Directivos del Hospital Materno Neonatal, que depende de la provincia de Misiones, desinformaron y asustaron a la mamá de la niña de 14 años que pidió un aborto no punible en Misiones y lograron su objetivo: que desista de llevar adelante la interrupción del embarazo producto de una violación perpetrada por el tío. La niña, sin embargo, expresó a sus allegados que mantiene su decisión, según pudo saber Página/12. El acoso y las presiones que recibieron la mujer y su hija dentro del hospital, que depende del gobierno provincial, parecieron orquestadas: mientras los profesionales de la salud le aseguraban –apelando a información falsa– que el aborto es una práctica peligrosa que puede poner en riesgo la vida de la niña o en el mejor de los casos dejarla estéril, una organización “antiderechos” llamada Red Federal de Familias le obsequiaba a la niña “ropita para el bebé” para colocarla ya en el papel de madre.

La mamá de la niña, Carmen F., contó con detalle a la prensa la información que recibió de boca de los directivos del hospital, que se encuentra dentro del nuevo Parque de la Salud, en la ciudad de Posadas. La mujer estuvo reunida el jueves durante casi dos horas con el director Hugo Ocampo y el gerente asistencial David Halac. “Me dijeron que está en peligro la vida de mi hija, que con mi marido debíamos hacernos responsables si ocurría algo imprevisto durante la intervención. La defensora (Civil y Comercial Patricia Esperanza) nos explicó que los médicos dijeron que mi nena puede quedar estéril o sufrir un daño permanente por el aborto”, dijo la mujer, casi sin poder hablar por el llanto. Después de esa charla con los directivos del hospital, Carmen F. dijo que desistía de seguir pidiendo el aborto no punible.

Desde un principio, cuando se conoció el caso, la vicegobernadora Sandra Giménez expresó públicamente su posición contraria al aborto.

En diálogo con Página/12, la tocoginecóloga Sandra Vázquez, coordinadora del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, de la ciudad de Buenos Aires, pidió que “dejen de manipular a la familia” de la niña violada. “El aborto si se practica en condiciones seguras es un procedimiento médico con mínimo riesgo. Es menos riesgoso que una inyección de penicilina. Incluso, dentro de las 12 semanas de gestación es una intervención ambulatoria, que no requiere internación. El hecho de que tenga 14 años no agrega riesgo, al contrario, se trata de una mujer en edad reproductiva sana, que no tiene otra patología asociada”, explicó Vázquez. En el Servicio de Adolescencia del Argerich se brinda consejería pre y post aborto a las chicas que se acercan con un embarazo que no desean continuar. El embarazo de la niña de Posadas ronda las diez semanas. A la adolescente L. M. R., cuyo caso tuvo gran trascendencia en los medios en 2006, el aborto se lo practicaron sin inconvenientes en la semana 20 de gestación.

La niña misionera fue dada de alta el viernes. Estuvo internada en el hospital sin otro motivo aparente que exponerla a ella y a la madre a fuertes presiones para que cambie su decisión de llevar adelante un aborto no punible. “Manipularon a la madre, la desinformaron, le dieron información mentirosa. La niña sigue con su decisión de sacarse eso que le hizo su tío cuando la violó”, contó ayer a este diario el delegado del Inadi en Misiones, el abogado Mariano Antón, que siguió el caso de cerca.

No es la primera vez que desde instancias gubernamentales se obstaculiza el acceso a un aborto no punible a una niña pobre violada. Cuando no fueron funcionarios de la Justicia –jueces, fiscales o defensores públicos– quienes pusieron trabas, fueron funcionarios públicos. Las estrategias observadas en los últimos años en distintas provincias son similares: apuntan a plantar miedo en la familia en torno de la práctica del aborto y sus posibles consecuencias y a instalar la culpa por no continuar con un embarazo, aun cuando sea producto de una violación, con un mensaje que replica el de la jerarquía católica más conservadora que incluso rechaza el derecho al aborto en esos casos. El año pasado sucedió en Santiago del Estero. En esa ocasión actuaron desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia (Dinaf) del gobierno provincial sobre la familia muy pobre de una niña también de 14 años embarazada como consecuencia de abusos sexuales. En Mendoza la estrategia fue distinta: en 2008 una nena de 12 años embarazada en una violación fue mantenida durante varios días en el Hospital Pediátrico Notti, donde los directivos no impidieron que organizaciones fundamentalistas accedieran a su habitación y le mostraran fotografías de fetos mutilados.

Las tres situaciones ocurrieron en provincias que no tienen protocolos de atención de los abortos no punibles. Ni Misiones ni Mendoza ni Santiago del Estero reglamentaron qué procedimiento se debe seguir en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, cómo deben ser asistidos en los hospitales públicos. En las tres provincias, la influencia de la jerarquía católica es fuerte. Como muestra, un botón: en Misiones hace dos años se frenó un programa de salud que consistía en entregar preservativos en las cárceles para prevenir la infección con VIH-sida entre los presos, porque la jerarquía católica se quejó y planteó que se promovería la homosexualidad dentro de las prisiones.

El Estado argentino acaba de ser condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por no garantizar el acceso al aborto no punible a L. M. R. en 2006, la adolescente que había sido violada en la localidad bonaerense de Guernica. Además de reparar el daño a la joven con una serie de medidas que incluyen una indemnización, el Gobierno debe garantizar que casos similares no se repitan.