La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer el tratamiento del caso Bulacio, el más emblemático de la desidia judicial argentina como brazo burocrático de la violencia policial institucional, en el que es enjuiciado el Estado argentino como responsable de la ilegítima detención de Walter Bulacio, y de la violación de sus derechos incluyendo el de la vida, y los de su familia. Hace una semana, en un reconocimiento firmado ante la familia de la víctima y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio gobierno admitió la responsabilidad en la violación de esos derechos, lo que implica un reconocimiento tácito de que la muerte del joven adolescente fue provocada por manos policiales. Durante la extensa audiencia, que demandó diez horas, la familia Bulacio reclamó todo aquello que le resultó imposible obtener en su propio país, es decir, justicia y castigo a los culpables de la muerte de Walter. Pero, además, exigió la modificación de las potestades policiales en las detenciones arbitrarias, y toda la legislación que las sustenta, además de los usos y costumbres no normados que soportan al resfriado olfato policial. La representante del Estado se mostró muy dolida por “tanto drama humano” y consideró que con la firma del reconocimiento estaba saldada la deuda. En dos meses se conocerá la sentencia.
Walter Bulacio murió a los 17 años, el 26 de abril del ‘91, tras cinco días de agonía. El 21 de abril había sido detenido sin causa alguna en la puerta del estadio del club Obras Sanitarias, cuando intentaba entrar al recital que ofrecían Los Redonditos de Ricota. Una de las habituales razzias policiales lo levantó junto a otros 72 chicos, luego transportados como ganado en colectivos hasta la comisaría 35ª. En las celdas de la comisaría, Bulacio sufrió una indisposición, tras recibir una golpiza, y fue trasladado a un hospital público y luego al sanatorio donde falleció.
Allí se iniciaba el tortuoso calvario de la familia Bulacio (Víctor, su padre, falleció de tristeza; su hermanita sufrió bulimia; su abuela María Armas recorrió kilómetros levantando el estandarte de su nieto, y su madre, Graciela Scanone, intentó abrir todas las puertas de la burocracia judicial). Pero la justicia les fue negada a lo largo de once años, diez meses y ocho días, tras la intervención de 36 jueces, en 27 ocasiones de la Sala VI de la Cámara del Crimen porteña, y en dos oportunidades la propia Corte Suprema. Así lo reconoció el Gobierno, la semana pasada, tras la firma de un documento en el que admitió su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Walter y su familia, y aceptó someterse a las reparaciones que determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ayer, en San José de Costa Rica, Graciela Scanone, su abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, y Andrea Pochat representando al Centro de estudios Legales y Sociales (CELS), realizaron sus alegatos ante el tribunal. También, alegaron Víctor Abramovich (del CELS) y Robert Goldman, como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, en una función semejante a la de un fiscal. El Estado argentino estuvo representado por Silvia Testoni y Andrea Gualde, ambas de la Procuración del Tesoro, y el embajador argentino en Costa Rica.
Durante la mañana se realizó una preaudiencia en la que se aclararon los alcances del reconocimiento de responsabilidades firmado por el Estado. Así, se concluyó que las irregularidades habituales de las fuerzas de seguridad y las leyes paradójicamente ilegales que las sustentan, entran en flagrante contradicción con 18 artículos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ratificada por Argentina: la violación de la libertad, la integridad física y la vida de Walter, y algo tan sencillo como es el derecho al acceso a un recurso judicial de la familia. Por la tarde, Verdú y Pochat se concentraron en reclamar a la CIDH que obligue al Estado a rever las prácticas policiales, derogando la averiguación de antecedentes, los códigos de faltas y las contravenciones como prácticas habituales para realizar detenciones ilegales, además de la eliminación de prácticas no normadas como las razzias. Reclamaron evitar la prescripción de la causa, que los familiares sean reconocidos como parte querellante, el juicio y castigo del comisario Miguel Angel Espósito, su exoneración de la Federal, y la investigación y sanción administrativa de los responsables de tanto dislate, o sea, sus 36 señorías.
Además exigieron que el Estado financie un concurso sobre un documental del caso Bulacio. Y, finalmente, una reparación a la familia por los daños morales y reales sufridos durante los doce años de búsqueda infructuosa de justicia. Ahora se abre un compás de espera hasta dentro de dos meses, cuando la CIDH resolverá su sentencia.
Al concluir la audiencia, Graciela Scanone, madre de Walter, muy emocionada dijo: “Después de doce años de pedir justicia, es la primera vez que veo a un juez de frente. Me hubiera gustado que hubiese ocurrido en mi país”.