione en diciembre último, y les prometió que atendería sus reclamos. “Ya nos pusimos de acuerdo con la provincia para que todos puedan escriturar sin costos”, dijo Selzer a Página/12. También prometió estudiar una solución a las desmesuradas diferencias entre las cuotas. Sin embargo, aclaró que la CMV no puede destinar presupuesto para el mantenimiento de las viviendas ni para resolver el problema de las cloacas, ya que “de hacerlo, estaría incurriendo en malversación de fondos”. “El presupuesto de la Comisión está destinado a la construcción de viviendas sociales, no para mantener edificios construidos”, enfatizó Selzer. Admitió que la CMV se ocupa de esas tareas en algunos barrios porteños, pero “sólo porque nos han obligado, por ley”.
Los vecinos de Don Orione se quejan porque la CMV envía intimaciones de pago por cuotas atrasadas mientras “se desentiende de la suerte del barrio”. Selzer responde que su obligación es “cobrar las cuotas, porque el sistema se basa en el aporte solidario de los beneficiarios”. Admite, no obstante, el problema de quienes no pueden afrontar la cuota por estar desempleados y promete hacer un relevamiento social “para evitar que haya aprovechadores que se escudan en las necesidades ajenas”.
Los vecinos pidieron una audiencia al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. También presentaron un proyecto de ley para que la ciudad destine presupuesto para el barrio, e iniciaron un expediente en la Defensoría del Pueblo. La solución no parece fácil ni cercana. Pero la organización vecinal permitió que fueran escuchados por primera vez, después de veinte años.