La autopista Illia sumó una nueva polémica, esta vez entre la Legislatura y el gobierno de la ciudad. Aunque aún no está oficializado, el Ejecutivo porteño vetará la ley sancionada en la madrugada de ayer que ordena suspender el cobro del peaje por 60 días. El principal argumento para frenar el pase libre es que la mayor parte de los usuarios de esa vía provienen de la zona norte del Gran Buenos Aires, por lo que los vecinos de la ciudad “no tienen por qué subsidiar a esos conductores”, aseguró a Página/12 el jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández. En la Legislatura ya anunciaron que de concretarse el veto insistirán con su aprobación.
En el gobierno, la decisión de la Legislatura fue un mal trago en un tema por demás conflictivo. La resolución final sobre el veto será tomada la semana próxima. Pero a juzgar por los argumentos esgrimidos hasta el momento, hay escasas posibilidades de que el rechazo no se concrete. “Es poco seria la posición de la mayoría de la Legislatura que sancionó esa ley. La gratuidad de la autopista implica el traslado al conjunto de los vecinos del financiamiento de una vía que en un porcentaje abrumador no es utilizada por los porteños”, insistió Fernández.
El funcionario sostuvo que “el 80 por ciento de los autos que pasan por esa vía provienen de los partidos de San Isidro, Olivos y Vicente López. No parece razonable entonces que los vecinos de la ciudad subsidien a esos usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que existen dos vías alernativas: la avenida Del Libertador y la Costanera. Esto significa que los usuarios de la Illia no son cautivos, pueden ir gratis por otras vías”.
–Los impulsores de la suspensión argumentaron en la Legislatura que la autopista Illia puede ser financiada con el peaje que cobra AUSA en otras autopistas, por lo que no es necesario cobrar peaje allí.
–Tampoco es lógico dejar de hacer obras en otros lugares para usar esa plata en la Illia.
–¿No le temen al costo político de vetar la suspensión del cobro de un peaje?
–El costo político lo paga la Legislatura, que quiere trasladar a los vecinos el costo del financiamiento de esa autopista.
La Illia fue durante casi diez años la autopista más cara del país: la empresa concesionaria Covimet había logrado un peaje de un peso por tres kilómetros de vía. El 25 de febrero pasado, el gobierno de la ciudad decidió rescindir la concesión “por incumplimiento del contrato”, tras lo cual pasó a manos de la empresa estatal AUSA, que redujo el peaje a 50 centavos. En la madrugada de ayer, sin embargo, la Legislatura sancionó una ley que establece la suspensión del cobro durante 60 días. En ese lapso, el Ejecutivo debería presentar un informe sobre las obras a realizar y un plan de mantenimiento que justifiquen el cobro.
El presidente de AUSA, Héctor Rossi, destacó ayer en que la ley fue “una decisión apresurada” y que el cobro “es necesario para mantener y realizar las obras pendientes”.
Sin embargo, el legislador radical Cristian Caram –impulsor de la norma– aseguró anoche a este diario que insistirá en la aprobación si se concreta el veto. “Nosotros sabíamos que ésa era una posibilidad –señaló–. Por eso comunicamos hoy mismo (por ayer) la ley al Ejecutivo, de modo que ya están corriendo los diez días hábiles para que se tome la decisión de promulgarla o vetarla. Si sucede esto último, vamos a insistir con la aprobación.”
–La sanción no fue fácil. ¿Piensa que van a lograr los dos tercios necesarios para aprobarla nuevamente?
–Fue difícil porque la votación terminó a las dos de la mañana. Así y todo el resultado fue de 30 contra 6. En una sesión especialmente convocada para este tema no tengo dudas de que obtendremos los 40 votos necesarios.
–El gobierno argumenta que los vecinos no tienen por qué subsidiar a los usuarios de la zona norte.
–Eso mismo sucede con la 9 de Julio Sur: de allí vienen los vecinos de Avellaneda y es gratis. AUSA está en condiciones de financiar también la Illia porque tiene superávit, que actualmente está volcado en los bancos.
Rossi, en cambio, aseguró que “llama la atención que esta iniciativa aparezca en este momento cuando la toma una empresa estatal”. “Parecería que el peaje tiene que ser caro cuando lo explota el privado, pero gratuito cuando se trata del Estado.”